En un golpe contundente contra las estructuras delictivas que asfixian la economía local en los principales destinos turísticos del país, autoridades federales y estatales detuvieron a once presuntos integrantes de una célula criminal dedicada a la extorsión sistemática.
Entre los capturados se encuentra el presunto líder del grupo, identificado formalmente como Jesús Zamora Cervantes, conocido bajo la reserva de ley como Jesús “N”.
Este sujeto es señalado como el principal dinamizador de delitos de alto impacto en la región costera, incluyendo amenazas, privación ilegal de la libertad y despojo.
De acuerdo con informes oficiales complementarios y de inteligencia policial, el alcance delictivo de la organización criminal liderada por Zamora Cervantes no se limitaba a células aisladas, sino que mantenía una hegemonía absoluta y un control territorial expansivo que abarcaba la totalidad de la emblemática bahía de Acapulco, extendiendo sus redes operativas con especial violencia en la zona turística y restaurantera de Puerto Marqués.
En estos puntos, comerciantes, hoteleros, lancheros y prestadores de servicios náuticos se veían obligados a pagar cuotas periódicas bajo amenazas de muerte o quema de sus establecimientos para que se les permitiera trabajar en las playas y áreas de alta afluencia en la zona de la costera Miguel Alemán.
El desmantelamiento de esta organización se logró en el marco de la Estrategia Nacional Contra la Extorsión, derivado de una serie de denuncias ciudadanas anónimas que alertaron sobre el recrudecimiento de las exigencias económicas.
Agentes de inteligencia de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en coordinación con la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República y la Policía Estatal de Guerrero, desplegaron vigilancias discretas fijas y móviles que permitieron ubicar un total de nueve inmuebles utilizados como casas de seguridad y centros de operaciones financieras del grupo.
Una vez recabados los datos de prueba, un Juez de Control obsequió las correspondientes órdenes de cateo, ejecutadas de manera simultánea mediante un despliegue táctico y de alta precisión en distintas colonias del puerto.
La operación impidió la reacción armada de los delincuentes, garantizando el aseguramiento seguro de todos los objetivos.
Al término de las intervenciones ministeriales en los nueve domicilios, las fuerzas federales reportaron la incautación de material bélico y de inteligencia, logrando el aseguramiento de tres armas de fuego cortas, entre las que destacan pistolas con acabados ornamentales y revólveres de grueso calibre, además de diversos cartuchos útiles para armas largas.
En el rubro tecnológico y de comunicaciones se decomisaron veintitrés teléfonos celulares, dos tabletas electrónicas, equipos de cómputo y múltiples dispositivos de almacenamiento USB, los cuales presuntamente contienen registros de las víctimas y las redes de cobro.
Asimismo, se incautó dinero en efectivo y tres vehículos de reciente modelo utilizados para los traslados y cobros de piso.
Además de la captura del líder de la célula delictiva, el operativo conjunto logró neutralizar la línea de mandos medios y operadores de la banda criminal, deteniendo en flagrancia y mediante mandatos judiciales a diez cómplices directos.
Entre los detenidos del sexo masculino se encuentran Marco Antonio Velázquez Jirón, investigado como presunto operador logístico encargado de la distribución de zonas de cobro en la franja playera, Javier Velázquez Ocampo, operador territorial investigado por amedrentamiento directo a locatarios, Benito Castro Palma, señalado por la recolección de cuotas y vigilancia, Abad Esparza Bustos, encargado de la logística de transporte, y Julio César Melo Lozano, presunto encargado de vigilar a víctimas renuentes al pago.
El grupo delictivo también integraba a varias mujeres en funciones clave para la operatividad de la red de extorsión, resultando capturadas Antonia López Lorenzo, investigada como operadora financiera por el resguardo de dinero de procedencia ilícita, Nancy León Barrios, señalada por cobrar cuotas fijas a comerciantes ambulantes de la zona hotelera, Liliana Delgado Alvarado, presunta implicada en labores de vigilancia o halconeo para alertar a las células operativas, Lorelei Ontiveros Pedraza, detenida en una de las sedes de operación criminal bajo investigación por delincuencia organizada, y Arturo Pandoja Guatemala, quien se encontraba en los inmuebles de resguardo al momento de las intervenciones.
Todos los detenidos fueron puestos de forma inmediata a disposición de la delegación de la Fiscalía General de la República y del agente del Ministerio Público Federal, autoridad que en las próximas horas determinará su situación jurídica e iniciará el proceso de vinculación a proceso penal.
Las viviendas intervenidas quedaron debidamente selladas y permanecen bajo estricto resguardo por parte de elementos de la Policía Estatal y la Marina.
Con este decomiso y detención, el Gabinete de Seguridad del Gobierno Federal ratificó su postura de combatir frontalmente el delito de extorsión y recuperar los espacios públicos en Guerrero, con el objetivo de devolver la tranquilidad a los locatarios locales y blindar la integridad de los turistas nacionales e internacionales que visitan el puerto.
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