El director del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, acusó a las autoridades estatales y federales de orquestar un operativo interinstitucional y presuntamente tendencioso para aprehender al líder del Consejo Indígena y Popular de Guerrero «Emiliano Zapata» (Cipog-EZ), Jesús Plácido Galindo.
La detención del dirigente, señalado por las instancias de procuración de justicia de presuntos vínculos con el crimen organizado y del homicidio de un indígena, se llevó a cabo mediante el despliegue coordinado de la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de Seguridad Pública, la Secretaría General de Gobierno, la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano en la región de la Costa Chica.
De acuerdo con el testimonio recabado por el activista a partir del relato de la esposa de Plácido Galindo, la captura se concretó tras una presunta convocatoria a una mesa de trabajo en Acapulco por parte de la Subsecretaría de Asuntos Políticos estatal. Durante el trayecto, las alertas del botón de emergencia asignado al dirigente como medida de protección a defensores no habrían sido atendidas por la autoridad.
La interceptación ocurrió en el retén de San Marcos, donde se desplegaron más de 40 efectivos armados y múltiples unidades oficiales, concluyendo con su traslado en helicóptero y posterior reclutamiento en el Centro Federal de Readaptación Social Número 1, en Almoloya de Juárez.
Desde la perspectiva del Centro Tlachinollan, el procedimiento penal y el traslado a un penal de máxima seguridad reflejan una estrategia de criminalización de la protesta social y la fabricación acelerada de expedientes contra la dirigencia de la Cipog-EZ. Barrera Hernández criticó que las autoridades cataloguen a la organización comunitaria como parte de la pugna delictiva entre los grupos conocidos como Los Tlacos y Los Ardillos, argumentando que este tratamiento busca neutralizar las denuncias públicas sobre presuntas colusiones entre autoridades locales y la delincuencia organizada.
No obstante, el escenario de violencia en la región responde a una compleja trama de disputa territorial e intereses diversos que abarcan el control social, político y presuntos giros de explotación de minería en la zona.
Mientras que el Estado sostiene que la detención atiende a la persecución de delitos graves del fuero común y al combate a estructuras armadas ilegales que operan al margen de la ley, sectores sociales y defensores civiles señalan un actuar gubernamental parcial que omite atender las denuncias por desplazamientos forzados, asesinatos y desapariciones que afectan a las comunidades indígenas de la Montaña y la Costa Chica.
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