A pesar de las devastadoras lecciones financieras y materiales dejadas por los huracanes Otis y John, así como la constante actividad sísmica en la región, la población de Guerrero padece de una grave «memoria corta» en materia de prevención.
La Asociación Mexicana de Agentes de Seguros y Fianzas (AMASFAC) reveló que la contratación de pólizas contra daños no ha registrado incrementos significativos en la entidad, lo que coloca históricamente a Guerrero, junto a Chiapas y Oaxaca, en los últimos tres lugares a nivel nacional en penetración de seguros, con niveles de cobertura general inferiores al cinco por ciento.
Durante la rueda de prensa del Tercer Seminario de Seguros de Daños celebrado en este puerto en el hotel Pierre Mundo Imperial, los representantes nacionales y locales de la organización ofrecieron un diagnóstico sobre la alarmante falta de cultura financiera y el desinterés que impera tanto en ciudadanos comunes como en los sectores comercial, vehicular y turístico.
Felipe de Jesús Anzo Martínez, presidente de la Sección Acapulco de la AMASFAC, lamentó que ni siquiera el fuerte sismo registrado el pasado 2 de enero haya despertado el interés de la población por adquirir coberturas básicas.
El directivo expresó que, desafortunadamente, la ciudadanía olvida rápido las catástrofes una vez que pasa el susto inicial y comprueba que no sufrió afectaciones mayores, una inacción que frena cualquier avance en la resiliencia social.
Las estadísticas presentadas por Carlos Tohmé Canales, presidente del Comité de Daños de la asociación, confirman la gravedad de este rezago, pues detalló que si se descartan los seguros vinculados de forma obligatoria a créditos hipotecarios bancarios, del Infonavit o Fovissste, la contratación voluntaria de seguros de vivienda en el estado se ubica por debajo del tres por ciento, lo que significa que la protección residencial autónoma es prácticamente nula.
Por su parte, Mónica Estrada Neiszer, vicepresidenta del Consejo Directivo Nacional de AMASFAC, apuntó que el principal obstáculo sigue siendo la falsa creencia de que asegurar un inmueble es un lujo inalcanzable o que las compañías se negarán a pagar.
Estrada desmitificó estos prejuicios ejemplificando que un departamento ubicado en la misma Costera, pegado a la playa y en un edificio de 24 pisos, puede protegerse contra catástrofes con una póliza anual de 23 mil pesos, lo que equivale a aportaciones promedio de dos mil pesos mensuales, demostrando que los costos reales son sumamente conservadores e incluso inferiores a lo que cuesta asegurar un automóvil.
En ese mismo sentido, Sergio Liceaga Balzareti, presidente nacional de la AMASFAC, contrastó las dudas de los consumidores con la solvencia real de las cifras oficiales, informando que la industria aseguradora liquida mil 600 millones de pesos diarios en el país sumando todos los ramos, y que específicamente en Acapulco ya se han pagado 2 mil 200 millones de dólares tras el impacto de Otis, cubriendo cerca del 80 por ciento de los compromisos asegurados a través de más de 90 mil reportes atendidos.
El rezago vehicular en Guerrero también quedó expuesto como uno de los más críticos del país, ya que Anzo Martínez reveló que apenas entre el 7 por ciento y el 8 por ciento del parque vehicular en el estado cuenta con un seguro, una cifra alarmante frente a la media nacional que se sitúa en el 30 por ciento.
Esta alarmante desprotección generalizada en automóviles e inmuebles se traduce en pérdidas absolutas para las familias, pues los agentes recordaron que todo el patrimonio construido a lo largo de una vida puede irse a la basura en tan solo dos horas y media si no se cuenta con un respaldo financiero.
Respecto a las indemnizaciones que aún se encuentran retenidas en el puerto, los especialistas aclararon de forma tajante que no responden a una negativa de pago de las compañías financieras, sino a un grave problema de informalidad y desorganización por parte de los propios usuarios.
Un factor determinante es la parálisis en los condominios verticales, donde las leyes actuales impiden que las aseguradoras liberen fondos para reconstruir fachadas, elevadores o pasillos dañados si la mayoría de los departamentos no estaban asegurados y sus dueños no pueden aportar en efectivo su parte proporcional.
Asimismo, existen retrasos severos porque muchos clientes no logran integrar correctamente sus expedientes al carecer de facturas o escrituras que acrediten legalmente la propiedad de los bienes destruidos.
Para evitar estos escenarios en el sector empresarial, Carlos Tohmé compartió las directrices de los expertos del seminario, quienes recomiendan actualizar los valores reales de los activos mediante avalúos cada cuatro años, realizar simulacros documentales preventivos para comprobar que se tienen los papeles a la mano en caso de siniestro, y solicitar inspecciones de riesgo a las aseguradoras para aplicar medidas que mitiguen daños y reduzcan el costo de las primas.
Esta falta de documentación en regla mantiene también en un limbo absoluto al sector náutico y de prestadores de servicios de playa, tales como cooperativas pesqueras o operadores de motos acuáticas, bananas y paracaídas, quienes al carecer de registros oficiales y facturas de sus motores no pueden acceder al mercado asegurador comercial, el cual actualmente solo acepta asegurar embarcaciones menores de placer que cumplan estrictamente con certificados de navegabilidad y matrículas vigentes.
Ante esto, informaron que la AMASFAC y la AMIS operan mesas de trabajo conjuntas con la Secretaría de Marina (SEMAR) para diseñar un producto financiero flexible y adecuado para este sector informal.
Durante el encuentro con los medios se analizaron los contrastes en la franja hotelera de Acapulco. Los directivos expusieron al Hotel Ritz como un caso de éxito absoluto, ya que gracias a un control administrativo y documental impecable, pudo recibir anticipos rápidos de su aseguradora y levantar sus instalaciones en tiempo récord, demostrando que los seguros sí pagan si el cliente cumple con sus controles.
En la otra cara de la moneda se mencionó el caso del emblemático Hotel ElCano, el cual debido a limitaciones y complicaciones financieras derivadas de la falta de coberturas adecuadas no pudo reabrir sus puertas y se vio obligado a modificar su modelo de negocio para convertirse en condominios.
A nivel técnico, los agentes explicaron que los empresarios no deben temer un incremento desmedido en el costo de sus pólizas debido al aumento en la severidad de los huracanes en las costas de Guerrero.
Esto se debe al esquema internacional de reaseguro, un modelo mediante el cual las 102 aseguradoras que operan en México dispersan los riesgos catastróficos con firmas globales de Asia, Europa y Estados Unidos, logrando que el impacto financiero de Otis se diluya en todo el mercado mundial y provoque únicamente variaciones anuales mínimas de entre el 3% y el 4% en las cuotas locales.
Sin embargo, enfatizaron que en Acapulco es obligatorio contratar pólizas completas que incluyan de forma explícita las coberturas de terremoto y de fenómenos hidrometeorológicos, ya que las inundaciones y lluvias intensas, como las provocadas recientemente por el huracán John, generan muchas más reclamaciones y afectaciones anuales que los vientos de un huracán categoría cinco.
Frente a este escenario, la AMASFAC advirtió que es insostenible e inviable que la población pretenda reconstruir sus hogares y comercios atenida exclusivamente a los apoyos económicos del gobierno.
Mónica Estrada calificó como triste la postura de esperar ayuda gubernamental en lugar de invertir en el propio futuro, mientras que Carlos Tohmé señaló que los subsidios públicos terminan siendo insuficientes y representan una carga presupuestal directa y dañina para las arcas del Estado, cuando dichos riesgos debieron ser transferidos a la iniciativa privada mediante contratos de seguros.
Esta problemática afecta directamente a la infraestructura pública de la entidad, como se evidencia en el nulo avance en la reconstrucción de escuelas que ha derivado en bloqueos y conflictos sociales en el puerto.
Tohmé Canales explicó que asegurar palacios municipales o escuelas depende enteramente de la estrategia financiera y la voluntad política de las autoridades, criticando que muchas veces los gobernantes deciden no presupuestar partidas para seguros porque son gastos que no se ven y políticamente no suman votos, a diferencia de estados como Coahuila, Nuevo León y Chihuahua que sí mantienen operativos sus propios esquemas de fondos estatales en exceso con aseguradoras privadas.
Para revertir de raíz la vulnerabilidad de la región, la AMASFAC informó que ha iniciado mesas de trabajo mensuales con la Condusef, el Consejo Coordinador Empresarial y la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado para trazar reformas normativas de fondo.
Entre las propuestas principales destaca la necesidad de actualizar los reglamentos de Obras Públicas locales para exigir características de edificación con blindaje anticiclónico obligatorio basados en el exitoso modelo de Miami.
De igual forma, urgieron a legislar la obligatoriedad por ley de los seguros de responsabilidad civil para todos los negocios operativos, seguros vehiculares para proteger a víctimas de accidentes viales y pólizas obligatorias para edificios departamentales verticales.
Como alternativa inmediata para los empresarios de Guerrero, los directivos llamaron a adoptar los seguros paramétricos, una modalidad ágil y más económica que elimina los procesos de evaluación de daños físicos y garantiza indemnizaciones inmediatas con la sola comprobación institucional y científica de que un viento o sismo superó cierta magnitud geográfica contratada.
Al cierre de la conferencia, Carlos Tohmé compartió una reseña histórica al recordar que Acapulco fungió como la primera ruta global marítima del mundo a través del mercado del Parián, conectando las mercancías de Asia y Europa, un intercambio comercial que dio origen a los primeros conceptos de la cobertura del seguro marítimo en las Américas.
Por ello, los representantes de la AMASFAC hicieron un llamado final a las autoridades y a la sociedad guerrerense a hacer valer esa herencia histórica, asumiendo la responsabilidad individual de proteger sus bienes para dejar de depender del erario público y permitir que México crezca como una sociedad verdaderamente protegida e informada.
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