Por José Miguel Sánchez
Colectivos de familiares de personas desaparecidas de todo el estado y asociaciones de derechos humanos exigieron a los diputados locales legislar una Ley en materia de desaparición de personas del estado de Guerrero.
En conferencia de prensa esta mañana, integrantes de siete colectivos de búsqueda de personas desaparecidas informaron que realizaran una serie de movilizaciones para exigir al Congreso local la aprobación de dicha ley. Ya que los representantes de los Colectivos coincidieron en que ninguna autoridad los quiere ver ni escuchar ni atender.
Con la Ley de desaparición de personas que proponen los colectivos se pretende que exista un marco jurídico que garantice la coordinación de todas las dependencias encargadas de la búsqueda y localización de las personas desaparecidas para mejorar e implementar los mecanismos más eficientes.
También piden el presupuesto suficiente para garantizar los derechos de los familiares de las personas desaparecidas y tener acceso a una reparación del daño.
Otra de las demandas expuestas es la creación e implementación de estrategias de seguridad «para garantizar la no repetición de los hechos», se lee en un documento difundido durante la conferencia.
«Desafortunadamente durante más de 62 años que Guerrero ha sido víctima de grandes violaciones a sus derechos humanos, sobre todo el tema de desaparición, no existe ningún marco legal para las víctimas directas e indirectas tengan acceso a la justicia y verdad», dijo la directora de Los otros desaparecidos de Iguala A.C.
Entre las acciones a realizar están una marcha estatal de colectivos de búsqueda en Chilpancingo para el próximo 7 de marzo. También pedirán de manera formal al Congreso local un foro, parlamento abierto y mesas de trabajo para discutir, proponer y crear en conjunto la Ley de Desaparición de Personas.
«Esto para que se garantice el principio de participación conjunta y podamos manifestar nuestras necesidades y opiniones», dijo Beatriz Adriana Rivera, integrante del Colectivo de Familiares de Desaparecidos Lupita Rodríguez Narciso.
Por su parte, la directora del Centro Regional de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, Teodomira Rosales Sierra, crítico la posición del gobierno del estado y la descisión de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda al no designar un recurso oficial para víctimas.
«Esto es lo que nos llena de coraje, que se está militarizando al país, y todo el recurso que necesitan las víctimas de desapariciones ,asesinatos, desplazados se está llendo con los militares», mencionó Rosales Sierra.
«Desgraciadamente al Estado mexicano y a sus instituciones parece no importarles cumplir con todo lo que ratifican ante las instancias internacionales y aún seguimos luchando para que nos proporcionen una gota de nuestros múltiples derechos», menciona el comunicado que leyeron en la conferencia.
Dicho documento está firmado por la Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México (Afadem), Siempre Vivos de Chilapa, Guerrero, Familiares de Acapulco en Búsqueda de sus Desaparecidos, Familiares en Búsqueda María Herrera, Colectivo de Desaparecidos Lupita Rodríguez Narciso, Los Otros Desaparecidos de Iguala y el Centro Morelos.
