Contrainsurgencia

Con beneplácito para Elena Poniatowska, que es la única mexicana que recibe el Premio Cervantes de literatura, el nobel de la lengua castellana.

                                     I

   El tema no es nuevo, corría el segundo semestre del año 2007 cuando el entonces gobernador Zeferino Torreblanca le pidió a su secretario general de gobierno Armando Chavarría que acudiera de inmediato a su oficina. El diligente secretario estuvo en minutos en el amplio despacho del gobernador, que lo esperaba con un gesto de congoja y un poco ruborizado. No estaba solo, tres personas de mediana edad lo acompañaban; era un funcionario de la Secretaría de la Defensa Nacional, otro de Gobernación y uno más de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (Siedo).

   Después de las presentaciones que obliga la cortesía el gobernador entró en materia: “Los señores son enviados del presidente Felipe Calderón y traen una encomienda que nos compete”. Enseguida los enviados de la Federación explicaron a Chavarría lo que antes habían comentado con el gobernador: “Tenemos información fidedigna de que en la costa chica guerrerense se prepara un fuerte movimiento armado que debe ser detenido cuánto antes; la idea es militarizar la región; ya casi no hay tiempo”; después vino el anuncio: “en dos semanas estarán en Guerrero diez mil soldados adicionales, siete mil para la costa chica y tres mil para el resto del estado”. Armando Chavarría se asombró por la información catastrofista que se le daba y de la cual él, como secretario de gobierno y encargado de la seguridad interna no tenía noticia alguna. Mayor era su asombro por el entusiasmo que tenía el gobernador Torreblanca por llevar a cabo la delicada tarea de militarizar la costa chica en coordinación con el gobierno federal.

   Discutieron un largo rato y Armando Chavarría puso por primera vez su renuncia en la mesa ante la inminencia de una decisión que se negaba a compartir. Hizo dos o tres llamadas a Ayutla y a otros municipios en busca de indicios que fortalecieran la hipótesis de trabajo compartida por los enviados federales y el gobernador. Nada, los informantes, entre los que estaba cuando menos un presidente municipal, sólo confirmaban un ambiente normal en la región; con algunos problemas pero nada que ver con guerras o insurrecciones. Después de un análisis detallado de los problemas que tenía la región, de la correlación de fuerzas políticas y de algunos otros factores, Armando Chavarría convenció al gobernador y a los enviados federales de que la amenaza era una falsa alarma y que lo que menos quería esa región era el aumento de la fuerza militar. La reunión terminó con el compromiso de continuar los contactos sobre el tema, pero las cosas se fueron enfriando. Después de la reunión, el secretario llamó a un periodista: “¿Podemos comer mañana? Creo que tenemos pendiente una reunión”.

                                                     II

   Al día siguiente, el de la pluma compartió el pan y la sal con Armando Chavarría; contra mi costumbre de no reunirme con políticos fuera del primer cuadro de la ciudad, esta vez le concedí al secretario que escogiera el lugar: “Debe ser discreto, sólo voy a comer contigo y me regreso, entraré a la ciudad por la zona diamante”.

En cuanto nos sentamos me explicó el asunto: “Hermano, quiero que me ayudes, conoces el tema”.   Lo noté preocupado y sorprendido; algo que no se explicaba era el entusiasmo acrítico con el que el gobernador Torreblanca había asumido el informe de los enviados de Felipe Calderón. Le dije que la formación del gobernador lo hacía asumir como ciertos todos aquellos informes ejecutivos que se le presentaran como confiables. Sonrió cuando le dije: “recuerda que los contadores no están muy acostumbrados a análisis de contexto, en general son profesionistas muy serios y disciplinados pero creen a pie juntillas en los datos duros”. Más aún lo sorprendía su ayuno de información sobre el tema “¿Me están engañando mis subordinados? ¿Por qué no me informan? O, más simple: ¿Es información falsa la que tiene la SIEDO y la Sedena?”.

   Seguía haciéndose preguntas en voz alta mientras tomaba su segundo vaso de jugo de carne. Fue extenso en su molestia por la falta de información; se explayó al calor de la segunda copa de tequila que había mandado a traer de su cava. “Mantenemos en el área de información a Rey Hilario Serrano, viene del viejo sistema pero es un hombre indispensable en esta materia; en estos momentos está haciendo el seguimiento de algo que hemos llamado ‘operación cucaracha’; miembros del crimen organizado están atravesando la frontera guerrerense, vienen de Michoacán, donde el gobernador Cárdenas Batel y la Federación los están hostigando; estamos vigilando que no traigan problemas a Guerrero. Si puede hacer el seguimiento sutil de personas no guerrerenses no me explico cómo no haya detectado algún movimiento de fuerzas irregulares en costa chica”. El de la pluma ya tenía una hipótesis de trabajo y me apresuré a matizar sus dudas: “No te llegó esa información porque no se originó en un trabajo de campo; recuerda que muchas veces los informantes de gobernación federal son los mismos que reportan a tu secretaría y a la Sedena; existe desde hace tiempo en el país una comunidad de inteligencia que comparte datos e informantes; es como los reporteros de la fuente en los periódicos, se ayudan para cumplir con su trabajo. Si los informes tuvieran su origen en trabajo de campo tendrías que saberlo; no fue así, supongamos entonces que fue una especie de delación pero cuyo origen tenía la credibilidad necesaria para asumirlos como datos indubitables”.

   ¿La información que manejaban los enviados federales era falsa? No, era una información fidedigna; ¿Cómo la habían obtenido? Recordemos que desde el 24 de mayo de aquel año, fuerzas del gobierno detuvieron en Oaxaca a un dirigente del EPR (Gabriel Alberto Cruz Sánchez) y uno de sus acompañantes. Cruz Sánchez era el responsable militar de la guerrilla, hermano de Tiburcio Cruz, esposo de Florencia Elodia Canseco, padres de los hermanos Cerezo Contreras, que en realidad son los hermanos Cruz Canseco. Dos cosas dijo el dirigente detenido en la tortura: que habría represalias en instalaciones estratégicas si no se le ponía ante un juez y que en la costa chica guerrerense el EPR tenía un largo trabajo de entrenamiento y adoctrinamiento de amplios sectores de indígenas y campesinos. Cuando sus captores supieron la amenaza de sabotaje les enviaron correos electrónicos a los hermanos Cerezo donde decían que no llevaran a cabo ninguna iniciativa. Los Cerezo Contreras estaban presos, pero los secuestradores de su tío daban por hecho que mantenían comunicación con algunas células guerrilleras fuera de la cárcel. El EPR exigió la libertad y el respeto a la integridad física de los detenidos; después de esperar algunas semanas, el 10 de julio del 2007 estalló los ductos de Pemex en los estados de Guanajuato y Querétaro.

   Eso confirmaba los peores presagios, si la guerrilla había tenido la capacidad de dañar instalaciones estratégicas también era cierto que en la costa chica se preparaba una insurrección. Aquellos eran los datos que tenían los enviados de Calderón y cuya fuente (por ilegal) nunca pudieron exhibir ante los dos principales funcionarios guerrerenses.

                                                     III

   No hubo tal, pero cinco años después de aquella reunión, las policías comunitarias y grupos de autodefensa comenzaron a surgir en toda la región como respuesta a las amenazas del crimen organizado. Tenía quince años que existían las policías comunitarias (todas reconocidas por el gobierno y con armamento registrado), pero las que emergían ahora tenían ansia de protagonismo y demandaban una interlocución que las comunitarias anteriores nunca reclamaron. Los analistas de inteligencia militar hicieron rápidamente algunas deducciones: se trataba de regiones indígenas y sin embargo los contingentes movilizados tenían un alto componente femenino, cosa inusual en las comunidades originarias; además, todos los grupos manejaban un discurso común, con conceptos que tenían que ver más con el movimiento social que con la comunidad indígena.

   Existían más evidencias: las amenazas del crimen organizado contra la población civil recién habían comenzado cuando surgieron estos grupos de ciudadanos armados. Generalmente estos procesos tienen como base anímica el hartazgo de la gente; no pueden surgir de la noche a la mañana y la costa chica era en ese entonces la zona menos contaminada por la delincuencia. Era evidente que había un trabajo previo de preparación política y militar, que quizá era para otra cosa, pero que ahora daba un vuelco y enfrentaba directamente no al Estado mexicano sino a las bandas que expresan su decadencia. La conclusión de los responsables de inteligencia fue inmediata: es la guerrilla que anunciaron hace cinco años pero cuya eclosión tardó en darse.

   A pesar de esa conclusión temprana, tanto el gobierno estatal como el federal se mostraron cautos y asumieron que en el inter la guerrilla había optado por una versión más autónoma de manifestarse en torno a un problema que evitaba la confrontación directa con el Estado. En el gobierno dedujeron (bien, por cierto) que los temas que planteaban estos nuevos agrupamientos armados eran atendibles dentro del marco legal y que ponerlos en esa tesitura le quitaba filo a la impugnación. Unos y otros simularon un poco y pudieron establecer una comunicación fluida y una atención decorosa.   A pesar de que el Estado tuvo conocimiento que el fenómeno de los comunitarios y las autodefensas iría en aumento, no intentó abortarlo porque intuía que hacerlo ocasionaría un problema mayor.

                                                       IV

   Al parecer el fenómeno terminó de manifestarse en la costa chica; venía la costa grande y allí sí inteligencia militar decidió que no podía permitir el surgimiento de comunitarios o autodefensas en esta zona. Los pretextos son de una obviedad sospechosa: ‘en esas zonas hay mucha gente agraviada por la represión antiguerrillera de los 70’ y una vez armados y movilizados podrían hostigar a contingentes oficiales o bien a ciudadanos descendientes de los ricos de hace cuarenta años (que son los mismos ricos de ahora) que alentaron la intervención militar’. En esa región no existe la tradición comunitaria de los indígenas y toda fuerza irregular estará formada por individuos que tienen cierta tendencia al individualismo y la epopeya épica.

   Hay otro factor importante, la actividad del crimen organizado en esas zonas tiene características muy distintas a la que tuvieron esas mismas bandas en otras épocas y otras regiones. En la parte serrana de la costa grande, los cárteles que recientemente se establecieron son de un nuevo tipo. Particularmente los Caballeros Templarios son una agrupación que tiene un discurso político y que ha procurado tener una amplia base social. No se trata de los viejos capos que quieren hacer dinero en la actividad y mantenerla oculta al resto de la población; los Templarios hacen reuniones con las comunidades y con sus autoridades, explican sus motivos y prometen no inmiscuirse en asuntos privados o molestar a la gente de bien; ‘de nosotros sólo deben cuidarse secuestradores y extorsionadores, todo el que se dedique a una actividad honrada será respetado’, dicen en sus encuentros con los pobladores.

   Hay que destacar que en la región de la costa grande la delincuencia organizada ya tenía mucha actividad e influencia en la economía desde hace mucho tiempo; lo que ocurrió recientemente es una reconversión de un cártel a otro; a las viejas organizaciones las sustituyó la Familia Michoacana y a ellos los Caballeros Templarios en una transición que merece el estudio porque significa el tránsito (bastante rápido por cierto) de un modelo de organización a otro de nuevo tipo y cuyos retos para el Estado serán de una dimensión mucho mayor a los que plantearon las viejas organizaciones de narcotraficantes. Como podemos ver, en el caso de la costa chica y la montaña baja se trató de incursiones ciudadanas preventivas frente a un fenómeno nuevo; los grupos de autodefensa que surjan en la costa grande enfrentarán un problema que ya tiene mucho arraigo en la sociedad y a organizaciones que tienen una gran capacidad de fuego y cierto arraigo social.

                                                     V

En el marco del endurecimiento de las políticas estatales y el resurgimiento de la represión contra los dirigentes sociales, algunos sostenemos que en el fondo ocurrió una decisión en el sentido de abortar el surgimiento de otros contingentes de autodefensas. Una política así, aquí y en cualquier parte del mundo se llama CONTRAINSURGENCIA; tiene que ver con el aspecto militar y de seguridad nacional, pero también debe tener políticas públicas de desarrollo regional. La cerrazón viene acompañada por el anuncio de una derrama extraordinaria de recursos para el estado de Guerrero; nos recuerda el Plan Acapulco y la canalización enorme de recursos que tuvo el estado en los años de 1973 a 1977.

     Es un lugar común que en los temas de la llamada ‘información sensible’ las oficinas del gobierno deben tener objetivos muy definidos y evaluar con precisión las posibles amenazas a la población o a las instituciones. Deben fijarse metas y tener muy claros también los objetivos que se esperan del manejo de esa información. ¿Cuáles son las amenazas que se buscaría inhibir con un tratamiento criminal hacia los dirigentes sociales?. Al parecer lo que está en el fondo de la actitud criminal de los órganos de inteligencia es el temor a un rebrote guerrillero en la región de la costa grande. Lo obviaron en la costa chica y la montaña baja porque son comunidades indígenas sin tradición de lucha armada o bien fue tan repentino el surgimiento de estos grupos que no tuvieron tiempo de armar una estrategia represiva. Pero en la costa grande parece que están decididos a inhibir mediante la violencia cualquier resurgimiento de los movimientos armados.

   Desde la guerra sucia dirigida por Mario Arturo Acosta Chaparro contra los luchadores sociales y el pueblo de Guerrero, el ejército tomó la decisión de nunca más mancharse en este tipo de represiones. Esa decisión estuvo en el fondo del congelamiento del centurión (al que le congelaron sus ascensos y fue enviado como comandante del 68 Batallón de Infantería a la Paz, Baja California Sur) e implicó dos décadas después la asunción de definiciones claras en materia de inteligencia, que permearon a los otros órganos encargados de esta actividad, particularmente del CISEN.   Con la creación previa de la Escuela de Inteligencia y el Servicio de Inteligencia, la Sedena reestructuró sus sistemas de información. En junio de 1996, la Escuela de Grupos de Comando cambió de nombre por el de Escuela Militar de Inteligencia, la cual quedaría adscrita al Centro de Estudios del Ejército y la Fuerza Aérea.

   No sólo evolucionaba la operación de los servicios de inteligencia, atrás de esas modificaciones estaba un cambio en la conceptualización de la materia. El ejército (y al parecer también el Cisen, y, mucho antes, los servicios de inteligencia de la Armada de México) se dio cuenta que la guerrilla iba a ser una amenaza permanente mientras no hubiera programas de desarrollo regional y de redistribución nacional del ingreso. Se habían dado cuenta de que como organismos del Estado atendían un problema cuyo origen estaba en las políticas económicas y no en una predisposición de ciertos sectores a la violencia. Eso constituye el basamento teórico de las nuevas políticas de contención y no de aniquilamiento.

   ¿Por qué los servicios de inteligencia prefieren tener un seguimiento continuo de ciertos personajes y no buscan su eliminación física? Porque saben que nada pueden hacer frente a las políticas económicas excluyentes que en el neoliberalismo se han convertido en verdaderas fábricas de pobres. Por eso la palabra clave en estos organismos es la de contención; en los dos sentidos: luchar por contener, no por aniquilar a determinada organización y tratar de que se encauce a un encuadramiento legal donde la violencia (a veces sólo proclamada) deje de tener sentido. Contenerlos, en su doble sentido: detenerlos y encontrar la forma de que ingresen al sistema; que éste ‘los contenga’.

                                                   VI

   En el año 2001, esas nuevas políticas tuvieron su primer tropiezo, al estallar unos petardos en sucursales bancarias que no originaron daños mayores pero que pusieron en alerta a los poderes nacionales. El presidente Fox les exigió entonces a sus órganos de inteligencia que le presentaran resultados de la búsqueda de los responsables de estos atentados. Hasta entonces se enteró que tanto el Cisen como la Sedena mantenían desde hacía cuatro años el seguimiento exhaustivo de una casa de seguridad en Xochimilco donde muy probablemente vivieran Tiburcio Cruz y Florencia Canseco, máximos dirigentes del EPR. Las dos agencias se mostraron renuentes a entregar esa casa y echar a perder un trabajo de mucho tiempo. Pero donde manda capitán no gobierna marinero y finalmente tuvieron que ceder a las urgencias presidenciales por encontrar culpables; la casa se cateó y detuvieron allí a Héctor y Antonio Cerezo Contreras, hijos de la pareja mencionada. Los dirigentes se hicieron ojo de hormiga y fueron localizados dos años después como profesores en una escuela de la delegación Tláhuac. Cuando se intentaba reiniciar su vigilancia los agentes federales encargados de ello fueron detectados y linchados, al ‘confundirlos’ con robachicos. El saldo fue de dos agentes gravemente heridos y uno muerto y quemado.

   Suponiendo (sin conceder, como dicen los abogados) que tanto Luís Olivares como Rocío Mesino fueran los coordinadores regionales de grupos de autodefensa que se darían a conocer en la segunda quincena de septiembre (evento que no fue posible debido a la tormenta tropical Manuel). Suponiendo que así fuera y que en los municipios de Atoyac y Coyuca hubiera unos setecientos ciudadanos con algún entrenamiento militar, que incluye el manejo de artillería liviana, ¿Cuál sería el comportamiento de los contingentes después de la muerte de sus dirigentes? Una de dos: o se recompone el liderazgo o se ocasiona su pulverización en varios cabecillas que ahora tendrían el poder de mando en pequeñas escuadras no mayores de treinta probables combatientes cada una.

   Cualquiera sea la eventualidad que se produzca, estamos peor que antes; ahora el gobierno no tiene una dirigencia visible y con actividad en el movimiento legal que pueda servir como interlocutor; ahora tiene a varios interlocutores, incluso alguno que no conoce y cuyo comportamiento es imprevisible.

   Cuando un objetivo se destruye todo el trabajo de acopio de datos se echa a perder. Aparte de las implicaciones éticas de conspirar desde el poder contra la vida de personas. Los servicios de inteligencia son concebidos en todo el mundo para prevenir amenazas a la integridad de los ciudadanos, no para aniquilar seres humanos. Una política de contrainsurgencia que tiene al crimen como su método es un contrasentido, vulnera las razones mismas que justifican el trabajo de inteligencia.

   La mejor opción para el Estado es que no inhiba el surgimiento de grupos de autodefensa; al contrario, que los utilice para aminorar la violencia del crimen organizado, que tenga un censo preciso de sus integrantes y que establezca mecanismos fluidos de comunicación con ellos. En la montaña baja y la costa chica están presos Nestora Salgado y otros comunitarios y ni aun así se ha interrumpido la comunicación entre esos grupos y el gobierno. Eso es prueba palpable que el marco jurídico y la buena operación política admiten la aplicación de la ley y la decisión ciudadana de tomar en sus manos la seguridad pública.

   Una inclusión de los grupos que muy probablemente estén formando autodefensas en los municipios de costa grande haría que toda esa nómina se inscribiera en el marco legal y que de esa forma se abstuviera de tomar iniciativas temerarias o fuera de la ley. Las armas sirven para varias cosas, pero no para sentarse en ellas; si el Estado margina a sectores que quieren participar en la seguridad pública desde una perspectiva ciudadana autónoma se estarán creando riesgos para el mismo gobierno y las instituciones. Si además los grupos que están por surgir tienen agendas ocultas el riesgo será mayor, si no se les concede cuando menos la interlocución que tienen otros, la única posibilidad de lograrla es que esos grupos demuestren su capacidad de fuego. Recordemos algunas frases inmortales de Rubén Figueroa Figueroa en su trato con Genaro Vázquez y en su intención de pacificar a Lucio Cabañas: “Hay que ponerlos de este lado del mostrador, que vean que las cosas se ven diferentes desde acá”.

                                             VII

   Estuve en el funeral de Luís Olivares y a petición de doña Zeferina, su primera esposa y madre de sus hijos, dirigí unas palabras en alusión al compañero caído y a sus luchas; terminé pidiendo que la gente apoye a los menores que han quedado en la orfandad para que puedan continuar sus estudios. Unos minutos antes, en un acto previo en la explanada de la colonia donde vivía Olivares Enríquez, los asistentes se habían emocionado y gritaban viejas consignas ya conocidas de este tipo de actos. (“No has muerto camarada, tu muerte será vengada”, “porque el color de la sangre jamás se olvida”). Conozco a la gran mayoría de ciudadanos que coreaban esas consignas y a todos los tengo como gente de trabajo y de paz, ninguno cometería un atentado mortal contra otro ser humano.  

   Es una larga tradición de los oprimidos aludir a la violencia como probable respuesta de los reprimidos de siempre. Pero es un error, más aún cuando se sabe que ninguno de los que corean esas consignas sería capaz de cometer un acto de violencia. En el caso de Rocío Mesino y Luís Olivares, como en el de todos los militantes de izquierda que están cayendo a lo largo y ancho del estado de Guerrero, lo que demandamos es justicia, no venganza. La venganza de sangre es un signo de la barbarie, no de la civilización. En la izquierda deberíamos de tener cuidado de no proclamar estas consignas.

   También deberíamos evitar tener agendas ocultas; no se vale tener un pie en la lucha democrática legal y otro en una supuesta clandestinidad que todo el mundo ve (incluso los órganos de inteligencia del Estado). Hay que decir de una vez por todas que en la etapa actual de la lucha social en México la lucha de las izquierdas debe ser legal. Esa es la línea dura y no la que proclama una violencia que sólo vemos contra los luchadores sociales. A veces nos decimos guevaristas y nos olvidamos de una de las grandes lecciones del Che: presentar batalla en las mejores condiciones para las fuerzas revolucionarias. Cuando la lucha se lleva fuera de la ley el gobierno es muy poderoso, cuando se hace en el marco legal el gobierno es muy débil. Lo entendió Rubén Figueroa Figueroa, que le decía a las comisiones de universitarios y luchadores sociales con los que se entrevistaba: ‘Súbanse a la sierra de una vez, así nos entendemos mejor’.

   Es verdad que estamos ofendidos, pero debemos demandar justicia, no proclamar una venganza que nadie está dispuesto a ejecutar. Esa será la mejor manera de frenar la política contrainsurgente que está en marcha.

CORREO CHUAN

   El correo chuan regresa con noticias tristes, alguien ha tomado la decisión de reprimir hasta el grado de la muerte a los que luchan por alguna causa. Hay que denunciar esa política y exigir justicia para que los crímenes no queden impunes. También dice el chuan que si se obstinan en no dejar que emerja el aluvión que ya cimbra el subsuelo guerrerense, llegará el turno de los ofendidos y el estado entraría a una dinámica que a todos perjudicaría.

   El correo chuan se une a la indignación por la pérdida de Marifer. Ya mucha violencia cotidiana tenemos para ahora se continúe contra lo mejor que tiene una sociedad: sus niños.   Demandamos la investigación y la pronta justicia. A sus familiares un abrazo fraterno. Zapata 21 es una dirección de bellos recueros.

E-mail: correochuan@hotmail.com