Diversas organizaciones sociales, defensores de derechos humanos y dirigentes comunitarios se congregaron en el emblemático vado de Aguas Blancas, perteneciente al municipio de Coyuca de Benítez.
El motivo del encuentro fue conmemorar el 31 aniversario de la Masacre de Aguas Blancas y mantener firme la exigencia de justicia por el crimen de Estado cometido el 28 de junio de 1995, fecha en la que 17 campesinos, integrantes de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), fueron brutalmente asesinados en una emboscada perpetrada por la policía estatal.
El escenario natural que hace más de tres décadas se tiñó de sangre civil sirvió nuevamente de tribuna para denunciar la impunidad histórica que rodea el caso. Hubo copiosa participación y el espíritu de lucha que prevalece en la región.
El despliegue de mantas y pancartas se leían consignas en pro de la libertad y la justicia, con mensajes dirigidos a las autoridades federales y estatales para esclarecer los hechos y liberar a presos políticos que las organizaciones consideran vinculados a la persecución social.
También hubo pancartas con la leyenda «Aguas Blancas: Memoria sin olvido».
Dirigentes comunitarios y activistas tomarin el micrófono en un mitin político-cultural en plena zona serrana, rodeados de vegetación, enfatizando que la herida infligida a las comunidades de la Sierra del Sur sigue abierta.
Los manifestantes recalcaron que a más de tres decenios de la tragedia, el castigo a los autores intelectuales y materiales sigue siendo una deuda histórica del Estado mexicano.
A tres décadas de los hechos, la OCSS denunció un «intento de carpetazo» operado durante la administración estatal del exgobernador Héctor Astudillo Flores.
La organización reveló haber obtenido una copia del «Acta de reparación del caso Aguas Blancas», presuntamente firmada con sigilo el 23 de noviembre de 2016 en Acapulco, mediante la cual el gobierno priista pretendió cerrar el caso ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) otorgando 250 mil pesos a cada viuda y 110 mil pesos a cada sobreviviente.
La organización desconoció rotundamente dicho documento, calificándolo como un «Acta de impunidad» que pretendió comprar con dinero la sangre de los caídos, evadiendo la judicialización de los autores intelectuales y omitiendo verdaderas garantías de no repetición.
Exigencia directa al Poder Ejecutivo y Judicial
Sustentados en los principios de la Corte Penal Internacional que establecen que los crímenes de lesa humanidad no prescriben, la OCSS demandó formalmente a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la reapertura inmediata del caso.
Exigieron a la SCJN declarar formalmente imprescriptibles los delitos del caso, tomando como precedente la resolución del pasado 18 de junio respecto a la Guardería ABC.
Recordaron que su batalla jurídica cuenta con el respaldo de dos resoluciones históricas que hoy demandan dejar de ser letra muerta:
▪️La resolución 3/96 de la SCJN (23 de abril de 1996): Que determinó la violación grave a las garantías individuales e identificó como responsables directos al gobernador con licencia Rubén Figueroa Alcocer, al exsecretario de Gobierno José Rubén Robles Catalán y al exprocurador Antonio Alcocer Salazar.
▪️La resolución 49/97 de la CIDH (18 de febrero de 1998): Que instruyó explícitamente al Estado mexicano a ejercer las acciones penales correspondientes en contra de los altos funcionarios de Guerrero implicados.
Demandas centrales del pliego petitorio
Para concluir el mitin en el vado de Aguas Blancas, la OCSS dio lectura a sus exigencias principales, exhortando a la presidenta de la República a saldar la herida histórica que mantiene el Estado con el pueblo de Guerrero:
▪️Verdad, justicia, juicio y castigo para los autores materiales e intelectuales de la masacre de Aguas Blancas.
▪️Presentación con vida de los compañeros desaparecidos Gilberto Romero Vázquez, así como de los hermanos Benito y Mauro Bahena Maldonado.Libertad inmediata e incondicional del compañero Antonio Barragán Carrasco.
▪️Justicia ante los asesinatos de los luchadores sociales Miguel Ángel Mesino Mesino, Rocío Mesino Mesino, Ranferi Hernández Acevedo, Arturo Hernández Cardona, Luis Olivares Enríquez, Raymundo Velázquez Flores y Marco Antonio Suastegui.
▪️Presentación con vida de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa y de todas las víctimas de desaparición forzada en el país.
El acto concluyó con el pase de lista de las víctimas y la consigna unísono de que el 28 de junio no se olvida, reafirmando una lucha combativa que continuará de manera permanente por la unidad de obreros y campesinos.
Estuvieron las hijas de Ranferi Hernández Acevedo, Arturo Hernández Cardona, de Lucio Cabañas Barrientos, Luis Olivares Enriquez (quienes fueron asesinados). También Gonzalo Martínez Villagran de la CNTE, Walter Emanuel Añorve Ceteg- región Acapulco, Efrén Cortéz, sobreviviente de El Charco, estudiante de UAM de la Ciudad de México, el Colectivo de Pedregales, Nicolás Chávez Adame de APPG, Mario Peralta de la Lucio Cabañas, de la Fundación Lucio Vive y una comisión del STOOAEG, Sindicato independiente de Capama.
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