• Acusan al delegado Ezequiel Zúñiga de imponer a Castillo como comisario ejidal
FERNANDO HERNÁNDEZ / CHILPANCINGO
Habitantes de la comunidad de San Martin Tixtlancingo del municipio de Coyuca de Benítez el miércoles 27 de abril tomaron la delegación Guerrero de la Procuraduría Agraria y bloquearon la calle Cuauhtémoc, en reclamo porque el delegado, Ezequiel Zúñiga Galeana, -quien es ex alcalde de este municipio y ex diputado por el distrito 16, hoy, 8- impuso a Agustín Castillo Dorantes como comisario ejidal.
Una comisión de 80 personas de este asentamiento arribó a las 11:00 horas a la Procuraduría Agraria a solicitar audiencia, sin embargo, como les dijeron que en ese momento no se encontraba el delegado, entonces, tomaron el inmueble con el personal adentro y con sus vehículos bloquearon la calle Cuauhtémoc a la altura de la esquina con la calle Corregidora, donde se asientan las oficinas.
Luis Ángel de la Cruz Astudillo, presidente del Comité de la Junta de Pobladores de San Martín Tixtlancingo, en entrevista señaló que esta imposición fue para darle ejecución a un decreto presidencial de 1942, en donde se estipula que esta comunidad dejará de estar bajo el régimen comunal y pasará a ser ejidal.
Recordó que desde 1773 su pueblo se ha mantenido bajo el régimen comunal y desde del año pasado se dio ejecución a este decreto en contra de la voluntad de la gente y el comisario ejidal fue nombrado con el apoyo de unas 20 personas, y no con el consenso de los 6 mil habitantes que tiene esa comunidad.
Explicó que esto les afecta porque en el régimen comunal todos los ciudadanos mayores de 18 años tienen derecho sobre las tierras y en el ejidal sólo tienen derecho los propietarios de parcelas, situación que ha provocado que la mayoría de la población quede fuera de los programas federales de apoyo al campo.
Especificó que debido a que la mayoría trabaja en el campo, principal sustento económico de la localidad perdieron el Programa de Fomento a la Agricultura (PROAGRO) debido a que forzosamente son los ejidatarios los que pueden recibir este apoyo.
Además, -indicó- el decreto señala que, de una porción territorial de 90 mil hectáreas, su comunidad tenía que pasar a ser ejido y reducirlo a 18 mil 380 hectáreas, por lo que consideró que parte de la intención fue dar legalidad a la desintegración del pueblo que desde 1942 se opuso a ser ejido.
