3 mil familias sin acceso a reparación de daños a sus viviendas por Manuel: Sedatu

Fueron censadas en la sierra y Montaña de Guerrero, pero no incorporadas al Fonden

• Hay 22 fraccionamientos donde se construyen 2 mil viviendas detenidas por clausuras de la Profepa, confirma Armenta

OSSIEL PACHECO

Unas 3 mil familias de la sierra y de La Montaña de Guerrero cuyas viviendas resultaron con daños por el paso de la tormenta Manuel y el huracán Ingrid hace más de tres años fueron censadas, pero no incorporadas al Fondo Nacional de Desastres Naturales (Fonden), y por ello, no pueden ser sujetos del derecho al resarcimiento del daño provocado por los meteoros.

Así lo dio a conocer el delegado de la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) en Guerrero, José Manuel Armenta Tello, quien

aclaró que esta situación no fue responsabilidad del Fonden sino a un proceso que debió haber hecho la delegación en aquel momento cuando se realizó el censo junto con el estado y los municipios de las familias afectadas.

Además, precisó que tienen 22 fraccionamientos donde se construyen 2 mil viviendas por parte de la dependencia a su cargo para damnificados de esos meteoros detenidos y sin concluir derivado de las clausuras que hizo la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) por carecer de manifestación de impacto ambiental, o en su momento, por solicitudes en el cambio de uso del suelo.

Dio a conocer que dichos fraccionamientos que construye la Sedatu sancionados por la Profepa, están ubicados en los municipios Acapulco, Chilpancingo, Tixtla, Heliodoro Castillo, Leonardo Bravo, Coyuca de Benítez, en prácticamente en todo el estado, y cada uno de ellos tiene un tratamiento diferente; “en algunos casos se trata de fraccionamientos en los que están demostrando que no es necesaria la manifestación de impacto ambiental y están solicitando la excepción de este requerimiento”, agregó.

Armenta Tello reconoció existen muchos problemas con las viviendas que ejecuta la Sedatu para damnificados de la tormenta Manuel ocurrida hace tres años; hay dos tipos de problemas, uno con las viviendas que se encuentran en proceso, y no han sido terminados, y la interrupción en este proceso para su entrega a los usuarios derivan porque pesan sanciones, como el caso de los fraccionamientos donde la Profepa ha impuesto sanciones a la Sedatu por carecer de manifestaciones de impacto ambiental, o en su momento, por solicitudes en el cambio de uso de suelo.

Indicó que trabaja en coordinación con la Profepa para corregir y revertir estas clausuras y puedan seguir construyendo las viviendas de los afectados; hay casos de damnificados censados por la Sedatu en el época de Manuel e Ingrid, pero no están contemplados en una carga de trabajo del Fonden, y “hoy lamentablemente no pueden acceder a este derecho”.

“Hay gente que no fue censada, ni siquiera se han ejecutado acciones porque no las tenían en ninguna relación, estamos buscando alternativas para ellos, una situación muy complicada porque tan solo en la sierra de Guerrero y parte baja estamos hablando de 883 familias que no fueron censadas, y por ello, no fueron incorporadas al Fonden, hubo un momento en que pudo hacerse este ejercicio de incorporar a las comunidades y familias al programa Fonden, no se hizo como lo marca y ordena la normativa no y hay forma de hacerlo después”, explicó.

Aunado a esas 883 familias de la sierra de Guerrero detectadas en cuatro comunidades y que no pueden acceder a este beneficio, se suman más de 2 mil familias de La Montaña actualmente identificadas, mismas que fueron censadas y tuvieron algún daño en sus viviendas, pero no fueron incorporadas al Fonden.

En relación a las clausuras hechas por la Profepa, el funcionario federal explicó que están incorporando los elementos necesarios en los fraccionamientos cuyas obras están detenidas para hacer la manifestación de impacto ambiental, pero están a la espera de que la Semarnat y la Profepa entreguen las acciones de mitigación de los daños provocados por cambiar las condiciones originales de los predios.

Agregó que tienen una tercera situación al respecto, pues debieron solicitar cambios de uso de suelo en el caso de algunos fraccionamientos porque estar ejecutando acciones en zonas donde el predio era predominantemente forestal. “Tenemos tratamientos diferentes hay un equipo de expertos ayudando a armar estos expedientes, estos trámites e ir revirtiendo estas penas impuestas y se han ido subsanando, asumiendo la responsabilidad, lamentablemente ha sido más el tiempo que esperaba, estamos en el proceso en vías de subsanar las clausuras”, amplió.

En este sentido, dio a conocer que ha sostenido importantes reuniones de trabajo en la ciudad de México con el biólogo Ignacio Millán Tovar, subprocurador federal de Protección al Ambiente para dar cuenta del avance que han tenido en la subsanación de las clausuras, y precisamente, dio cuenta del inicio de las visitas de los inspectores de la Profepa a los predios que se encuentran clausurados para ir revirtiendo las sanciones.

Señaló que ha marcado como prioridad subsanar predios como el de Tixtla, cuya obra está al 98 por ciento de avance, y están en la posibilidad de entregar el fraccionamiento, pero antes tendrían que retirar los sellos de clausura para avanzar.

Otra prioridad, indicó es Azinyahualco en la sierra de Chilpancingo porque es un fraccionamiento que alberga 93 viviendas, pero tiene un avance del 10 por ciento. “Por eso es mi prioridad urge que todo este tiempo que ha estado detenido este fraccionamiento, sobre el cual pesa una clausura de la Profepa, que puede ser revertida para concluir este proceso”, asumió.

Precisó que en total suman unas 2 mil viviendas que están sin ser entregadas por las clausuras de la Profepa: Azinyahualco, 93; Tixtla, 34; y así cada uno de los fraccionamiento tiene un numero definido de acciones hasta alcanzar la cantidad total.

Previó terminar con el tema de Profepa y revertir las clausuras a más tardar en octubre y reiniciar acciones, algunas están avanzadas, y podrían ser culminadas de forma inmediata como Tixtla, pero hay otras como Azinyahualco que tomarían unos tres meses hacer las obras necesarias para finalizar con la entrega de las viviendas a los damnificados.