La reciente crisis humanitaria en la Montaña Baja de Guerrero, marcada por el uso de drones con explosivos para desplazar a comunidades indígenas, no es un evento aislado, sino el síntoma de un proceso profundo de «balcanización de la delincuencia organizada».
El doctor en Ciencia Política y experto en el estudio de la violencia en Guerrero, Gabino Solano, sostiene que la entidad atraviesa una fase de colonización paulatina del poder político, donde la fragilidad de las instituciones municipales ha permitido que grupos criminales se inserten en la estructura del Estado, ejerciendo una autoridad que va más allá del control territorial para convertirse en una forma de gobierno fáctica.
El académico explica que esta dinámica tiene raíces históricas en los cacicazgos y el uso de «guardias blancas» que han operado en la región desde la Independencia, pero que se agudizó drásticamente a partir de 2006.
Para Solano, el poder político local en Guerrero es históricamente frágil y carece de solidez, lo que obliga a los actores políticos a enfrentar, negociar o ser subsumidos por la fuerza criminal.
Este fenómeno, denominado como gobernanza criminal, implica que la violencia ya no es solo una herramienta de choque, sino un recurso para mantener espacios de control donde los recursos presupuestales y las decisiones administrativas terminan siendo gestionados por organizaciones delictivas.
Respecto al caso específico de Chilapa y el asedio de grupos como Los Ardillos, Solano identifica una modernización de las estructuras de dominación que ahora utilizan tecnología como drones para forzar el éxodo de los pobladores de Tula, Xicotlán, Acahuehuetlán y Alcozacán.
En declaraciones al medio ruso Sputnik, el investigador subraya que la persistencia de estos grupos y la nula detención de sus liderazgos, a pesar de los vínculos documentados con figuras políticas, evidencian cómo las anclas autoritarias y tradicionales impiden el desarrollo social y económico del estado.
La «balcanización» del crimen ha fragmentado el territorio de tal manera que el control de rutas para el narcotráfico se entrelaza con el interés por industrias como la minería y el despojo de tierras.
Gabino Solano enfatiza que la solución a este conflicto no se agota con el despliegue temporal de fuerzas federales, como los mil 290 elementos enviados tras los ataques de mayo.
Sostiene que se requiere una transformación profunda en la gestión del poder político y una democratización real de las instituciones que logre desmantelar el poder fáctico de estas estructuras tradicionales de dominación.
Sin una reforma que ataque el origen de la fragilidad institucional y atienda el abandono del campo y la pobreza, los operativos militares seguirán siendo medidas paliativas frente a un sistema de control criminal que ha logrado normalizar la violencia como método de ordenamiento social en Guerrero.
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