Cifras de la desigualdad extrema en Guerrero  

Sufre de pobreza de ingresos, desarrollo humano, acceso a seguridad social…

 

OSSIEL PACHECO

Guerrero ocupa el cuarto lugar en el porcentaje de población en pobreza de ingresos a nivel nacional al haber 2.4 millones de guerrerenses que significa que el 67.9 por ciento de la población vive en pobreza de ingresos; en tanto,  42 de los 81 municipios del estado, es decir más de la mitad, tienen el 80 por ciento o más de su población en pobreza; y el estado ocupa el último lugar en el índice de competitividad y se sitúa en el penúltimo sitio en el Índice de Desarrollo Humano (IDH) que combina tres dimensiones: salud, educación e ingresos.

Este último dato apenas por encima de Chiapas que está en último sitio, como además se sitúa en segundo lugar en carencias por acceso a la seguridad social que significa que el 78 por ciento de la población, es decir, 2.8 millones de guerrerenses no tienen acceso a seguridad social; por igual, en este rubro Chiapas tiene el 82.8 de su población tiene esta carencia cuando el promedio nacional es del 58.5 por ciento, de acuerdo a la última estadística que dio a conocer el Coneval.

Lo anterior son algunas de las cifras que describen la desigualdad extrema en Guerrero que dio a conocer el pasado miércoles 17 de febrero, Rogelio Gómez Hermosillo, presidente de Acción Ciudadana frente a la Pobreza dentro del primer foro estatal “Desigualdad extrema en México, causas tendencias y acciones estratégicas para mitigarlas”, donde el director ejecutivo de Oxfam México, Ricardo Fuentes Nieva, presentó y dio a conocer el informe “Desigualdad extrema en México: concentración del poder económico y político”, escrito por Gerardo Esquivel Hernández.

Gómez Hermosillo con gráficas dio a conocer estadísticas que muestran la desigualdad extrema que reflejan la realidad guerrerense al citar además que Guerrero ocupa el tercer lugar en la tasa de población ocupada con ingresos inferiores a un salario mínimo y se reflejan en que solamente el 3 por ciento de la población ocupada percibe ingresos por 13 mil pesos al mes; y el 25 por ciento de la población ocupada no percibe ingreso alguno.

En este mismo rubro, citó que el 18 por ciento de la población ocupada percibe un salario mínimo; el 25 por ciento percibe entre uno y dos salarios mínimos; el 16 por ciento percibe entre 2 y 3 salarios mínimos; el 13 por ciento percibe entre 3 y 5 salarios mínimos y solamente el 3 por ciento percibe de 6 o más salarios mínimos.

En materia de salud, una de las tres dimensiones que mide el Índice de Desarrollo Humano, Guerrero ocupa el cuarto lugar nacional en cuanto a carencia por acceso a la salud al tener 890 mil habitantes sin acceder a ella; y para dar cuenta de ello, tan solo en Acapulco el 18. 66 por ciento de la población no tiene afiliación a ningún servicio de salud, siendo de 17.3 el promedio nacional, mientras el estatal asciende al 15 por ciento.

Como parte de los datos en este rubro, reafirmó que Guerrero ocupa tercer lugar en mortalidad materna, cuando esa tasa debería ser de cero muertes maternas, pero asciende al 59.5 por ciento, por encima del promedio nacional que de 38.2 por ciento y el de Nuevo León es del 14.8 siendo la tasa de mortalidad más baja del país.

En este sentido, el 72.7 por ciento de las mujeres embarazadas que fallecieron estaban dentro del seguro popular, por lo que desmintió que acceder a ese programa federal signifique acceder a servicios de seguridad social, pues hay deficiencias como falta de médicos, medicinas y acceso a estudios y análisis.

Para describir la situación de pobreza que se vive en las principales ciudades del estado, dio a conocer que Acapulco ocupa el noveno lugar nacional entre los municipios con mayor cantidad de población en pobreza al tener 438 mil habitantes en este segmento; 131 mil en Chilpancingo de los Bravo; 94 mil en Chilapa de Álvarez; 74 mil en Taxco de Alarcón; 69 mil en Zihuatanejo de Azueta; y 65 mil en Iguala de la Independencia.

Guerrero pasó de 3.38 en 2010 a 3.55 millones de habitantes en 2015, según la encuesta Intercensal del año anterior, según dio a conocer Gómez en el foro, mientras el PIB per cápita (ingresos por personas tasados en miles de pesos) de Guerrero es menos de la mitad del nacional que asciende a 110.83 mientras en el estado apenas llega a 53.4 situándose en el lugar 30 de las entidades federativas del país.

Para romper la desigualdad social, el ponente planteó un esquema de cohesión social, como valor primario e impulsar un cambio de políticas económicas y sociales, tales como una economía incluyente a través de una fiscalidad progresiva, un gasto eficaz y transparente, fomento a la economía social, incremento al salario mínimo e inserción laboral para jóvenes y mujeres; así como del ejercicio pleno de derechos sociales, siendo la salud, una acción efectiva y promoviendo mecanismos de participación ciudadana y rendición de cuentas, como son las contralorías sociales.

 

Cruzada contra el Hambre: centralizada y sin coordinación

 

Alvaro Urreta Fernández, de la organización Guerrero es primero, consideró que la Cruzada Nacional contra el Hambre, programa estelar del gobierno peñista para el combate a la pobreza, trae como debilidad la falta de una perspectiva territorial, aunado a que los recursos “no se está aplicando desde abajo”, resultado de la centralización burocrática que existe al ser federales los recursos que se manejan, “a los gobiernos de los estados les toca menos y a los municipios mucho menos”.

Urreta, quien durante dos años participó como consejero nacional de la Cruzada contra el Hambre, precisó que evaluaron los 70 programas que la integran, pero no se ha logrado el amarre institucional para darle funcionalidad porque están en diferentes dependencias, unos en Sagarpa, otros en Sedatu, Sedesol, y otros en la Comisión Nacional para los Pueblos Indígenas y no se están dando los ensambles ni existe la coordinación interinstitucional para lograr una perspectiva territorial.

Reconoció que hubo avances el sexenio actual al pasar de Oportunidades a Prospera al cual se lograron incluir otros ingredientes de apoyo a procesos productivos y demás, pero encontraron dificultades en cuanto a los padrones de beneficiarios, “hay irregularidades, hay quienes deben estar y no están, y hay gente que está y no debería estar”.

“Si hay comisiones y los hemos discutido con Omar Garfias, secretario técnico de la Cruzada Nacional contra el Hambre, lo seguimos discutiendo porque además soy parte de la red nacional de agricultura, pero la cruzada no se está dando desde abajo en términos territoriales, además recordemos es un país que está centralizado, los recursos son federales, a los gobiernos de los estados les toca menos y a los municipios mucho menos”, criticó.

El especialista en temas de pobreza insistió en remarcar que no se está dando un ensamble de participación social comunitaria y existe un problema de coordinación entre las dependencias que manejan los 70 programas que abarca la cruzada contra el hambre; “entonces la cruzada trae esa debilidad, porque se debe ver desde la producción hasta el consumo, es decir, producción, distribución, abasto de alimentos, los comedores comunitarios, y la orientación nutricional”.

Cuestionó la eficacia del programa estelar del gobierno federal la Cruzada contra el Hambre que engloba 70 programas que aplica la federación para el combate a la pobreza, pero para acceder a ellos, “los ciudadanos enfrentan a burocracia espantosa”, como es el caso del Empleo temporal, y no están en sintonía con el combate a la desigualdad.

“Las políticas públicas que se están aplicando en el país no están respondiendo a la realidad que describe el informe de Oxfam sobre desigualdad extrema en México, se necesita de una nueva visión, creativa imaginación siendo propositivos y críticos, así como de trabajo en conjunto para que la frustración no gane a nuestras utopías”, propuso.

 

Guerrero, tercer lugar en femenicidios

 

Por su parte, Nahela Becerril, consultora sobre desigualdad en Guerrero, expuso con un enfoque de desigualdad de género, dado que en el estado las mujeres están en el último escalafón y representan otro factor que marca la desigualdad extrema que se vive. Reveló que están elaborando un diagnóstico de la situación que en breve será presentado en un segundo foro sobre desigualdad extrema que será anunciado en los próximos días.

Puntualizó que la Ley de acceso a una vida libre de violencia es excelente, pero lamentó que la mayoría de los ciudadanos, en particular las mujeres desconocen de su existencia y al no saber de ello, los sujetos carecen de elementos para exigir sus derechos, igual sucede con los programas sociales que bajan del gobierno federal a los municipios.

“Esto provoca que no exijan lo que no conocen, es necesaria una campaña de conocimiento de la legislación vigente, ciertamente la Constitución garantiza el derecho pleno a la salud, pero este precepto no se cumple sigue habiendo muerte maternas, hay una violencia que está desbordada, la Constitución garantiza el derecho a la vida como derecho esencial por excelencia, pero no se cumple”, estableció.

Consideró que si no hay justicia económica no habrá gobernabilidad democrática, pues la pobreza es una violación más a los derechos humanos y una forma de discriminación para los 55 millones de mexicanos que viven en condición de pobreza y a los que no se les garantizan sus derechos esenciales; citó que en los últimos seis años, un millón de mexicanos por año ha pasado a engrosar las filas de los que padecen pobreza y paradójicamente ha aumentado el presupuesto que se destina para su combate, pero ha ido en creciendo, “gracias a la corrupción”.

La consultora señaló que la corrupción es la causa de la concentración de la riqueza en México; como ejemplo citó que los presidentes no respetan el presupuesto que se destina a combatir la pobreza, como es el caso del ramo 33 que no llega a la ciudadanía, “que no ha sabido cuidar el ejercicio de los recursos de forma organizada”.

Habló además de los femenicidios, como violencia extrema de género, tal como se denomina en la Ley que impulsó siendo diputada Marcela Lagarde, pues aunado a ello va a acompañado de violencia sexual y victimización de la familia; y citó que Guerrero ocupa el tercer lugar nacional en ese rubro, solamente por debajo del estado de México y Chihuahua.