Opinión

Sólo justicia

  • Publisheddiciembre 1, 2014

BAJO FUEGO

José Antonio Rivera Rosales

Con la exposición conclusiva del procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, el gobierno de la república pretende cerrar este capítulo de la historia por la vía de los hechos, con el fin aparente de que la población agraviada inicie un proceso de duelo que permita aminorar la protesta social y, por consiguiente, pasar a la siguiente etapa de la agenda pública que se centra en la preparación de los comicios de 2015.
Sin embargo, quedan muchas dudas en el aire respecto de la conclusión a la que llegó la PGR mediante la tan llevada y traída investigación en la que participaron nada menos que diez mil efectivos de las fuerzas federales, entre personal de tropa, peritos, agentes de inteligencia y agentes del Ministerio Público Federal.
Tan sólo en las últimas horas mucha tinta se ha vertido para analizar la factibilidad técnica de lo expuesto por Murillo Karam, lo que permeó en primera instancia en las incisivas preguntas de los reporteros presentes en la rueda de prensa del titular de la PGR.
Algunas de esas dudas, mutadas en interrogantes, podrían ser:
-¿Cuántas personas armadas se necesitaron esa fatídica noche para capturar a 43 estudiantes, oriundos en su gran mayoría de zonas rurales, que después del tiroteo se dispersaron a tontas y a locas por toda la ciudad de Iguala? ¿Cómo fue posible que los capturaran a todos, sin faltar uno solo?
-¿Cómo es posible que ninguno de los jóvenes, que en las zonas rurales se transportan usualmente en camionetas de redilas, hayan podido saltar de un vehículo similar en el que eran transportados al matadero?
-¿Cómo fue posible que ninguno haya escapado en la zona del tiradero, que es un área agreste, cuando en sus lugares de origen corren como venados en terrenos difíciles para cualquier habitante de ciudad?
-¿Cuál es la temperatura que se necesita para calcinar 43 cuerpos en una hoguera?
-¿Cómo planteó la colega Leticia Pineda, de AFP, cómo fue posible que tamaño holocausto, en una zona montañosa y de noche, no haya sido visto por los habitantes de Cocula?
Pareciera que el interés del gobierno federal radica en cerrar este amargo capítulo en el que con seguridad saldrán más que raspados muchos políticos tanto de la izquierda partidaria como de los tres órdenes de gobierno.
Tienen razón los padres y familiares de normalistas en mantener su demanda de búsqueda hasta que pruebas periciales científicas, realizadas por agentes ajenos al estado mexicano, confirmen que efectivamente ahí murieron los muchachos, todos ellos de edades que fluctuaban entre 18 y 21 años.
Tiene razón la sociedad civil que ha protestado dentro y fuera de México para que aparezcan con vida los jóvenes estudiantes, fenómeno masivo que ha catalizado el dolor, el horror y el miedo silente que ha sufrido la sociedad mexicana en los últimos 15 años de guerra contra la delincuencia organizada y de los cárteles entre sí, violencia que en los últimos años se volvió en contra de las familias mexicanas.
Si damos por hecho el carácter conclusivo del informe de Murillo Karam, entonces cabe preguntar qué es lo que va a pasar.
Es aquí donde se impone un solo planteamiento, una sola demanda: Justicia. Pero esa justicia debe aplicarse a secas, sin adornos de ningún tipo. En ese sentido, deben ser llevados ante la justicia en primera instancia quienes incurrieron en omisión en la PGR del gobierno de Felipe Calderón tanto como la PGR de Enrique Peña Nieto.
Sería ingenuo suponer que no fluyó dinero a manos llenas entre los funcionarios federales para volver al rostro hacia otro lado cuando se trataba de cazar a los criminales: si el infame José Luis Abarca hubiera sido encausado antes, lo de Iguala no hubiera sucedido nunca.
Deben ser llevados ante la justicia quienes estaban al mando de la Policía Federal acantonada esa noche en Iguala. Deben ser llevados ante la justicia quienes estaban al mando de los policías ministeriales del estado y de los policías estatales estacionados en esa ciudad, que se enteraron del zafarrancho y se abstuvieron de actuar.
Deben ser llevados ante la justicia los mandos del 27 Batallón de Infantería que también se abstuvieron de actuar esa noche aciaga.
Pero, sobre todo, deben ser llevados ante la justicia los dirigentes del Partido de la Revolución Democrática (PRD) que abrieron las puertas al matrimonio Abarca-Pineda, lo apadrinaron y lo defendieron a capa y espada, ante las instancias de ese partido, para que ocuparan la alcaldía de Iguala.
Esos dirigentes, repudiados hoy por la sociedad, son: Lázaro Mazón Alonso, Sebastián de la Rosa Peláez, Jesús Zambrano Grijalba, Carlos Reyes Torres, Víctor Aguirre Alcaide, Evodio Velázquez Aguirre y Bernardo Ortega Jiménez. (En reciente entrevista de prensa, David Jiménez Rumbo, otro enfermo mental metido a político, se desmarcó de la decisión dado que, dijo, su candidato era otro y fue mayoriteado por sus compañeros líderes de corrientes).
La indagatoria deberá incluir también al senador Armando Ríos Piter, quien negó su relación con Abarca pero fue desmentido tajantemente por un video donde se observa más que comprometido con el exalcalde.
Para responder cabalmente ante la sociedad mexicana, la PGR está obligada -con auxilio de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda- a investigar la ruta del dinero. Es decir, revisar en retrospectiva los recursos utilizados tanto en las campañas de proselitismo de 2012 como en gastos personales y familiares de los aludidos, lo que de ningún modo debe excluir a Andrés Manuel López Obrador, vinculado al caso por vía de su operador político en Guerrero, Lázaro Mazón Alonso.
A todo esto hay que destacar que José Luis Abarca no sólo fue postulado por el PRD, sino por una coalición de la que formaron parte activa el Movimiento Ciudadano y el Partido del Trabajo, cuyos líderes estatales -que ahora fingen demencia- igualmente deben ser investigados.
Para el caso de que la indagatoria compruebe responsabilidad en De la Rosa Peláez y Ríos Piter, ambos deben ser desaforados y presentados ante los tribunales.
Pero la investigación no sólo debiera centrarse en los partidos de la falsa izquierda: Tienen lo suyo otros partidos como el Revolucionario Institucional (PRI) que postuló como candidato a diputado al delincuente Olaguer Hernández, así como Acción Nacional (PAN), que convirtió en alcaldesa de Tierra Colorada a Elizabeth Paz Gutiérrez, otro personaje ligado al crimen organizado. La justicia no debe tardar, o encontrará un país en llamas.

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