La diputada local por Morena, Nilsan Hilario Mendoza aclaró que en el proceso de basificación de los trabajadores del Instituto de Salud para el Bienestar, no intervendrá ni el sindicato, ni patrón, ni diputados o senadores, por lo que llamó a la líder de la sección 36 del Sindicato Nacional de Trabajadores de Salubridad y Asistencia, Beatriz Vélez Núñez a no amenazar ni hostigar a los trabajadores del sector salud a cambio de una base.
El llamado, lo hizo desde tribuna, la secretaria de la Comisión de Salud en el Congreso de Guerrero, Nilsan Hilario Mendoza, quien recordó que a partir del primero de enero de este año, quedó establecido el Instituto de Salud para el Bienestar, lo que trajo como consecuencia la desaparición del Sistema de Protección Social en Salud, conocido como Seguro Popular.
A raíz de esta desintegración del Seguro Popular, dijo, “se comenzó a tejer una serie de información falsa propagada por la Secretaria de la Sección 36 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salubridad y Asistencia en Guerrero”, a quien señaló de intimidar y amenazar con despedir a los trabajadores de contrato, con el único afán de generar incertidumbre y miedo.
Detalló que entre las amenazas que hacía contra trabajadores de contrato, vacunadores, cubre guardias, estaban la no renovación de contrato, cambios de adscripción, y hasta el grado de no tener derecho a la basificación anunciada, asegurando que solo ella y el Secretario de Salud serían los responsables de otorgar las bases.
Ante esta situación dijo, muchos trabajadores acudieron a ella para solicitar asesoría por ser secretaria de la Comisión de Salud del Congreso de Guerrero y trabajadora de base de la Secretaría de Salud.
Detalló que el 18 de febrero de este año se reunión con el director del Insabi, Juan Ferrer y posteriormente con el subsecretario de Administración y finanzas de la Secretaría de Salud, Pedro Flores Jiménez, reunión en la que estuvieron también trabajadores de salud de la Tierra Caliente, Zona Centro, Zona Norte, Montaña, Costa Chica, Costa Grande y de Acapulco.
“Entre las aclaraciones que nos hicieron a los asistentes a dichas reuniones fue que ningún sindicato, ni patrón, mucho menos servidor público, llámese diputado, senador o secretario de despacho, intervendrán en el proceso de basificación de las más de 86 mil plazas que garantizó el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador durante su sexenio” aclaró.
Precisó que 80 por ciento de las plazas serán para el área médica y 20 por ciento para el área administrativa, y precisó que los requisitos fundamentales para acceder a la basificación serán la antigüedad y el desempeño en el servicio.
La morenista explicó que la antigüedad será tomada en cuenta a partir de aquel o aquella persona que cuente con más años en el servicio y se hará en forma descendente hasta cubrir el número establecido de las aproximadamente 86 mil plazas; entraran todos los que se encuentren en el supuesto de regularizados, homologados, formalizados en sus 3 etapas, cubre guardias, vacunadores, eventuales, lista de raya y todo aquel que demuestre un vínculo laboral con la Secretaría de Salud en igualdad de condiciones.
Además dijo que las plazas de base una vez adquiridas no serán permutables, estas corresponderán al lugar de adscripción y serán inamovibles; devengarán mejores salarios quienes laboren en zonas de alta marginación a aquellos que ocupen plazas en zonas urbanas.
Por otra parte, denunció que personal de la Unidad Médico Quirúrgica ubicada en la colonia Hogar Moderno, en Acapulco, urgieron que sean reactivados los quirófanos de dicha unidad médica, pues le manifestaron que de manera inexplicable y por instrucción de COFEPRIS, fueron clausurados, lo que atenta contra la salud de los usuarios; además de que no cuentan con material de curación, medicamento, ni siquiera cubre bocas y gel “no cuentan con los insumos mínimos básicos requeridos para prevenir contraer la tan mencionada infección del Covid-19, conocido popularmente como coronavirus”.
La morenista criticó que en muchas ocasiones, diputados locales suben a tribuna para pedir la intervención de las autoridades en sus tres niveles de gobierno para solucionar problemas de turismo, seguridad pública, desplazados, pueblos originarios, creación de nuevos municipios, pero el tema de la salud tal parece que no es prioritario y cuando se hacen este tipo de denuncias sobre la falta de medicamentos y equipamiento, las autoridades responden que por falta de dinero no se les puede atender.
“¿Acaso, los casi 64 mil millones de pesos aprobados para el ejercicio 2020 del gobierno del estado no son suficientes? Recuerden que el gobernador había presupuestado 61 mil millones de pesos, o sea, se le aprobaron 3 mil millones más sin etiqueta alguna; ¿Acaso los mil 315 millones de pesos más, aprobados al sector salud sobre lo presupuestado para el ejercicio 2020, no son suficientes para subsanar cualquier eventualidad que se presente? No es posible contar con semejante cantidad de dinero y expresar ante los medios de comunicación que no se cuenta con recursos suficientes para solventar las necesidades del estado. Si ese fuera el caso, entonces, la lectura que dejan entrever la desglosaría en dos vertientes: o son malos administradores o son pésimos para presupuestar” criticó.
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