Ha aumentado “exponencialmente” agresiones contra mujeres indígenas en la Montaña de Guerrero: Tlachinollan

El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, informó que desde que empezó la pandemia, han aumentado exponencialmente las agresiones contra mujeres indígenas.

Han documentado 20 casos de feminicidios de 2014 a abril de 2021, 20 de violencia sexual de 2020 a abril de 2021, 80 de violencia física y 85 de violencia económica, y donde las autoridades omiten realizar investigaciones prontas y diligentes.

Al arrancar la campaña por la vida: Mar de agravios, Montaña de quebrantos, mediante la cual denuncian el aumento exponencial de la violencia que ejercen grupos de la delincuencia organizada que actúan en colusión con los cuerpos de seguridad y demás autoridades locales, visibilizan la violencia que azota la región de la Montaña.

Tales como, los casos de desaparición forzada, feminicidios y agresiones contra las mujeres, la lucha inclaudicable que las familias y defensores han emprendido para obtener verdad y justicia y la indolencia de las autoridades para dar respuesta a sus reclamos.

Según la ONG, Guerrero enfrenta una grave crisis de derechos humanos que se ha profundizado con la emergencia sanitaria del Covid-19, que, a su vez, con la presencia del crimen organizado, la violencia estructural y la impunidad ha dejado como resultado a miles de víctimas de violaciones a derechos humanos.

De acuerdo con la documentación de Tlachinollan, en 2018 había por lo menos 13 grupos de la delincuencia organizada que se disputaban el control territorial para la siembra y trasiego de drogas en la entidad.

Se indicó que esta presencia del crimen organizado ha disparado el aumento de homicidios, secuestros y extorsiones y que de acuerdo con cifras proporcionadas por el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública hasta febrero del 2021 se tenían registrados 3 mil 719 delitos sólo en Guerrero.

Se detalló que entre 2007 y 2018, se multiplicaron por 20 el número de denuncias de desaparición forzada en el estado, sin que las investigaciones avancen por lo que al día de hoy no hay una sola sentencia por estos casos.

También, que del 2017 a la fecha se registraron decenas de casos de desapariciones forzadas en la región de la Montaña.

Y que la desaparición forzada del defensor de derechos humanos Arnulfo Cerón Soriano en 2019, la movilización para su búsqueda y el hallazgo de su cuerpo, motivó a las familias de desaparecidos a organizarse para buscar a los suyos.

Agregó, que por la lucha por la presentación con vida de Arnulfo Cerón generó una experiencia positiva que incentivó la organización de las familias, conformándose el colectivo “Luciérnaga una luz en la obscuridad”, que a la fecha ha realizado seis jornadas de búsqueda encontrando ocho cuerpos y más de 80 restos óseos y se mantiene un diálogo con la Fiscalía General del Estado para verificar los avances de las investigaciones.

A pesar, de ello, el organismo indicó que, las pesquisas no avanzan.

“Varios familiares han fallecido sin saber el paradero de sus seres queridos. Es ilustrativo el caso de Gregorio Santiago Otila integrante del colectivo Luciérnaga que intentó incorporarse al Mecanismo de Protección a Personas Defensoras y Periodistas en Segob, pero la burocracia del mismo imposibilita la implementación de las medidas necesarias”, observó.

Por ello exigen a las autoridades a desmontar las causas que generan la violencia, revertir la criminalidad, erradicar la corrupción y ofrecer verdad y justicia para las víctimas, para evitar la reedición de las violaciones a los derechos humanos que lacera la vida de los pueblos indígenas de la Montaña.

Testimonios

Durante la conferencia de prensa para dar a conocer la campaña, Maribel Pérez Espinobarros, hermana de Ángel Pérez Espinobarro, asesinado y calcinado con su esposa y sus dos hijas menores de edad (12 y 4 años de edad), y hallados el pasado 30 de marzo del año pasado en un camino de terracería de la comunidad de Aquilpa, municipio de Tlapa de Comonfort, indicó que a la fecha las autoridades correspondientes no les ha dado respuesta sobre el caso.

Su familia, recordó, era del municipio de Huitlatzala, municipio de Zapotitlán Tablas, y a más de un año del crimen, “hoy pedimos justicia para estas niñas, esta mujer que asesinaron, no sabemos cómo… las torturaron, queremos creer, no sé qué tanto les hicieron, la familia ha sufrido mucho y tuvimos que dejar el pueblo con ayuda de algunas autoridades porque fue una muerte muy cruel, no sabemos por qué y queremos justicia, que las autoridades nos hagan caso”, manifestó Maribel.

Ejemplificó que es fecha que la Fiscalía General de Justicia del Estado ordenó la necropsia de los cadáveres, y no saben cómo murieron.

Asimismo, Catalina Velázquez Moreno, madre de la mujer Na’Savi, Aurelia Vázquez Velázquez, de Cochoapa el Grande, y de quien no tiene noticias desde el 12 de mayo del año pasado, recordó su caso, explicó que ahora ella está a cargo de los tres hijos de su hija que procreó con Santiago Esteban, quien fue asesinado en su domicilio y era hijo del director de Seguridad Pública del municipio, Emilio Esteban.

Contó como Emilio Esteban, con apoyo de la Síndica del Ayuntamiento, buscaron incriminarla, pues desde un principio el suegro sostuvo esa teoría e incluso su hija estuvo retenida por la Fiscalía, sin embargo, al aplicársele la prueba de rodisonato de sodio, no se comprobó que ella hubiese disparado algún arma de fuego. Catalina Velázquez dijo que ha escuchado rumores en su comunidad, de que la van a matar por pedir justicia por su hija, cuando ésta se fue a casa de sus suegros y de allí, “ya no volvió”.

(Jorge Nava)