La Comisión Técnica de Transporte y Vialidad del Estado de Guerrero oficializó un ajuste a las tarifas del transporte público que entrará en vigor en la primera quincena de abril de 2026, aún cuando ya lo había aplicado los concesionarios.
Sin embargo, el anuncio ha desatado una ola de indignación entre los usuarios de Chilpancingo y Acapulco, quienes denuncian que el incremento no se justifica ante la crisis de seguridad, la falta de mantenimiento de las unidades y el comportamiento prepotente de los operadores.
Según el comunicado emitido por el Gobierno del Estado, la decisión es producto de mesas de trabajo con el sector transportista.
El argumento principal para el alza es el incremento en el precio de los combustibles y los costos de operación.
A cambio, los concesionarios se comprometieron a “mejorar la calidad del servicio y las condiciones de las unidades”, mientras que el estado prometió programas de profesionalización y apoyos económicos.
Acapulco: Entre el caos auditivo y la conducción temeraria
A pesar de las promesas de mejora, la realidad en las calles de Acapulco cuenta una historia distinta.
Usuarios denuncian que los operadores de camiones urbanos y colectivos amarillos mantienen comportamientos más cercanos a la delincuencia que al servicio público.
Las quejas son constantes: música a niveles ensordecedores y el uso indiscriminado de cornetas ruidosas en la zona de la Costera que generan una contaminación auditiva insoportable.
A esto se suman las peligrosas «carreritas» entre rutas como Base-Rena, Base-Zapata y los camiones de aire acondicionado, poniendo en riesgo la vida de los pasajeros.
Además, los ciudadanos critican que los concesionarios se niegan a invertir un solo peso en renovar sus vehículos, esperando que sea el gobierno quien sufrague la modernización de sus unidades.
La voracidad tarifaria también es un reclamo central: conductores de colectivos amarillos aprovechan cualquier lluvia, tragedia o simplemente la llegada de las 11:00 PM para imponer tarifas arbitrarias y excesivas que nunca han sido autorizadas por la autoridad.
Chilpancingo: Abandono y falta de certeza
En la capital del estado, el descontento no es menor. A través de redes sociales, ciudadanos han denunciado que muchas rutas de «combi» o Urvans dejan de prestar servicio a las 8:00 PM, dejando a cientos de trabajadores y estudiantes varados, afectando gravemente la economía local.
Asimismo, existe una fuerte exigencia para que las autoridades obliguen a los transportistas a portar el oficio de autorización con firma y sello oficial de manera visible, ya que muchos ya han comenzado a cobrar 10 pesos de manera anticipada y arbitraria antes de la fecha establecida (abril de 2026).
El reclamo social: «¿Mejores condiciones para quién?»
«¿Mejores condiciones al usuario? ¿A qué se refiere?», cuestionan internautas ante la falta de resultados de acuerdos anteriores.
El sentir generalizado es que el ajuste solo beneficia el bolsillo de los transportistas sin que exista una verdadera supervisión estatal que garantice unidades limpias, operadores capacitados y, sobre todo, un trato digno al pasajero.
Mientras el gobierno busca mantener la «viabilidad del servicio», para el guerrerense de a pie, el aumento representa un golpe más a la canasta básica en un estado donde el transporte público es percibido por la ciudadanía como uno de los más caros y deficientes del país.
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