La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha sentado un precedente crucial en la distribución de competencias hacendarias.En un reciente fallo relacionado con el municipio de Contla de Juan Cuamatzi, Tlaxcala, el Máximo Tribunal determinó la invalidez del Informe Individual de Resultados de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública, específicamente en lo referente al manejo de aportaciones federales.
La Corte concluyó que el Congreso local y el órgano de fiscalización estatal invadieron esferas que, constitucionalmente, corresponden a la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Según lo estipulado en los artículos 79, 115 y 116 de la Carta Magna, la fiscalización de recursos y participaciones federales requiere de un convenio de coordinación vigente entre las autoridades, elemento que no existía en el caso analizado.
Como resultado, la SCJN ordenó que, de emitirse nuevos dictámenes, los entes locales deberán abstenerse de fiscalizar recursos de origen federal, limitándose estrictamente a sus atribuciones legales.
¿Un espejo para Acapulco?
El futuro de la controversia contra la ASE GuerreroEste fallo no es menor, especialmente para la situación que atraviesa el Ayuntamiento de Acapulco, que mantiene una controversia constitucional vigente ante la Corte por observaciones que alcanzan los 900 millones de pesos (MDP) formuladas por la Auditoría Superior del Estado (ASE) de Guerrero.
Al analizar la postura de la SCJN en el caso de Tlaxcala, es altamente probable que el desenlace para el municipio de Acapulco siga una ruta similar.
Si el Ayuntamiento logra demostrar que las observaciones de la ASE abarcan recursos que, por su naturaleza, corresponden exclusivamente a la esfera federal —o que no existió el convenio de coordinación necesario para facultar al órgano estatal para auditar dichos fondos—, la Corte podría invalidar gran parte del proceso sancionador.
Esta resolución envía un mensaje claro: la fiscalización no es un cheque en blanco para los estados.
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