Unidad contra reformas de Peña, pugnan en 21 aniversario de matanza de Aguas Blancas

• Exige la OCSS a la PGR reabrir el caso y encarcelar al ex gobernador Figueroa

 

OSSIEL PACHECO

Al acto conmemorativo por el 21 aniversario de la matanza de Aguas Blancas, se sumaron más agravios y exigencias de justicia, no solo por los 17 campesinos de Paso Real y Atoyaquillo, cuyo caso es asignatura pendiente y su herida sigue abierta, sin sanar, sino además por los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala, y los asesinatos de los luchadores sociales en años recientes: Miguel Ángel, y Rocío Mesino Mesino, de la OCSS; Arturo Hernández Cardona, de Unidad Popular Guerrerense; Luis Olivares Enríquez, del Frente de Organizaciones de Productores de la Costa Grande; y Raymundo Velázquez, de la LARSEZ.

Dirigentes de distintas organizaciones sociales se congregaron para marchar y conmemorar el 21 aniversario luctuoso de la matanza de Aguas Blancas; ahí, todos los oradores coincidieron en remarcar la necesidad de unificar a todos los movimientos sociales para luchar para revertir las reformas estructurales impulsadas por el presidente Enrique Peña Nieto, y que prácticamente tienen colapsado al país.

Con una marcha que partió del poblado de Aguas Blancas al vado donde hace 21 años 17 campesinos fueron masacrados por policías motorizados del estado y se erige un monumento en su honor, la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), a la que pertenecían los deudos, manifestó su solidaridad con el movimiento magisterial que lucha por la derogación de la reforma educativa, y exigieron castigo para los responsables de la represión ocurrida en Noxchitlán, Oaxaca.

La misma exigencia que viene resonando año con año en los cerros que circundan al vado de Aguas Blancas volvió a ser escuchada por los que cada año se congregan para exigir el encarcelamiento del ex gobernador Rubén Figueroa Alcocer, a quien responsabilizan la autoría intelectual de la masacre de los 17 campesinos originarios de las comunidades de Paso Real y Atoyaquillo.

A esa exigencia, se sumaron las de justicia y por el esclarecimiento de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala, y los asesinatos de luchadores sociales, Miguel Ángel y Rocío Mesino Mesino, dirigentes de la OCSS; Arturo Hernández Cardona, de Unidad Popular Guerrerense; Luis Olivares Enríquez, del Frente de Organizaciones de Productores de la Costa Grande; y Raymundo Velázquez, de la LARSEZ.

El contingente, unos mil manifestantes iba encabezado por los padres de los 43 estudiantes desaparecidos de la Normal de Ayotzinapa, y por los sobrevivientes, y familiares de los campesinos masacrados en Aguas Blancas, dirigentes de la OCSS, del CECOP, entre otras organizaciones que sumaron al acto luctuoso para recordar la matanza ahí ocurrida el 28 de junio de 1995.

Norma Mesino Mesino, al dar a conocer un manifiesto suscrito por el 21 aniversario de la masacre de Aguas Blancas, expresó el respaldo de la OCSS al movimiento magisterial que mantiene la lucha por la derogación de la reforma educativa, así como a los padres de los desaparecidos de la normal de Ayotzinapa, incluso los puso de ejemplo e instó a los familiares de los campesinos de Paso Real y Atoyaquillo ahí masacrados a no aceptar “limosnas” del gobierno, sino a dar la lucha para exigir castigo para los responsables de las muertes de sus familiares.

Exigió a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) emitir una postura sobre el caso Aguas Blancas, una vez que México ha suscrito los tratados en materia de derechos humanos, pero estos no son respetados por el gobierno mexicano; de igual forma, emplazó al cumplimiento de la resolución emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre el caso; y demandó a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) pronunciarse a favor de la reapertura del caso, una vez que desde 2011 se formuló la solicitud ante la Procuraduría General de la República (PGR) a donde acudieron los dirigente Hilario Mesino y Marino Sánchez con ese fin.

Sin embargo, a cinco años no ha habido respuesta favorable en este sentido, y ex gobernador Rubén Figueroa Alcocer sigue sin ser castigado por la comisión de este crimen de lessa humanidad.

Emilio Navarrete, padre del normalista desparecido de Ayotzinapa, José Ángel Navarrete, alertó de los intentos del gobierno federal por privatizar la educación, y afirmó que están dispuestos a dar la vida luchando hasta conocer el paradero de sus hijos “que fueron arrancados de sus familias de la forma más cobarde, y nos podemos seguir quedándonos callados”.

Indicó que a 21 meses de los hechos ocurridos en Iguala no han parado y seguirán reclamando justicia al gobierno mexicano; convocó a estar unificados, como organizaciones porque separados, “nos matarán”, y a estar preparados para enfrentar “cualquier agresión porque está visto que este gobierno no está para ayudar a la gente humilde, no está para ayudar a los maestros que han luchado por la educación de nuestros hijos”.

Por su parte, Felipe Flores, del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a La Parota, llamó a las organizaciones sociales y sindicatos a buscar coincidencias y dar de forma unidad la batalla en contra de las reformas estructurales de Peña Nieto que han hundido al país en la pobreza, y marginación; propuso a la OCSS convocar a un diálogo a todas las organizaciones y movimientos sociales para acordar una agenda común de lucha que los lleve a conseguir el mismo objetivo.

En ese sentido fueron los pronunciamientos del dirigente Víctor Rodríguez de la CNTE, quien además exigió la liberación de los líderes de la disidencia magisterial, presos en el Cefereso 11 de Hermosillo; de Carlos Santiago, de las Prepas Populares de El Quemado, quien apeló a la unidad del movimiento social para revertir las reformas estructurales de Peña Nieto y avaladas por el PRI, PAN y el PRD mediante el pacto con México, que no es otra cosa más que un acuerdo para intercambiar el poder unos con otros, pero manteniendo el mismo sistema de privilegios para unos cuantos.

En tanto, la vicepresidenta de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México (Afadem), Tita Radilla Martínez criticó que la matanza de Aguas Blancas a 21 años de ocurrida siga en la impunidad, y asumió que la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa abrió la cloaca que se vive en este país en materia de violaciones sistemáticas a los derechos humanos.

Señaló que los cerros de Iguala están llenos de restos humanos y al igual que los casos suscitados en la década de los70 siguen en la impunidad y el gobierno “no está haciendo nada, son las familias las que están buscando a sus familiares”.

Consideró que hay una situación de emergencia en el país en materia de desapariciones forzadas, y por ello, se requiere de la unidad para lograr el esclarecimiento de todos los casos. En este sentido, convocó a formar un frente común para resistir los embates del gobierno. Antes de terminar el acto, los asistentes guardaron un minuto de silencio y cantaron el himno “Venceremos”. Las consignas en contra de Peña Nieto no se hicieron esperar a lo largo de la marcha y el mitin siendo la novedad en este acto luctuoso.