El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso de Guerrero, Joaquín Badillo Escamilla, afirmó que el Poder Legislativo y su órgano técnico fiscalizador acatarán de manera estricta la resolución final que emita la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) respecto a la controversia constitucional por la fiscalización de casi 900 millones de pesos ejercidos por el Ayuntamiento de Acapulco.
Esto luego de que trascendiera el proyecto del ministro Arístides Rodrigo Guerrero García, el cual propone invalidar el proceso de revisión iniciado por la Auditoría Superior del Estado (ASE) contra el municipio que encabeza la alcaldesa con licencia, Abelina López Rodríguez.
El proyecto del ministro —programado para discutirse el próximo 6 de julio— sostiene que la ASE carece de facultades para auditar los recursos federales del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISMUN), una tarea que compete exclusivamente a la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Al ser cuestionado sobre este escenario y la falta de un convenio de colaboración entre la ASF y la ASE que validara dicha auditoría, Badillo Escamilla se mostró cauteloso y rechazó adelantar juicios o posibles sanciones contra el auditor o responsables del órgano local, Marcos César París Peralta Hidalgo.
«Nosotros somos respetuosos de las leyes. Cuando se presentan controversias constitucionales, vamos a esperar los resultados oficiales, el fallo final o la sentencia para que nosotros hagamos lo conducente», señaló el líder del Congreso.
Añadió que, de ratificarse el proyecto del ministro, el órgano fiscalizador local, como área auxiliar del Poder Legislativo, «tendrá que acatar las resoluciones pertinentes; eso no tiene margen».
El origen del conflicto
La disputa legal se remonta a principios de 2024, cuando la ASE ordenó auditar la cuenta pública 2023 de Acapulco. El gobierno de Abelina López rechazó la diligencia bajo el argumento de que ya rendía cuentas directamente a la federación.
Pese a esto, la ASE continuó el proceso y reportó un presunto desfalco de 898.6 millones de pesos por «falta de entrega de información», lo que derivó en denuncias ante la Fiscalía General del Estado y un persistente hostigamiento político, incluido un intento de revocación de mandato en el Congreso local.
Ante la presión, el municipio promovió una controversia constitucional ante la SCJN, logrando que los ministros otorgaran medidas cautelares para frenar cualquier sanción o procedimiento en contra de López Rodríguez, quien actualmente aspira a la gubernatura del estado.
Evaluación interna en el Congreso
Joaquín Badillo adelantó que, una vez que el Congreso sea notificado formalmente del fallo de la Suprema Corte, se realizará una evaluación e «introspección al interior» para determinar los pasos a seguir.
Subrayó que cualquier postura institucional no será unipersonal, sino consensuada en el seno de la Jucopo, donde confluyen las siete representaciones políticas del estado.
De la transición municipal en Acapulco —donde asumió funciones Leticia Lozano Zavala—, el diputado local hizo un llamado general a gobernar con responsabilidad y transparencia. «Toda conducción municipal, sobre todo la que tiene que ver con recursos públicos, tiene que ser sí o sí, sin pretexto alguno, con transparencia y rendición de cuentas por encima de todo», concluyó.
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