Marcha y mitin para exigir justicia por matanza de Aguas Blancas a 19 años

● Pugnan por castigo a asesinos de Mesino, Olivares, Hernández Cardona…

OSSIEL PACHECO / AGUAS BLANCAS

La exigencia de justicia por la matanza de Aguas Blancas perpetrada hace 19 años se mantuvo un año más. A este caso que fue cerrado sin encarcelar a los culpables del asesinato de 17 campesinos de Paso Real y Atoyaquillo se agregó hoy el reclamo de justicia y del esclarecimiento de los homicidios de la dirigente de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), Rocío Mesino Mesino, y del dirigente de la Organización Popular de Productores de la Costa Grande (OPPCG), Luis Olivares Enríquez.

Este 28 de junio pasado se cumplieron 19 años de la masacre de Aguas Blancas, y el grito de justicia y cárcel para el ex gobernador Rubén Figueroa Alcocer siguió resonando en la marcha y en el acto luctuoso que se viene realizando en el monumento erigido en honor a los caídos en el vado de Aguas Blancas, justo en el sitio donde los campesinos fueron emboscados por policías motorizados.

La OCSS en voz de su dirigente, Norma Mesino reiteró la exigencia de crear una fiscalía que responda a los reclamos de justicia de la sociedad guerrerense y una Ley de amnistía para lograr la libertad de los presos políticos encarcelados; y en los casos de los asesinatos de los luchadores sociales, Rocío Mesino Mesino, Arturo Hernández Cardona, Raymundo Velázquez Flores, y Luis Olivares Enríquez, exigió que sean esclarecidos, “verdad y justicia”, y las investigaciones agoten todas las líneas y los autores materiales e intelectuales sean castigados.

Por igual, exigió la libertad de los presos de conciencia Hernando Ávila Mesino, de la OCSS; de Marco Antonio Suastegui, del CECOP; Nestora Salgado, Arturo Campos y Gonzalo Molina, de la CRAC, y de otros casos de estados del país; reclamó la presentación con vida de todos los desaparecidos y pidió a las organizaciones que asistieron al acto luctuoso poner el mayor de los esfuerzos en la construcción de la alianza obrero, campesina, indígena y popular.

En este mismo sentido, llamó a la unidad de las organizaciones sociales del estado y del país para evitar que la impunidad en Guerrero se siga enseñoreando, al igual que las violaciones a los derechos humanos que cercenan las libertades políticas, como ocurrió en la guerra sucia.

Hoy la OCSS demuestra que sigue viva y que Rocío Mesino sigue con nosotros, y somos todos, dijo Norma Mesino al intervenir en el acto, y señalar que dos gobiernos priístas y dos panistas no han mostrado voluntad política ni jurídica para encarcelar a los culpables de la matanza de Aguas Blancas, una vez que la resolución 3/96 emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el 3 de abril de 1996 indicó que existieron violaciones graves a las garantías individuales en este caso, y resultaban responsables de ellas, el ex gobernador Figueroa Alcocer; el entonces secretario general de Gobierno, José Rubén Robles Catalán; y ex procurador de Justicia, Antonio Alcocer Salazar.

Recordó que el 18 de febrero de 1998, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió la resolución 49/97 que recomendó al gobierno mexicano ejercer las acciones penales a fin de establecer las responsabilidades individuales por parte de altos funcionarios del estado de Guerrero; sin embargo, a pesar de ello, expuso que los caciques guerrerenses siguen paseándose por el estado “en su tropical cinismo, convencidos de que el poder y el dinero los seguirá amparando y se atrincheran en los gobiernos en turno”.

Consideró que actualizan la guerra sucia y en el centro de la estrategia militar se encuentra la contención de la inconformidad social al criminalizar la protesta social, pues resulta inconcebible la acción policiaca en contra de los que discrepan del gobierno y que permanezcan en los puestos los represores, “es elemental la verdad y la justicia, es impostergable la investigación que delimite a los culpables de delitos de lessa humanidad”.

Indicó que la OCSS seguirá resistiendo y construyendo formas de organización y lucha acorde a sus posibilidades; alzaremos las banderas de los luchadores sociales, de los defensores de los derechos humanos asesinados y ultrajados, como son los ecologistas que defienden los recursos naturales, y los profesores que defienden la educación pública, la justicia y la libertad, expresó Mesino en el acto luctuoso.

En ese mismo tenor se pronunció el dirigente del Movimiento Popular de Guerrero, Ranferi Hernández Acevedo, quien exigió la creación de una fiscalía que investigue la ola de asesinatos perpetrados en contra de luchadores sociales y propuso crear un frente nacional de las organizaciones sociales para enfrentar las reformas propuestas por el “régimen fascista” de Enrique Peña Nieto.

Por su parte, el vocero del CECOP, Felipe Flores Hernández se sumó a la exigencia del esclarecimiento de los asesinatos de Hernández Cardona, Rocío Mesino, Raymundo Velázquez y Luis Olivares, y recordó que hace 10 años y 11 meses surgió el movimiento opositor a la construcción de la presa La Parota impulsado por el gobierno del estado, y ahora con la detención de Suástegui pretenden descabezar esa lucha emprendida, pero el CECOP está más fortalecido que nunca.

Dijo que están defendiendo una causa justa al asumir la defensa de sus tierras y los recursos naturales, y señaló que el gobierno maneja un doble discurso, al manifestar que están preocupados por el calentamiento global, pero en Guerrero pretenden construir La Parota; invitó a las organizaciones ahí presentes a conmemorar el onceavo aniversario del surgimiento del CECOP el próximo 28 de julio, y exigir la liberación de Suástegui, acusado de delitos que son falsos.

A la marcha y al acto luctuoso organizado por la OCSS, se sumaron maestros de la CETEG y de la CNTE; estudiantes de la normal de Ayotzinapa y de la UNAM; el comité de presos políticos, el CECOP, la CRAC, el colectivo de mujeres solidarias; transportistas de la CETIG encabezados por su dirigente Juan Mendoza Tapia, y la diputada federal, Rosario Merlín García, quien encabezó la marcha y se retiró apenas llegó el contingente al vado de Aguas Blancas. Intervinieron en el acto, José Ángel Barón Venacio, de la CNTE; Daniel Hernández, de la CETEG; Samuel Delgado Nava, de la CRAC; Elsa Arispe, de la Liga Mexicana por la Defensa y María Lilia Reyes Ruano, hermana de Uriel y Eduardo Ruano García, del fuerte Emiliano Zapata, presos acusados del homicidio del líder de la Larsez, Raymundo Velázquez, y quien expuso que el gobierno busca confrontar a las organizaciones sociales con ese caso. La marcha, comenzó antes del mediodía del pasado sábado 28 de junio con la misma exigencia de justicia de hace 19 años.