Reportera demanda justicia a un año de agresión en Michoacán
A casi un año de que agentes de la Policía Municipal de Uruapan, Michoacán, hirieron de bala a la reportera, Lucero Díaz Estrada y a otras tres personas durante una manifestación, en el acceso a la comunidad de Caltzontzin, el caso sigue sin avances en la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), mientras que el ayuntamiento perredista ha “solapado” la actuación de sus policías acreditados.
El lunes, mediante una cirugía, a Lucero Díaz le fue retirado el proyectil que estaba alojado en el cuerpo de la comunicadora, ello al presentar problemas de salud.
A las 14:00 horas, deI 1 de abril de 2020, varios cortadores de aguacate despedidos por la contingencia sanitaria se plantaron sobre el bulevar Industrial para pedir el apoyo económico de automovilistas, pero al lugar arribaron oficiales de la Policía Municipal, quienes realizaron disparos y detuvieron a 16 personas, entre ellas a varios menores de edad.
Ante esta situación decenas de habitantes de Caltzontzin y jornaleros se apoderaron de varios camiones de carga y bloquearon el bulevar, además de que retuvieron una patrulla y cuatro agentes, una pipa y un autobús que colocaron sobre las vías del ferrocarril. La protesta era cubierta por Lucero Díaz, del portal Enlace Informativo, al igual que otros reporteros.
Unas dos horas después del conflicto, agentes de la Policía Ministerial llegaron para intentar solucionar el conflicto y se acordó la liberación de los detenidos que fueron trasladados hasta el acceso a la comunidad de Caltzontzin, en patrullas de la Policía Municipal.
Luego de que las personas bajaron de las unidades, manifestantes que se percataron de que sus familiares presentaban golpes, comenzaron a agredir con palos y piedras a los policías, algunos de los cuales realizaron disparos al aire y al piso y lesionaron a tres de los inconformes, así como a Lucero Díaz, víctimas que fueron auxiliadas por agentes ministeriales y trasladada al hospital regional.
Lucero Díaz denunció los hechos ante la FGE y la CEDH, donde el caso permaneció sin avances, hasta que después de tres meses y medio, fue atraído por la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión de la Fiscalía General de la República (FGR), donde tampoco pasó nada.
Por su parte, el secretario de Seguridad Pública Municipal de Uruapan, Raúl Malpica García, quien al momento de ocupaba ese cargo cuando sucedió el incidente, afirmó que este suceso sea violatorio de los Derechos Humanos e incluso, aseguró que fueron civiles los que detonaron armas de fuego durante la manifestación.
Al contestar a un oficio de la CEDH, dentro del expediente URU/103/2020 que dio origen a la queja iniciada de oficio y derivada de diferentes notas periodísticas, al respecto, el funcionado de la administración perredista, dijo que el primero de abril de 2020, varios jornaleros bloqueaban parcialmente el bulevar Industrial, en el acceso a la comunidad de Caltzontzin, donde solicitaban dinero a los automovilistas de manera agresiva para poder pasar, por lo que a bordo de varias unidades acudieron al sitio.
Añadió que los uniformados solicitaron a los jornaleros que se retiraran, pero éstos se negaron y los agredieron verbalmente, por lo que procedieron a detener a 16 personas y las trasladaron a barandilla, acusadas de alterar el orden público.
Familiares de los detenidos aseguraron que los agentes realizaron varias detonaciones de arma de fuego, además de que los golpearon, pese a que había varios menores de edad.
Malpica García indicó que se procedió a trasladar a las personas detenidas a la comunidad de Caltzontzin a bordo de las unidades con números económicos MC-497-A1, MC-900-A1 y MA-917-A1, pero al llegar fueron agredidos por los manifestantes, quienes utilizaron palos y piedras, además de que despojaron de objetos personales y cargadores a varios elementos e intentaban apoderarse de sus armas de cargo.
El funcionario omitió mencionar que la agresión ocurrió debido a que se percataron de que las personas detenidas estaban golpeadas y explicó que fue en el forcejeo cuando “accidentalmente” se detonó el arma de fuego de uno de los policías.
Agregó que por lo menos dos civiles que se encontraban entre los manifestantes realizaron disparos de arma de fuego, lo que generó una confusión y las personas corrieron en distintas direcciones para protegerse, mientras que los policías abordaron sus unidades y se retiraron.
“Derivado de lo anterior no se tuvo conocimiento de que personas hubieran resultado lesionadas por los hechos atribuibles a elementos de la corporación policiaca, algunos de los cuales sufrieron lesiones contusas principalmente, además de que las patrullas también fueron dañadas”, aseveró el funcionario, quien negó rotundamente alguna violación a los Derechos Humanos y mencionó que las notas periodísticas publicadas en medios de comunicación digitales e impresos respecto a estos hechos “carecen de elementos verídicos y/o probatorios”. A casi un año de este suceso, el caso Lucero Díaz sigue impune y este día, mediante cirugía, le fue retirada la esquirla que tenía alojada en su cuerpo, la cual fue integrada a la Carpeta de Investigación de la FGE.
