ERPI/REPARTO DE CULPAS
ERPI/REPARTO DE CULPAS
José Antonio Rivera Rosales
La formación armada ilegal Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI) hizo directamente responsables de lo acontecido en Iguala al presidente Enrique Peña Nieto, a los secretarios de Gobernación y Defensa, Miguel Osorio Chong y Salvador Cienfuegos Zepeda, así como al gobernador Ángel Aguirre Rivero, a quienes advirtió que se aplicará “la justicia popular”.
En un comunicado difundido ayer, firmado por la dirección nacional de esa organización político-militar, también hizo responsables al procurador General de la República, Jesús Murillo Karam; al comandante del 27 Batallón de Infantería acantonado en Iguala, a quien no menciona por su nombre y, desde luego, al ex alcalde prófugo José Luis Abarca Velázquez.
“Todos ellos son responsables de los crímenes cometidos el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero: han constituido una fuerza paramilitar que va más allá de los sicarios y pistoleros de la delincuencia, es el Estado el que opera como sicario del narconegocio y de la ocupación de territorios que pretenden las transnacionales con sus proyectos de muerte”, acusa el grupo guerrillero.
La razón de responsabilizar al Estado Mexicano se desprende de que el presidente Peña Nieto “es el jefe de las Fuerzas Armadas del Estado Mexicano, incluyendo por supuesto a todas las policías municipales del país”, puntualiza el documento.
Firmado por los mandos insurgentes Hermenegildo, Cuauhtémoc y Santiago, el comunicado igualmente imputó responsabilidad “a la cúpula del PRD” por haber dado cobijo institucional al ahora prófugo ex edil, a sabiendas de que provenía de las filas de la delincuencia.
“En este ambiente de terror de narco estado, se hace necesario el ejercicio de autodefensa. Se hará lo que se tenga que hacer y lo hará quien lo tenga que hacer, sea de los nuestros o no”, advierten los mandos de la guerrilla.
En el cuerpo del comunicado, la dirigencia de esa guerrilla argumenta que el gobierno federal mexicano sabía de los antecedentes del prófugo ex alcalde mediante los servicios “del órgano máximo de inteligencia del Estado Mexicano, o sea el CISEN (Centro de Investigación y Seguridad Nacional) estaba al tanto desde hacía mucho tiempo de las actividades del cártel a su servicio en el norte del estado de Guerrero y del estado de Morelos”.
A través del servicio de inteligencia el gobierno federal “desde luego contaba con información de los nexos del presidente municipal de Iguala junto a una larga lista de funcionarios municipales y los autores directos de los crímenes de la noche del 26 de septiembre”.
Sobre el gobierno estatal, asegura que esa administración y su partido, el PRD, “protegieron a Abarca al no llevarlo ante los órganos judiciales por el asesinato del ingeniero Arturo Hernández Cardona, Félix Rafael Bandera Román y Ángel Román Ramírez”, quienes fueron secuestrados, torturados y asesinados los últimos días de mayo de 2013, según denunció Nicolás Mendoza Villa, sobreviviente de ese episodio.
Respecto del Ejército Mexicano, acusa que las tropas estaban en su cuartel situado a unos 500 metros del lugar de la balacera aquella noche del 26 de septiembre, al igual que la Policía Ministerial del Estado y la Policía Estatal, corporaciones todas que, según señala el comunicado, se abstuvieron de intervenir.
El ERPI somos una organización que lucha contra el Estado Mexicano y contra el régimen de la oligarquía empresarial del país, razón por la que hacemos estas precisiones para que no se desvíe la atención del crimen cometido por integrantes de la Policía Municipal protegidos por el Ejército y solapados por el gobierno estatal y el gobierno federal, precisa el comunicado.
