Exprocesado por el homicidio del diputado panista José Jorge Bajos Valverde en 2007 pide al Estado la reparación del daño
Aldy Manuel González Rodríguez estuvo en prisión 10 meses, 27 días por el homicidio del extinto diputado del PAN, José Jorge Bajos Valverde, cometido en 2007, pero logró su absolución en primera instancia. Hoy, a 17 años luego de que se le negó el derecho de reparación del daño por el daño moral, psicológico y económico, ante una resolución en la Sala Civil, le pide a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda por “novena ocasión”, lo reciba en una audiencia y evitar una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la que incluso se pediría su destitución y se iría directo contra el Gobierno de México de no atenderse.
Un 4 de enero de 2007 el diputado local del PAN, Bajos Valverde, fue muerto en la noche dentro de su camioneta la cual estaba estacionada en un baldío cerca de las instalaciones del organismo público descentralizado Radio y Televisión de Guerrero de un disparo detrás de la oreja izquierda y de acuerdo con el entonces director de la Policía Investigadora Ministerial, Erit Montúfar Mendoza, había declarado que se trató de un delito “del orden común” cometido por un asesino solitario que habría utilizado una pistola calibre .38 Súper y descartó la intervención de instancias del gobierno federal. En ese entonces declaró a medios de comunicación que no había ninguna línea de investigación definida a esas horas.
Al obtener su libertad por absolución en primera instancia el 25 de agosto de 2015, González Rodríguez presentó una demanda civil en contra del estado, siendo titular del Ejecutivo, el exgobernador Héctor Astudillo Flores, a quien equipara “igual de prepotente” que el exgobernador Zeferino Torreblanca Galindo, quien era mandatario cuando fue detenido por el caso Bajos Valverde y quien se asume ahora como “chivo expiatorio” del caso que trascendió nacionalmente e internacionalmente para hacer creer a la ciudadanía que el caso del homicidio se había resuelto.
Del por qué calificaba de “prepotente” a Astudillo Flores explicó que al presentar el juicio civil por reparación moral, sicológica y económica, pues comprobó que negocios tenía ingresos, además de las cuestiones sicológicas de su familia al sufrir arbitrariedades del gobierno de Torreblanca Galindo con su detención y posterior proceso judicial, ya libre promovió el juicio ante la juez sexto de lo civil, donde la titular que estaba en su momento fue cambiada por Astudillo Flores y su lugar nombró a Delfina López Ramírez, de quien en ese momento era pareja sentimental del entonces magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado (Alberto López Celis).
Agregó que López Ramírez le indicó que no le podía dar la sentencia a su favor porque no le quedó totalmente demostrado que él estuviera en prisión pese a que le presentó todas las pruebas.
Se fue a la Sala Civil y como se confirmó la resolución a su favor, no le quedó de otra que irse a instancias internacionales, por lo que presentó una demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde al presentar las pruebas donde se desahogaron testimoniales, se dictaminó a su favor y la resolución se envió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos con sede en San José Costa Rica, donde el pasado martes se llevó la última diligencia de presentación de alegatos y desahogo, como parte de la sesión 155 y la próxima sesión será la 156, la cual se prevé que se lleva a cabo el 7 de marzo, con la probabilidad de que se dictamine y resuelvan su asunto a favor.
Añadió que platicando con el juez ponente y como ya hay un antecedente de una recomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos donde se recomendó que hubiera una reparación del daño por parte del estado y que fue firmada por el extinto ombudsman Juan Alarcón Hernández, e incluso como en el juego de las periciales hay el antecedente del también extinto Pablo Sandoval Cruz y Jovito Vidal Flores de que en su agravio hubo tortura y ese fue el elegato que demostró ante la Corte Interamericana.
Con todo que eso que ha sucedido, González Rodríguez informó que ya van ocho ocasiones que toca la puerta de la gobernadora y que la última ocasión lo recibió el Subsecretario de Asuntos Jurídicos quien le ofreció un defensor de oficio y evidenció que desconoce el litigio, por lo que se salió, pero como sabe que Salgado Pineda está en la mejor disposición al diálogo ante todas las representaciones y la ciudadanía, hoy vuelve a tocar la puerta en el contexto que viene ya la resolución de la Corte.
Anotó que como no busca lesionar a ninguna instancia, lo cual no es su intención sino que lo escuche, espera lo reciba directamente y lleguen a un acuerdo y que a ambas partes convengan porque no duda que el fallo se dictaminará para que se destituya de no acatar la resolución y se iría directo con el Gobierno de México.
Le pidió que dialoguen, lo escuché y lleguen a un arreglo porque dijo que con la resolución se pide la reparación del daño y una disculpa pública, pero como él no le debe nada a nadie lo único que pide es justicia a su persona porque se sigue despertando en las noches sintiendo que sigue en una prisión, algunos ruidos le recuerdan las revisiones internas donde era golpeado, la torura que vivió desde 2007, “y ya estoy muy agotado”, por lo que insistió en que se resuelva y se cierre ese ciclo en su vida.
La demanda va contra el titular del Ejecutivo, la Secretaría General de Gobierno y la Fiscalía General del Estado de Guerrero, que cuando fue procesado estaba el extinto Eduardo Murueta Urrutia.
González Rodríguez por el mismo caso tiene litigio en la Comisión Nacional de Derechos Humanos contra el exgobernador Zeferino Torreblanca Galindo, Eduardo Murrueta y la entonces juez Sexto de los Civil, Delfina López Ramírez y dijo confiar que se acate su caso porque México tiene firmado tratados en derechos humanos.
La tesis que sostuvo la entonces Procuraduría General de Justicia con Murrueta es que Aldy Manuel con su hermano Eder, así como Nicolás Cardoso Macedonio, el crimen del diputado extinto Bajos Valverde se debió a una conspiración para que la esposa de este, Jacqueline Orta Martínez, ocupara la curul.
Los hermanos Aldy Manuel y Eder también fueron detenidos en 2014 por el homicidio del secretario General del PAN en Acapulco, Braulio Zaragoza, quien fue atacado por hombres armados en el restaurante del hotel El Mirador, en el puerto.
