Una aprehensión anunciada

BAJO FUEGO

José Antonio Rivera Rosales

Era cuestión de tiempo para que, debido a las presiones de la administración federal, el gobierno del estado activara procedimientos penales en contra de la dirigencia de la Unión de Pueblos, dada la situación tirante que había llegado a niveles insostenibles.
Con el bloqueo a la Autopista del Sol, en la víspera, la relación entre el gobierno estatal y la UPOEG arribó a un punto de no retorno en el que resultaba previsible la emisión de órdenes de aprehensión contra los principales dirigentes de la más extendida organización civil de autodefensa en el estado de Guerrero.
Con toda seguridad, esas órdenes de captura incluyen a Bruno Plácido Valerio, pero también a sus cuadros más determinantes como Gonzalo Torres Valencia, Ernesto Gallardo Grande, Octavio Maganda Gallardo y Miguel Ángel Jiménez Blanco.
Pareciera que, pese a existir una cordial relación personal entre el gobernador Ángel Aguirre y el dirigente ta savi Bruno Plácido, la circunstancia imperante condujo a una confrontación que difícilmente encontrará una salida política.
En la conducción de este movimiento popular hubo dos errores tácticos que condujeron a un enfrentamiento directo entre la dirigencia de la UPOEG y el gobierno de Enrique Peña Nieto:
Primero, la retención de aproximadamente un centenar de militares que en agosto de 2013 fueron encerrados por 24 horas en la comunidad de El Pericón, municipio de Tecoanapa, lo que generó la furia de los mandos militares y del gobierno civil.
El segundo error fue esta última decisión, seguramente dictada por la desesperación, el pasado día 8, de cerrar la Autopista del Sol así como la carretera federal México-Acapulco, lo que causó perjuicios a la actividad turística sin contar con los cientos de ciudadanos que estuvieron varados durante diez horas sobre las vías federales. Este episodio se produce exactamente un año después del incidente de El Pericón.
Este bloqueo carretero, que se avizora como un exceso de las dirigencias, no fue decisión exclusiva de la UPOEG sino tomada en consenso con las agrupaciones acompañantes que previamente habían participado en la Caravana por la Seguridad, la Paz y el Desarrollo, movimiento de protesta que simplemente fue ignorado por las autoridades federales.
Sólo que en esta ocasión no sólo asistieron los militantes de la Unión de Pueblos: también participaron representaciones de diferentes colectivos campesinos, indígenas y empresariales que exigen condiciones elementales de seguridad para trabajar por el desarrollo de Guerrero.

Aunque sería fácil censurar los actos de presión protagonizados por la autodefensa armada campesina, aquí habría que dirimir quién tiene la mayor responsabilidad en este choque de trenes que se anticipa con las anunciadas aprehensiones: las dirigencias civiles que demandan seguridad y desarrollo, o el gobierno federal que simplemente las ignoró.
Así las cosas ¿qué esperaba el gobierno federal que sucediera?
El vocero autorizado del gobierno estatal, José Villanueva Manzanárez, ya informó claramente que existen órdenes de captura en contra de Plácido Valerio y de otros dirigentes a los que no identificó.
El gran problema aquí es que la aplicación llana y simple de la ley, como pretenden los asesores del gobierno del estado, conducirá a una coyuntura social peor que la que se trata de sancionar.
Desde hace muchos meses, las dirigencias naturales que integran a la Unión de Pueblos en las comunidades de la costa-montaña tenían previsto un escenario de esta naturaleza y, ante ello, se preparan para dar una respuesta.
Desde el principio estos cuadros medios habían previsto que sus principales dirigentes fueran encarcelados y aún asesinados, ante lo cual trabajaron en la construcción de liderazgos naturales de relevo que actuarían en consecuencia. Esto es, que la organización reproducirá sus cuadros de dirigencia tantas veces como sea necesario, en cuyo contexto llamará a sus bases a una protesta generalizada en un número indeterminado de comunidades de La Montaña, la Costa Chica y El Centro.
Adicionalmente las bases, integradas por pueblos indios, mestizos y negros, procederían a paralizar alcaldías, carreteras regionales, el transporte público y, en el extremo, secuestrarían a funcionarios judiciales -jueces, actuarios, policías ministeriales, ministerios públicos- en los más de 30 municipios en los que tienen presencia.
A esa reacción virulenta con seguridad se integraría el magisterio disidente que, en razón de una alianza existente con el movimiento social, tendría un escenario propicio para reactivar sus propias manifestaciones de inconformidad.
Es, pues, un cuadro previsible de anarquía total.
Esta previsión existe desde 2013 precisamente ante una eventualidad como la anunciada por el vocero oficial, que podría derivar fácilmente del caos a la violencia en un estado con presencia de formaciones guerrilleras que, resulta obvio suponerlo, en modo alguno desaprovecharían la coyuntura.
¿Esto es lo que pretende el gobierno?
¿No sería más sensato actuar con inteligencia política para discutir y negociar una salida a la demanda social, más con oficio político y menos con alardes de fuerza?
¿O es el propio gobierno el que pretende reventar, por así decirlo, la demanda social?
¿A dónde nos lleva esta espiral de sucesivos conflictos? Son sólo preguntas.