El panorama de seguridad en México ha mostrado una dualidad marcada en los últimos meses. Mientras el país registró su mejora más significativa en materia de paz en al menos una década gracias a una importante reducción en la tasa de homicidios, los avances se distribuyen de forma desigual a nivel estatal y persisten regiones críticamente afectadas.
En este contexto, el estado de Guerrero se mantiene en una posición de alta vulnerabilidad frente a la violencia y el crimen, situándose entre las entidades con mayores desafíos en el territorio nacional.
El Índice de Paz México 2026, documento que expone estas realidades, es desarrollado por el Instituto para la Economía y la Paz (IEP).
El IEP es un centro de investigación internacional, independiente, apartidista y sin ánimo de lucro que busca reorientar la atención mundial hacia la medición positiva y tangible del progreso humano y la paz.
Para estructurar este detallado informe, la institución utiliza datos oficiales publicados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) de México, complementados con la información de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) que elabora anualmente el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
A nivel comparativo, Guerrero se ubica en el lugar veintidós de las treinta y dos entidades federativas del país, quedando catalogado dentro del grupo de estados menos pacíficos de la República.
A pesar de que la entidad figura como la segunda con mayor mejora general en su calificación de paz si se analiza a largo plazo desde el año 2015, los estragos acumulados y la intensidad de la violencia continúan generando una severa afectación estructural.
La manifestación más cruda de esta problemática se observa en el plano financiero, ya que junto con el estado de Morelos, Guerrero encabeza el deshonroso primer lugar nacional en donde el impacto económico de la violencia representa la mayor proporción de su producción económica local, absorbiendo un devastador 33.8% de su Producto Interno Bruto (PIB).
La organización detalla que esta carga económica es especialmente perjudicial si se considera que Guerrero es históricamente uno de los estados más pobres y con el segundo PIB per cápita más bajo de la nación.
La raíz de esta inestabilidad se concentra de forma importante en el ámbito municipal y urbano. De manera específica, el puerto de Acapulco de Juárez se consolida como la ciudad de Guerrero con los problemas de seguridad más agudos reportados en el estudio, posicionándose a nivel federal en el noveno lugar de las ciudades de tamaño medio y grande con las tasas de homicidio más altas de todo México.
Durante el periodo evaluado, Acapulco reportó una cifra absoluta de 485 casos de homicidio, lo que equivale a una alarmante tasa de 73.5 muertes por cada 100 mil habitantes, evidenciando que los centros urbanos y turísticos de la entidad continúan sufriendo el embate letal de los grupos delictivos.
Junto a la crítica situación del puerto, la base de datos del estudio expone que Chilpancingo de los Bravo presenta afectaciones de consideración que la sitúan de forma directa en el mapa de la violencia letal a nivel federal.
La capital del estado se ubicó en la posición número veinte de los municipios con más de 150 mil habitantes con las tasas de homicidio más elevadas de toda la República Mexicana.
En términos absolutos, Chilpancingo registró un total de 98 casos de homicidio durante el año evaluado, lo que se traduce en una preocupante tasa de 40.9 muertes por cada 100 mil habitantes, confirmando que las dos principales concentraciones urbanas de Guerrero concentran los focos rojos de la criminalidad y la violencia institucional en la región.
