Inés Fernández, «la mujer Me´phaa que le ganó al poder militar»
Por José Miguel Sánchez
El 21 de marzo del 2002 un grupo de 11 militares que irrumpieron en Barranca Tecoani, comunidad Me´phaa en Ayutla de los Libres, agredió sexualmente a Inés Fernández Ortega. A 20 años de los hechos un Juzgado de Distrito dictó una sentencia de 20 años contra uno de sus agresores.
En conferencia de prensa el día de hoy el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro (CentroProh), dieron a conocer la sentencia dictada por el Tribunal Segundo de Distrito con sede en Acapulco.
En dicha sentencia, que se dictó el 1 de marzo de 2023, se condena a 20 años de prisión a Hugo Humberto García de León por agresión sexual en contra de Ines.
Inés tenía 25 años cuando fue violada por 11 militares, de acuerdo con un informe de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corteidh).
Era 22 de marzo de 2002, Inés estaba en su casa con sus cuatro hijos, en la comunidad de Barranca Tecuani, municipio de Ayutla de los Libres, en la Costa Chica del estado, cuando un grupo de aproximadamente once militares con armas ingresaron a su casa.
De acuerdo con lo relatado en la ficha técnica de la Corteidh, los hechos ocurrieron de la siguiente manera; uno de los militares la tomó de las manos y apuntándole con el arma, le dijo que se tirara al suelo.
Una vez en el suelo, otro militar con una mano tomó sus manos y la “violó sexualmente mientras otros dos militares miraban”
Después de dicha agresión Inés acudió al Ministerio Público (MP) ubicado en Ayutla de Libres para interponer la denuncia; tuvo que caminar ocho horas para llegar.
«Al llegar no me tomaron en cuenta porque hablaba en me lengua (Me’paa) y no había algún traductor disponible», contó Inés, a través de su interprete, durante la conferencia, ya que Inés todavía habla en su lengua originaria.
La denuncia tardó en interponerse tres días, además, una vez puesta nadie de su comunidad quiso apoyarla por miedo a los militares.
Desde que interpuso la denuncia ante el Ministerio Público, el 24 de marzo de 2002, Inés pasó por malos tratos y retrasos en el proceso, incluida la corroboración de la agresión sexual.
Ningún habitante de Barranca Tecuani quería hacerle frente a los militares, «les tenían miedo porque ellos llegaban y de la nada, con armas, cortaban nuestros plantíos de maíz», recuerda Inés.
Dos meses después de que interpusiera su denuncia, el MP local se declaró incompetente para continuar con la investigación —por la acusación contra miembros del Ejército— y mandó el expediente al Ministerio Público Militar de la 35 Zona Militar
Ante la insistencia de Inés de no claudicar en la exigencia de justicia y con apoyo de Tlachinollan se interpusieron una serie de recursos legales a nivel internacional a fin de investigar y sancionar a los responsables de los hechos.
La denuncia fue interpuesta ante la Corteidh en junio de 2004, por la cual en 2010 se emitió una condena contra México «por la tortura sexual de Inés, cometida por soldados del Ejército» y clasificó el delito como una grave violación de derechos.
Entre las recomendaciones de la Corteidh al Estado mexicano estaba la reparación del daño, una disculpa pública y llevar ante la justicia a sus agresores.
La disculpa pública la obtuvo el 6 de abril del 2012 por parte del entonces secretario de Gobernación federal, Alejandro Poire Romero, en un acto público en Chilapa, Guerrero.
Por la reparación del daño se le concedió un centro de ayuda para mujeres en el que da acompañamiento a mujeres de pueblos originarios que sufren algún tipo de violencia de género.
La justicia, considera Inés, aún no le es garantizada, de los 11 militares que la agredieron sexualmente, solo uno logró una sentencia, 20 años después.
«Aún así, por la sentencia que hoy se presenta en contra de uno de mis agresores, quiero decirles que una mujer Me’phaa le ganó al poder militar», finalizó Inés.
De los 11 militares que la agredieron, Inés solo logró identificar a dos, uno de ellos fue el hoy sentenciado a 20 años, Humberto García, el segundo fue Salvador Aguilar Ortañes, quien fue detenido en 2014 y encarcelado en una prisión militar pero falleció en una riña en 2017, contó el director jurídico de Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra.
En la conferencia estuvo presente María Luisa Aguilar, integrante del CentroProh y Norma Jiménez, sobreviviente de tortura por la represión cometida por policías estatales y federales en el Estado de México en San Mateo Atenco en 2006.
«Inés caminó ocho horas en busca de justicia y después siguió caminando otros 20 años, y lo hizo por todas nosotras», mencionó Norma Jiménez.
Por su parte, Rosales Sierra celebró que está sentencia fuera para garantizar una justicia para Inés, lo que reconoció, no sucede a menudo en este país.
