A través de la plataforma Change.org, bajo la consigna de no pagar por servicios inexistentes, un grupo de ciudadanos y empresarios acapulqueños exigen a la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco (Capama) y al gobierno municipal la suspensión inmediata de los cobros mientras persista la crisis de desabasto en el puerto.
El promotor de esta iniciativa es Carlos Álvarez, quien firma la petición presentándose como director general del Centro de Inteligencia Política (CEINPOL) y de Acapulco Verificado.
La petición articula una serie de argumentos técnicos, legales y éticos para justificar la negativa de pago. En el plano técnico, el documento señala que el sistema de agua potable de Acapulco está operando a una fracción de su capacidad, enviando apenas mil 100 litros por segundo de los tres mil 600 requeridos, debido a la falta de reparación de 21 fugas críticas en las líneas de Papagayo II y Lomas de Chapultepec.
A esta falla estructural, agravada por el paso del huracán Otis y los efectos sísmicos de principios de 2026, se suma una argumentación legal basada en el Artículo 4º de la Constitución Mexicana, la cual sostiene que no se puede cobrar por un servicio básico que, por ley, es un derecho humano y que, en la realidad, no llega a los hogares y negocios de la ciudad.
El impacto económico y social documentado en la petición destaca una realidad apremiante para las familias y los sectores productivos de Acapulco, quienes deben destinar recursos adicionales para adquirir pipas de agua a costos elevados, afectando la viabilidad operativa de negocios y el bienestar en los hogares.
La misiva no solo cuestiona la eficiencia operativa de Capama, tildándola de organismo obsoleto, sino que dirige una crítica severa hacia la gestión municipal, señalándola presuntas irregularidades en el manejo de recursos y por priorizar obras de imagen sobre la solución al desabasto hídrico.
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