Activistas, defensores de derechos humanos y representantes de cerca de 20 entidades federativas inauguraron en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Guerrero el Foro Nacional de las Diversidades «Derechos, Incidencia y Participación: Memorias para la Resistencia».
Durante las mesas de trabajo, los liderazgos lanzaron duras críticas contra la simulación institucional, la usurpación de candidaturas de representación proporcional y las trabas burocráticas que frenan el acceso real a la igualdad sustantiva en el estado, exigiendo además transitar de la protesta festiva a una rigurosa formación cívico-jurídica dentro del movimiento LGBTTQ+
La apertura de las jornadas incluyó una revisión histórica del activismo frente al VIH y las infecciones de transmisión sexual. Luis Ernesto Badillo, sobreviviente con 35 años de diagnóstico, y Javier Martínez Vadillo, presidente de la Red Mexicana de Personas que viven con VIH-SIDA y representante en México de la organización latinoamericana Gay Latino, enfatizaron que el abasto contemporáneo de medicamentos no fue una concesión gratuita del Estado, sino el saldo de plantones, persecución y represión civil a finales del siglo pasado.
Los ponentes advirtieron que la emergencia de salud pública se mantiene crítica en Guerrero, siendo Acapulco y Chilpancingo los municipios con mayor incidencia, al tiempo que revelaron que la industria farmacéutica, a través de firmas como GCK, ha comenzado a tocar las puertas de las organizaciones civiles para establecer esquemas conjuntos de trabajo que refuercen la prevención y la salud sexual en los territorios.
Frente a las críticas externas que encasillan al movimiento en la frivolidad estética, Martínez Vadillo defendió el uso político de la identidad al señalar que, aunque el maquillaje o el vestuario forman parte de la diversidad, la base del activismo actual es la conciencia política y la modificación de leyes.
Para sustentar esta postura, se destacó la pertinencia de textos como el libro «La Revolución del Orgullo», de Roberto González Villarreal, como herramientas indispensables para combatir el analfabetismo legal que impera en ciertos sectores de la población disidente.
En ese sentido, la red Gay Latino planteó el foro como un espacio para compartir las estrategias que han funcionado en el ámbito educativo, social y legislativo en regiones como Tlaxcala, Mérida, Tijuana y la Ciudad de México, buscando unificar una agenda de exigencia hacia los tomadores de decisiones.
La discusión política abordó de forma crítica el papel de la llamada cuarta transformación y los riesgos de regresión internacional en materia de derechos civiles.
Los activistas coincidieron en que pertenecer a la diversidad sexual no es garantía de que un funcionario legisle en favor de la comunidad, denunciando que existen políticos salidos del clóset que dan la espalda a las demandas colectivas.
El debate sobre las acciones afirmativas electorales cobró especial relevancia con las aportaciones de la delegación de Morelos, cuyos integrantes propusieron tipificar como delito electoral la usurpación de estos espacios y sustituir la «autoadscripción simple» por una «autoadscripción calificada».
Este modelo jurídico exigiría a los candidatos comprobar un mínimo de dos años de trayectoria comunitaria, identidad de género previa o actas de matrimonio igualitario para cerrar el paso a políticos heterosexuales disfrazados de disidentes.
En el plano local, se exhibió la brecha existente entre las reformas aprobadas por el Congreso de Guerrero —como la identidad de género o la prohibición de las terapias de conversión— y la operación real de las instituciones.
María Alejandra Guzmán, estudiante de la Facultad de Derecho de la UAGRO, relató los obstáculos económicos del proceso, precisando que el trámite de rectificación documental le significó un cobro de mil 805 pesos, cifra que supera en casi un 60 por ciento la tarifa oficial estipulada de mil 062 pesos en la guía del Estado, además de denunciar la persistencia de la violencia institucional en las aulas universitarias.
El foro concluyó con un reclamo unánime hacia la Fiscalía General del Estado por el archivo y abandono de carpetas de investigación vinculadas a crímenes de odio, transfeminicidios y la preocupante desaparición de integrantes de la comunidad LGBTTQ+ a manos de la delincuencia organizada.
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