BAJO FUEGO El diferendo por la nación 1

José Antonio Rivera Rosales

Algunas veces, el pasado explica el futuro.
El 27 de noviembre de 1985 inició el proceso de adhesión de México al Acuerdo General de Aranceles y Comercio, GATT, fecha que marcó el arribo de la economía mexicana a la era neoliberal, durante la administración de Miguel de la Madrid Hurtado.
El 26 de julio de 1986 el gobierno mexicano firmó en Ginebra, Suiza, su ingreso formal al GATT, lo que lo convirtió en el socio número 92 de ese organismo internacional creado a instancias e intereses del gobierno norteamericano.
Un mes después, el 26 de agosto, el Senado de la República ratificó el Protocolo de Adhesión, finalmente confirmado por la administración federal el 15 de septiembre siguiente en Punta del Este, Uruguay.
Así, de ser un simple acuerdo comercial en el que participaban originalmente 23 países desde su fundación el 1 de enero de 1948, a partir del 1 de enero de 1995 el GATT se convirtió en un organismo internacional, la Organización Mundial de Comercio (OMC), con 140 países miembros.
¿A qué viene toda esta remembranza?
Muy sencillo: ante la presión del gobierno de Ronald Reagan, el compromiso inicial de México condicionó al menos tres garantías estratégicas para la economía mexicana, ante la posibilidad de que esa economía incipiente descarrilara -como finalmente pasó- frente a los poderosos intereses de Estados Unidos y sus socios comerciales.
Esas condiciones o salvedades condicionadas por el gobierno mexicano en la década de los ochenta, fueron: 1. Excluir de los alcances del GATT los energéticos, especialmente los hidrocarburos, regulados por el artículo 27 de la carta fundamental, 2. Protección y reserva para el sector agrícola, y 3. Reconocimiento a México de su condición como país en desarrollo, lo que se traducía en un trato especial y más favorable aprobado por el GATT para este tipo de países.
Es decir, aunque cedió a las pretensiones norteamericanas de un acuerdo global de comercio, el gobierno de De la Madrid mantuvo al petróleo y campo mexicanos fuera del alcance de la voracidad del capitalismo salvaje.
Esa protección establecida por el gobierno de entonces fue tirada por la borda en la administración de Carlos Salinas de Gortari, quien el 6 de enero de 1992 promulgó una primera reforma al 27 constitucional que permitió la privatización de los ejidos, lo que abrió la puerta a la rapacidad de empresarios mexicanos y extranjeros que a partir de ese momento comenzaron a enajenar las parcelas ejidales que, hasta entonces, simbolizaban una de los mayores logros de la Revolución Mexicana
¿Recuerdan aquella máxima zapatista de Tierra y Libertad? Bueno, olvídenla.
Durante los 12 años del funesto panismo, Felipe Calderón adelantó en los últimos meses de su gestión, con su Reforma Laboral, lo que constituye ahora el emblema del gobierno de Enrique Peña Nieto: las llamadas reformas estructurales, especialmente la Reforma Energética, que no son otra cosa más que la entrega de los recursos del país a las transnacionales. Todo sea en nombre del mercado.
Está claro, sin embargo, que este modelo económico -que sucedió al de sustitución de importaciones impuesto desde los años veinte- con el paso de los años ha generado cada vez mayor polarización económica entre la población: un puñado de familias acumulan la mayor parte de la riqueza del país, mientras el resto se debate entre la pobreza extrema, la ignorancia y la exclusión.
Con todo, Peña Nieto y las élites que lo acompañan insisten en profundizar el modelo aún a costa de privatizar el país entero y, por consecuencia lógica, de provocar un estallido. Es claramente una conducta apátrida.
En este contexto, llama la atención que el pasado martes 18, Peña Nieto expresó un mensaje críptico.
Dijo, palabras más, palabras menos, lo siguiente: “El objetivo de las protestas (por los 43 desaparecidos de Ayotzinapa) no está claro. Pareciera que respondieran a un interés de generar desestabilización, desorden social y, sobre todo, de atentar contra el proyecto de nación que hemos venido impulsando”.
Luego, enfatizó: “No nos vamos a detener. Pareciera que algunas voces, unidas a esta violencia y a esta protesta, algunas de ellas fueran aquellas que no comparten este proyecto de nación, quisieran que el país no creciera, que frenara su desarrollo. Nos hemos atrevido a cambiar. Hemos ido en pos de reformas estructurales y de grandes cambios que nos dan una nueva plataforma”.
Matizó sus palabras diciendo que esas reformas seguirán su curso “a pesar de esas voces que al amparo de quienes sufren dolor y pena, enarbolan banderas de protesta”.
La pregunta es: ¿A quiénes se refería Peña Nieto?
El mensaje está dirigido, sin duda, a las formaciones armadas insurgentes que, en la lectura de los analistas gubernamentales, estarían detrás de la creciente protesta social.
Que el presidente nos disculpe, pero está absolutamente equivocado. No son las guerrillas -que tampoco son un problema menor- su principal riesgo, sino su propia gestión, que ha establecido las bases para la pauperización de la economía interna, al extremo que tenemos entre 70 y 80 millones de pobres en el país, familias que carecen de un horizonte de desarrollo viable para sus hijos. Y la cifra sigue creciendo.
Las reformas estructurales, especialmente la energética, son las que amenazan con aniquilar el mercado interno y someter a la economía nacional a un proceso de empobrecimiento similar al que existía durante el Porfiriato.
Cuando Peña Nieto dice “no nos vamos a detener”, aparentemente se refiere a la última de las reformas: la de campo, programada para 2015 o, a más tardar, para 2016. Entonces sí, habrá completado el ciclo de la regresión histórica.
Porque habrá terminado con la última reserva protectora que aún se mantiene a favor del campo mexicano, protección establecida por el gobierno de Miguel de la Madrid cuando firmó el GATT en 1986, en un tibio intento por proteger las dos principales riquezas de México: el petróleo y el sector agrícola.
Si tomamos al pie de la letra los postulados maoístas, cuando el campo sea tocado frontalmente, entonces reaccionarán las masas campesinas rurales de las que se nutren las diferentes guerrillas existentes en el país.
Y, entonces sí, estarán listas las condiciones para un estallido emanado del hartazgo social, claramente expresado en estos momentos por vía de la protesta por los 43 desaparecidos de la Normal de Ayotzinapa.
Hartazgo que se nutre de la impunidad, de la violencia, del dolor y la rabia contenidos en las familias agraviadas por la delincuencia organizada. Hartazgo que se nutre, precisamente, de episodios como el de La Casa Blanca de la pareja presidencial, con un costo de siete millones de dólares, que sólo un ingenuo sobrado estaría pensando que no se trata de tráfico de influencias. Es decir, de corrupción.
Es, pues, la reforma que viene la que con bastante probabilidad generará condiciones para que se levanten los desposeídos y los miserables de siempre. No antes. Por ahora puede dormir tranquilo, señor Peña Nieto.