La caída

OSSIEL PACHECO
Ángel Aguirre Rivero pidió licencia al Congreso del Estado para separarse del cargo al frente del Ejecutivo estatal.
Los hizo la tarde de este jueves 23, en medio de una grave crisis social y política por el caso de la matanza de Iguala y a casi un mes de la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa, caso que ha tenido resonancia nacional, y más allá de las fronteras, y ha colocado a México en una situación de descrédito ante la comunidad internacional.
Se fue esta tarde dejando el estado en un caos total, tras dar una conferencia de prensa en Casa Guerrero, donde con voz quebrada y el rostro desencajado, anunció que solicitaba licencia al Congreso del Estado.
“Para favorecer un clima político que ponga atención y la solución de estas prioridades, el día de hoy con fundamento en el artículo 84 de nuestra Constitución Política del estado de Guerrero, he decidió solicitar licencia al honorable Congreso del Estado”, sustentó. “Será el propio honorable Congreso del Estado el que responsablemente decida a la o el guerrerense que debe de encabezar este esfuerzo en los próximos meses”, adelantó.
“Estoy convencido de que esta es una decisión responsable, para seguir sirviendo al pueblo y al estado que me vio nacer, al pueblo al que me debo, y al que le he dedicado gran parte de mi vida. Muchísimas gracias a todas y a todos”, terminó Aguirre con voz quebrada la lectura de dos cuartillas sentado solo y ante la mirada impávida de sus colaboradores más cercanos que lo acompañaron, el senador Sofío Ramírez Hernández, el secretario de Gobierno, Jesús Martínez Garnelo; el asesor del Ejecutivo y sobrino de quien hoy pide licencia, Ernesto Aguirre Gutiérrez; el secretario de Finanzas, Jorge Salgado Leyva; el vocero del gobierno, José Villanueva Manzanares, y su colaborador Ricardo Castillo Barrientos, quienes le aplaudieron al terminar de leer el texto de la solicitud de licencia entre expresiones de consternación.
La solicitud de licencia tomó por sorpresa al poder legislativo, incluso a los diputados de la fracción del PRD que se encuentra en la ciudad de México participando en la quinta asamblea plenaria de la Copecol, y con quienes el mandatario defenestrado se había reunido un día antes en la residencia oficial, donde le brindaron el respaldo para mantenerse en el cargo, como se publicitó en medios precisamente el jueves cuando anunció la solicitud de licencia.
Así el costachiquense se va dejando un estado convulsionado por la indignación, y la irá social por el caso de la matanza de Iguala, y la desaparición forzada de 43 normalistas de Ayotzinapa que bien se pudo haber evitado de haber actuado en contra del ahora ex alcalde de Iguala prófugo, José Luis Abarca, y su esposa, María de los Ángeles Pineda, -acusados formalmente por la PGR de ser los autores intelectuales de estos hechos-, cuando salieron a relucir los nexos que sostenían con el grupo criminal Guerreros Unidos a raíz del asesinato del líder del Frente Unidad Popular, Arturo Hernández Cardona.
Aguirre Rivero, a pesar de que buscó férreamente quedarse al frente del Ejecutivo, sale de la gubernatura en medio del descredito, de protestas tanto en el estado como en el resto del país, y en un ambiente crispado por los últimos hechos; y en condiciones similares en las que dejó el cargo de gobernador, Rubén Figueroa Alcocer, quien presentó su licencia, tras la matanza de Aguas Blancas perpetrada en 28 de junio de 1995. Y a quien por cierto sustituyó como gobernador interino en aquel entonces.
Deja su cargo al que llegó postulado por el PRD en coalición con el Movimiento Ciudadano y el PT, -pese a que cargaba a cuestas el antecedente de la masacre de El Charco ocurrida durante su interinato-, luego de haber renunciado al PRI en 2010, al no lograr la candidatura por ese partido al gobierno estatal que recayó en su primo, Manuel Añorve Baños.
Ave de tempestades sorteó con suerte el caso del asesinato de dos estudiantes normalistas de Ayotzinapa, Gabriel Echeverría de Jesús, y Jorge Alexis Herrera Pino, ocurrido el 12 de diciembre de 2011 en un desalojo en la autopista del sol donde participaron policías federales y ministeriales, caso del que no existen culpables.
Pero además se va, cargando a cuestas, el asesinato de al menos 15 dirigentes sociales, entre los que destacan los casos de Rocío Mesino Mesino, líder de la OCSS, y Luis Olivares Enríquez, del FPPCG, y el encarcelamiento de luchadores sociales, como Nestora Salgado García, Gonzalo Molina, y Arturo Campos, promotores de la creación de la policía comunitaria en Olinalá; y el dirigente del CECOP, Marco Antonio Suástegui, ambos encarcelados en el penal de alta seguridad de Nayarit, que marcaron su gobierno por criminalizar la lucha social.
Por igual, se va sin esclarecer el homicidio del presidente del Congreso del Estado, Armando Chavarría Barrera, como se comprometió ante el PRD en su campaña por la gubernatura, caso por el cuál se confrontó con su antecesor, Zeferino Torreblanca Galindo, a quien vínculo con este hecho, incluso fue citado a declarar por la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).
Se va dejando inconclusas las tareas de la reconstrucción tras el paso de la tormenta Manuel, y a más de un año todavía hay comunidades que reclaman su respaldo, sobre todo en la parte de La Montaña; y sin castigar a los culpables a los responsables de otorgar los permisos de construcción de unidades habitacionales en zona de humedales en el municipio de Acapulco.
En los 3 años y medio que llevaba su gobierno, aumentaron la violencia del crimen organizado, y la inseguridad, y Guerrero se colocó en primer lugar en los índices de asesinatos, secuestros, y extorsiones del país; esto desembocó en el surgimiento de movimientos de autodefensa en cinco de las siete regiones del estado, ante la indolencia oficial frente a los crímenes y agravios del crimen organizado contra la población en la mayor parte de los municipios que se han visto copados.
Deja el estado en medio del caos, con la inseguridad por doquier, y con cuerpos policiacos, municipales y ministeriales infiltrados por el crimen, pero también se va sin esclarecer el caso de los 43 normalistas desaparecidos cuyo caso ante la ineptitud del gobierno estatal, las investigaciones fueron atraídas por la PGR, y sin la localización del ex alcalde de Iguala y su esposa, ambos prófugos de la justicia, que se esfumaron tres días después de los hechos, tras pedir licencia por 30 días.
En suma, se fue por la puerta de atrás, dejando el estado en llamas, con damnificados políticos, a su hijo Ángel Aguirre Herrera, a quien con todo el aparato de gobierno, perfilaba para imponerlo el próximo año como candidato del PRD a presidente municipal de Acapulco, y a su ahijado, el diputado federal, Jorge Salgado Parra, hijo del secretario de Finanzas, Jorge Salgado Leyva, a quien pretendía dejar en la alcaldía capitalina, en una lógica de ambición desmedida de poder, nunca antes vista ni con los peores gobiernos del PRI, pero con la mira puesta en consolidar su cacicazgo político en Guerrero.
La pesadilla, traducida en un gobierno clientelar, anclado en el pasado, caracterizado por la simulación, y el nepotismo más burdo, terminó de tajo, un año antes de vencer su plazo oficial. Con su salida se marca el derrumbe del cacicazgo de Ometepec.

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