Visita de Relatora de la ONU a Guerrero genera esperanza en víctimas de desplazamiento forzado interno

La visita de Cecilia Jiménez-Damary, Relatora Especial de la ONU sobre Desplazamiento Interno al estado de Guerrero los días 6 y 7 de septiembre, generó esperanzas en las familias víctimas de desplazamiento forzado interno.

En la reunión del pasado 6 de septiembre, unas 60 personas y representantes de familias desplazadas de 2011 y las más recientes del 2018-2020, se reunieron con Cecilia Jiménez, quien manifestó su interés por conocer de manera directa el testimonio de las víctimas, así como las causas de su desplazamiento y la respuesta de las autoridades.

Las y los afectados, acompañados por el Centro Morelos, en la Casa Diocesana en Chilpancingo, coincidieron en que la ambición, es la causa del desplazamiento, porque diversos grupos narcoparamilitares mantienen una guerra por el control del territorio apoyados por el gobierno.

Acudieron de la Montaña Alta, Montaña Baja, Costa Grande, Acapulco, Tierra Caliente, Defensoras y Defensores de Derechos Humanos y Periodistas Desplazados, aunque no todos expusieron su situación debido a que se dieron cuenta que había personas de diferentes lugares, manifestaban desconfianza hacia los desplazados de otras regiones, sin tomar en cuenta que todos sufren el mismo problema. Igual también influyó el formato que se utilizó de participación pública y abierta.

El miércoles 7 de septiembre, en Chichihualco, las familias desplazadas de comunidades del municipio de Leonardo Bravo, Eliodoro Castillo y Zitlala, refugiadas en Chichihualco, narraron los horrores que vivieron antes de ser desplazadas, la pérdida de su patrimonio, el asesinato y desaparición de familiares, así como la nula atención de las autoridades municipales y estatales para prevenir y atender a las familias desplazadas como lo establece la Ley 487 de Atención y Prevención del Desplazamiento Interno.

Ante ello, en su intervención, la relatora expresó su pesar y su solidaridad, así como su compromiso de que al reunirse con las autoridades federales iba a plantear la obligación que tienen de resolver todos los daños ocasionados por el desplazamiento, brindando la reubicación, la reparación del daño y garantías para que se atiendan las causas del desplazamiento.

En su informe preliminar dado a conocer en conferencia de prensa en la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, hizo hincapié de la necesidad que tienen las víctimas al acceso a la justicia, a la verdad, a la reparación del daño y a las garantías de no repetición y la restitución de los bienes, vivienda y tierras y enjuiciamiento de los perpetradores.

También mencionó que el derecho internacional reconoce los derechos territoriales de los indígenas, recomendó que entre los criterios del avance de una solución duradera, prevalezca el criterio de la participación de las víctimas en los asuntos públicos en todos los niveles, también que “ser niño o niña y desplazada interna, supone una doble vulnerabilidad, el rompimiento de las estructuras familiares y comunitarias las ponen en un mayor riesgo de sufrir diversas formas de explotación, abuso y abandono. Me preocupa particularmente la ausencia de perspectiva intercultural de atención a mujeres indígenas desplazadas”.

La funcionaria de la ONU recordó que el Poder Ejecutivo y Legislativo a nivel federal, han desembocado en la adopción por parte de la Cámara de Diputados de La Ley General Para Prevenir y Atender y Reparar Integralmente el Desplazamiento Forzado Interno, el cual ha sido aprobado por el Congreso de la Unión.

Mencionó que “el Senado, durante mi visita se ha comprometido a adoptarla antes de concluir el año en curso. Es clave que se adopte lo antes posible y refleje los estándares del derecho internacional de los Derechos Humanos; es recomendable que la Ley específica tenga una clara distribución de competencias de acuerdo con las diversas faces del desplazamiento, así como mecanismo de coordinación entre los tres niveles de gobierno, los organismos Constitucionales autónomos, igualmente las personas desplazadas internas y organizaciones de la sociedad civil, para que deben estar debidamente consultadas en todas las decisiones que les afecten, incluyendo en el desarrollo de Leyes e instrumentos específicos que recojan sus principales preocupaciones y sugerencias. Toda la legislación la política pública debe acompañarse de un presupuesto suficiente”

Reconoció la importancia de las competencias de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, tomando nota de las dificultadas para acceder de manera oportuna al Registro Nacional de Víctimas, por todas las trabas que implica el que, el desplazamiento forzado interno no está tipificado como delito en los códigos penales o aunque ya lo esté, no se denuncia por la desconfianza que tienen las personas hacia las autoridades, e hizo hincapié en que a todas las víctimas deben otorgarles sin dilación el Registro Nacional de Víctimas, incluidas las defensoras y defensores de derechos humanos, así como los periodistas que se encuentran en calidad de desplazados.

Para concluir, dijo que el aliento continúe e intensifiquen los esfuerzos para obtener respuestas pertinentes y adecuadas, basadas en el firme respeto de los derechos humanos.

La visita de Cecilia Jiménez-Damary, renueva las esperanzas de las familias; unas por tener el reconocimiento como víctimas y finalmente que todas las familias puedan obtener la reubicación, la reparación del daño y justicia.

Aunque en su informe preliminar no hizo mención del señalamiento de las víctimas en relación a la participación de agentes del estado que han apoyado a los grupos de narcoparamilitares en el desplazamiento y la complicidad y corrupción de las autoridades que generan la impunidad, afectados esperan que en su informe final sí haga mención.

Como representante de familias desplazadas, Teodomira Rosales Sierra, directora del Centro Morelos, dijo esperar que el Gobierno federal y estatal, así como los senadores y diputados locales, hagan honor en los hechos, a la buena voluntad y los compromisos manifestados por la Relatora, «pues hay que tomar en cuenta que hizo la recomendación de prestar atención a la prevención del desplazamiento y a la generación de soluciones duraderas para las personas desplazadas internamente, así como también mostró sus dudas respecto a la aplicación de la reforma al Código Penal del Estado donde ya se tipifica el desplazamiento forzado interno como delito».

Agradeció a Cecilia Jiménez-Damary, por el compromiso con las familias desplazadas al venir hasta el estado de Guerrero y acudir a Chichihualco para escuchar el testimonio de las víctimas, así como reunirse con las autoridades estatales y federales para llevar un conocimiento claro sobre cuáles son los derechos humanos violados, de acuerdo al derecho internacional y quiénes son los responsables del desplazamiento, las causas, las consecuencias y la respuesta de las autoridades.

Agradeció el apoyo del antropólogo Abel Barrera en acompañarlos en las exigencias de esta grave situación por la que atraviesan las familias desplazadas y quien mostró su preocupación por el alto riesgo en que llevan a cabo su trabajo.