La diputada local por Morena, Erika Valencia Cardona propuso que los municipios asignen a cada comunidad, por lo menos una obra prioritaria al año.
Durante la sesión de la Comisión Permanente, Valencia Cardona propuso modificaciones a la Ley del Municipio Libre del Estado de Guerrero y adicionar un artículo a la Ley de Planeación del Estado para poder obligar a los ayuntamientos a destinar de manera equitativa y equilibrada los recursos financieros en todas las comunidades del municipio.
En su argumentación, la morenista señaló que la Constitución Mexicana establece que todos los servidores públicos deben aplicar con imparcialidad los recursos públicos, sin influir tintes políticos.
A pesar de ello, indicó, Guerrero tiene “un alarmante” número de población en escasos recursos económicos, pues de acuerdo a datos del Coneval, 69.5 por ciento de la población vive en pobreza, siendo el segundo porcentaje más alto del país y es por ello la importancia de que los recursos públicos destinados a las obras públicas sean ejercidos de forma imparcial, sin distinción alguna por cuestiones políticas, económica, sociales, culturales o religiosas.
Recordó que en 2018, el porcentaje de la población con carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda en Guerrero fue 38.9 puntos porcentuales mayor al cambio porcentual entre 2008 y 2018.
“La mayoría de los pueblos en nuestro estado de Guerrero, carecen de los servicios básicos como lo es el acceso al agua, pues la mayoría la obtiene de un pozo, río, lago, arroyo, pipa o el agua entubada la adquieren por acarreo de otra vivienda o de la llave pública o hidrante; no cuentan con servicio de drenaje o el desagüe tiene conexión a una tubería que va a dar a un río, lago, mar, barranca o grieta; no disponen de energía eléctrica, el combustible que se usa para cocinar o calentar los alimentos es leña o carbón sin chimenea”, informó.
Además señaló que en el estado existen muchas denuncias y quejas de diversos pueblos de ser excluidos en la asignación de las obras públicas, ya sea por no pertenecer al partido político del gobierno en funciones, o por cuestiones religiosas o económicas.
He ahí la importancia de su iniciativa, pues con estas reformas se obligará a los ayuntamientos que establezcan mecanismos que permitan la asignación equitativa, racional, eficiente, eficaz y transparente de los recursos públicos, asignando como mínimo una obra prioritaria por año a cada comunidad o delegación del Municipio.
Además de promover el desarrollo de estrategias de participación en la programación de sus presupuestos; de vigilancia y fiscalización de la gestión de los recursos públicos.

