Tras el revés unánime dictado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Gobierno Municipal de Acapulco lanzó un llamado al Congreso del Estado de Guerrero para que evalúe si el actual titular de la Auditoría Superior del Estado, Marcos César París Peralta Hidalgo, es apto para continuar al frente de la institución, luego de confirmarse que incurrió en una abierta violación constitucional al intentar fiscalizar recursos federales sin tener competencia legal.
En conferencia de prensa encabezada por el secretario de Finanzas y Administración, Carlos Armando Morillón Ramírez, el subsecretario de Asuntos Jurídicos, Agustín Radilla, el director de Asuntos Jurídicos, Jesús Mendiola Villegas, y Daniel Castillo de la Rosa, las autoridades municipales informaron los alcances de la resolución de la controversia constitucional 174/2025.
El fallo del máximo tribunal del país invalidó de forma definitiva los informes y los procedimientos que la auditoría estatal pretendía imponer sobre el ejercicio fiscal 2023.
El director de Asuntos Jurídicos, Jesús Mendiola Villegas, argumentó que el auditor estatal actuó bajo una ilegalidad al transgredir los artículos 14, 16 y 79 de la Constitución Federal, los cuales mandatan que la revisión de fondos federales es una facultad exclusiva de la Auditoría Superior de la Federación.
El funcionario instó directamente a los diputados locales a tomar cartas en el asunto, señalando que el Congreso del Estado debe replantearse si la persona que ostenta ese cargo es la adecuada para estar en esa responsabilidad, ya que si realizó la revisión a sabiendas de su incompetencia, se espera que haya sido por desconocimiento de la norma, siendo eso justamente lo que el Poder Legislativo tiene que valorar.
Durante la sesión del pleno de la Suprema Corte, bajo el proyecto expuesto por el ministro Arístides Rodrigo Guerrero García y respaldado por posicionamientos de ministros como el presidente de la Corte, Hugo Aguilar, y la ministra Loreta Ortiz Alf, se desmintió el argumento del auditor estatal sobre la existencia de un supuesto convenio de colaboración que le daba facultades para revisar las cuentas federales.
La Corte dejó en claro que dicho convenio jamás existió y que ningún instrumento secundario puede ir en contra de la exclusividad constitucional de la federación.
Las autoridades municipales denunciaron que el actuar de la auditoría estatal generó una percepción falsa en la opinión pública de que el Ayuntamiento y la presidenta municipal con licencia, Abelina López Rodríguez, se negaban a entregar documentación.
Ante este escenario de abuso de autoridad, el gobierno de Acapulco informó que ya analiza las acciones legales y administrativas que emprenderá esta misma semana, una vez que las partes sean notificadas formalmente.
Sobre este punto, recordaron el antecedente del estado de Puebla, donde el entonces secretario de Salud denunció penalmente o ante Derechos Humanos al gobernador Miguel Barbosa y al auditor Francisco Romero Serrano por un abuso similar, lo que derivó en una recomendación que obligó al auditor poblano a ofrecer una disculpa pública, una ruta que no descartan replicar para resarcir el daño moral a la administración y a la alcaldesa con licencia.
Por su parte, el secretario de Finanzas, Carlos Armando Morillón, junto con Daniel Castillo de la Rosa, exhibieron en pantallas los detalles de las 511 obras ejecutadas en el ejercicio fiscal 2023, las cuales implicaron un presupuesto de casi 900 millones de pesos provenientes del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social.
Morillón enfatizó que el municipio no evitaba ser fiscalizado, sino que entregó la información a la autoridad que por ley correspondía, logrando que el total de las obras estén plenamente justificadas y sin ninguna observación ante el órgano federal.
Aclaró también que, si bien la constancia formal o carta de liberación de la federación se encuentra en su trámite normal de proceso de cierre, el municipio está completamente limpio.
Los funcionarios precisaron que Acapulco se mantiene como uno de los municipios menos endeudados del país y con estabilidad financiera debido a su disciplina presupuestal.
Aseguraron que no existe un conflicto personal ni institucional directo con la Auditoría Superior del Estado y que se le entregará toda la información que solicite siempre y cuando esté legalmente facultada para requerirla en el ámbito estatal, pero advirtieron que si la dependencia vuelve a invadir competencias federales sin un sustento jurídico real, el Ayuntamiento acudirá de nueva cuenta a las controversias constitucionales las veces que sea necesario.
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