Temporada de caza

BAJO FUEGO

José Antonio Rivera Rosales

La ruindad política y moral de quienes causaron este grosero episodio de la historia moderna de México -los inocentes ejecutados la noche del 26 de septiembre y los 43 desaparecidos- será cobrada más temprano que tarde por la ciudadanía que, a estas alturas, está francamente horrorizada ante el grotesco espectáculo montado por la alianza de facto entre la delincuencia, los partidos políticos y algunos funcionarios de gobierno.
En este sentido, Rogelio Ortega Martínez, el nuevo gobernador que conducirá los destinos de Guerrero por lo que resta de la administración, tiene ante sí un reto descomunal: conducir a feliz puerto esta grave problemática que amenaza con desbordar los límites de la ingobernabilidad para ingresarnos en los intersticios tenebrosos de la guerra civil.
En este punto habrá que hacer un paréntesis para establecer un deslinde obligado en este escenario que, ni dudarlo, se les salió de control a quienes lo planificaron para causar la caída de Ángel Aguirre, teniendo como el trasfondo el proceso electoral de 2015.
En primera instancia, como ya lo puntualizamos antes, la Procuraduría General de la República (PGR) tendrá que llamar a cuentas a liderazgos prominentes del Partido de la Revolución Democrática que abrieron las puertas al narco.
La referencia inequívoca es para Jesús Zambrano Grijalba, Lázaro Mazón Alonso, Sebastián de la Rosa Peláez, Carlos Reyes Torres e inclusive Evodio Velázquez Aguirre, Víctor Aguirre Alcaide y el presidente del Congreso local, Bernardo Ortega, quienes dieron anuencia y complacencia para que José Luis Abarca Velázquez fuera ungido como candidato del PRD a la alcaldía de Iguala, a sabiendas de que trataban con un delincuente.
Durante una entrevista próxima a publicarse, un dirigente histórico del PRD señala con índice de fuego a estos liderazgos como los causantes de la tragedia de Iguala que, a su vez, causará la debacle de ese partido en los comicios venideros de 2015.
“Ellos lo defendieron con todo (a José Luis Abarca), ante las diferentes instancias del partido”, para que fuera postulado a la alcaldía, sentenció el entrevistado.
No sólo eso: ese dirigente abundó que el dinero del narco no sólo fluyó para la campaña constitucional de 2013, sino en la mismísima campaña nacional interna para la integración del Consejo Nacional del PRD, apenas en agosto pasado, dinero que permitió convertir en consejera nacional a María de los Ángeles Pineda Villa, paso previo para convertirla en alcaldesa de Iguala y, posteriormente, en diputada del Congreso local.
Es decir, la magnitud de los recursos ilícitos del grupo delictivo Guerreros Unidos corrompió a la estructura nacional del PRD como una suerte de llave mágica que “convenció” a un número indeterminado de militantes para que votaran a favor de Pineda Villa.
A posteriori, la dirigencia nacional que encabeza Carlos Navarrete, consciente de su pecado, “borró” de la lista de consejeros nacionales a Pineda Villa, lo que constituye un mea culpa que confirma el tamaño del desfiguro. Pero el daño ya está hecho.
De manera adicional habrá que enfatizar en que Lázaro Mazón no sólo involucró al PRD, sino a su amigo Andrés Manuel López Obrador, quien ahora niega la parte de culpa que le corresponde cuando en realidad él mismo apoyó la candidatura de Abarca a la alcaldía a Iguala.
¿Cuál fue el acuerdo entre Abarca, Mazón y López Obrador? Sólo ellos lo saben, pero el tabasqueño hipócrita ahora reniega hasta de su hijo político, Lázaro, quien de ninguna manera podrá levantarse de la tumba política a la que el escándalo de Iguala lo ha confinado.
Por eso es un imperativo que la PGR siga la ruta del dinero para ver dónde fueron a parar tantos recursos destinados por la pareja Abarca-Pineda para financiar los proyectos de los codiciosos políticos de izquierda (¿izquierda? si, cómo no) tanto de Guerrero como del espectro nacional.
Con supervisión de la PGR, una auditoría especializada a las finanzas de todos estos sujetos que se habían presentado como la salvación del país, nos permitiría conocerlos de cuerpo entero pero, además, podría abrir las rejas de la prisión a tanto falsario de la política mexicana.
El mismo procedimiento habrá que aplicar a políticos activos de otros partidos, como el PRI y el PAN, que no cantan mal las rancheras. Alcaldes y diputados, priistas y panistas, debieran estar en la lista de la Subprocuraduría Especializada en Delincuencia Organizada (SEIDO), lo que permitiría sanear de una vez por todas el contaminado clima de la política partidaria.
Pero, hacia dentro, el titular de la PGR tendrá que comenzar por investigar a quienes le antecedieron en el cargo -y siguen incrustados ahí-, que sabían desde 2009 lo que pasaba con el matrimonio Abarca-Pineda y su relación con los aspirantes de todo el espectro político, comenzando por el mismo ex presidente Felipe Calderón que ahora se finge sorprendido y asqueado por la tragedia de Iguala.
Al margen de la pudrición que afloró a la luz pública como consecuencia de la matanza de Iguala, en estos momentos la prioridad es encontrar con vida a los jóvenes normalistas y, además, identificar los cuerpos que han comenzado a aparecer en el gigantesco cementerio en que se convirtieron los terrenos aledaños a esa sufrida ciudad.
Por otra parte, existen fuertes indicios de que la mayoría de los jóvenes estarían vivos, aunque bajo la custodia de un grupo armado del crimen organizado que estaría negociando la liberación.
Diversos testimonios, que se han mantenido bajo reserva por el natural temor a las represalias, hablan de que los jóvenes están vivos aunque sometidos a la crueldad de sus captores. Si esto se confirma, estaríamos ante la oportunidad -así sea mínima- de reencontrar a los muchachos y reencauzarlos a su proyecto original de vida.
Hay por lo menos un intento de mediación desinteresada que, de prosperar, traería a los estudiantes de vuelta sin pedir nada a cambio. Sólo la satisfacción del deber cumplido. Ojalá los jóvenes están con vida y, en su caso, la mediación funcione. Es todo a lo que aspiramos.