Foto: Cortesía Teodomira Rosales Sierra.
“Nuevamente salimos a las calles realizando actividades en diferentes estados del país por ser el Día Internacional del Detenido Desaparecido. Salimos para recordarle al gobierno que, en nuestro país, hay más de 90 mil personas desaparecidas, que las familias de los desaparecidos siguen sin ver un compromiso claro, sin observar una estrategia de búsqueda y localización de estás víctimas, y lo más grave es que no hay una estrategia para combatir la violencia y la inseguridad”, plantea la directora del Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón en Chilapa de Álvarez, Teodomira Rosales Sierra.
Considera que esta situación debe hacer reflexionar sobre cómo estamos reaccionado ante la violación de los más elementales derechos humanos por parte del Estado mexicano y sus instituciones.
“No es tan fácil comprender toda la serie de problemas y necesidades que se generan en las familias después de este hecho victimizante. Debido al contexto de violencia que vivimos en México, muchas de las personas desaparecidas sufren el destino de ser localizadas sin vida”, recuerda.
“Este escenario es bastante complicado para todos y, sobre todo, para las víctimas indirectas, quienes son las que llevan a cabo los procesos de búsqueda y denuncia, así cómo los procesos de verdad y justicia para poder solucionar las necesidades inmediatas que se quedan pendientes”, señala.
Explica que Chilapa es un claro ejemplo de cómo en las comunidades indígenas, la situación de las personas desaparecidas es un tema poco visible.
“En Chilapa y municipios vecinos, cuya población en su mayoría es indígena náhuatl, son las mujeres las que se quedan al frente de la familia. Esto les genera una carga muy pesada porque no sólo tienen que garantizar la alimentación, salud y la educación de sus hijos, sino que la mayoría de esas familias viven en una precariedad extrema, sin el apoyo necesario por parte del Estado”.
“Sus viviendas regularmente están construidas de bajareque con techos de lámina y año con año necesitan una reparación o ser reconstruidas totalmente. Estas condiciones generan que la exigencia de verdad y justicia o búsqueda y localización de sus desaparecidos pase a segundo plano, y si a todo esto le sumamos la negligencia y el manto de impunidad que las autoridades han generado a favor de los grupos de la delincuencia o narcoparamilitares que siembran el terror, rompiendo el tejido social de las comunidades, concluimos que esta situación no es más que parte de una estrategia de terror que ha sido implementada por el mismo Estado, los grupos de poder político y autoridades”, afirma.
“Para muchos de nosotros queda claro que esta situación es parte de una estrategia de terror contrainsurgente o lo que algunos otros llaman, terrorismo de Estado. Es el terror el que obliga a las familias a no exigir verdad y Justicia. Es el terror el que les impide buscar a sus familiares. El problema es más profundo, es un problema estructural del modelo de producción que ha puesto en marcha una nueva forma de acumulación del capital, por lo que se hace necesario el control del territorio y de la vida de la gente”, expone.
“Nos enfrentamos a una situación muy compleja, puesto que las instituciones que son parte del Estado mexicano nunca van a combatir lo que ellas mismas han creado, por eso encontramos mucha resistencia en las autoridades o en las instituciones encargadas de procurar y administrar justicia. Sabemos que no es fácil que las familias se atrevan a denunciar, la mayor parte no lo hacen por la desconfianza que se ha generado sabiendo que todos ellos, los cuerpos policiacos y militares, están al servicio de los grupos de narcoparamilitares que ejercen un poder fáctico y que al momento de presentar la denuncia y salir del Ministerio Público se pasa toda la información a los perpetradores, y eso coloca en una situación de mucho riesgo al denunciante o a los otros miembros de la familia”, dice.
“El día de hoy queremos abrazar y apoyar a todas las personas que sufren la ausencia de un familiar. Acompañamos y denunciamos la violencia de Estado, la impunidad y el terror, pero al mismo tiempo aplaudimos el trabajo que realizan las familias con un ser querido desaparecido”, concluye.
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