* Astudillo, el gran desafío

Zapata 21

Octavio Augusto Navarrete Gorjón

Fotos: Bernandino Hernández

Para Hugo Olea Camacho, que acaba de recibir el Premio Nacional de Excelencia Académica; galardón merecido que llena de orgullo a sus padres, a sus amigos y a sus maestros; entre los cuales me cuento.

                                                   I

Héctor Astudillo pronunció la frase exacta, la mejor que ha expresado en su gobierno. “Gobernar Guerrero es un desafío para cualquiera que fuera gobernador”, dijo, en un lance cuya amplitud involucra temas que van más allá de la coyuntura. Otro dato que es muy importante es que fue una respuesta ‘a bote pronto’; es decir, no hubo espacio para elaboración previa ni para el cálculo de dividendos políticos. La afirmación fue en respuesta a un reportero que le preguntó sobre el informe que acaba de hacer público el Instituto para la Economía y la Paz (IEP), que señala que Guerrero continúa siendo el estado menos pacífico (un eufemismo para endulzar el dato; el nombre correcto es el de ‘estado más violento’). En ese mismo informe el estado tiene la peor calificación en eficiencia del sistema judicial, el mayor número de delitos cometidos con arma de fuego y, por supuesto, el mayor número de homicidios. El año pasado el estado tuvo la más alta tasa de homicidios, con 54.5 por cada cien mil habitantes. Dice el informe que esa tasa representa una ligera mejoría con respecto al año 2012, que tuvo una tasa de 66 homicidios por cada cien mil habitantes. También apunta el estudio que la tasa del 2015 es más del doble de la registrada en el año 2014.

El informe destaca una tendencia hacia una mayor impunidad de homicidios.  Al respecto pone como ejemplo que en el año 2007 había cuatro condenas por cada cinco casos de homicidios, en 2013 sólo había una condena por cada cinco asesinatos en el país (es de suponer que el caso de Guerrero es más grave aún). Finalmente, el informe registra una disminución de las tasas de delitos como extorsión, secuestro y delitos contra la salud pública, que en promedio han disminuido un 10 por ciento. Para finalizar alerta que la tasa de homicidios se disparó y podría indicar un cambio hacia formas más graves de violencia. (El Sur, viernes 8 de abril del 2016)

El reporte que comentamos y que motivó la afortunada frase del gobernador no habla de datos de este año, pero un recuento de los delitos cometidos dice que en los tres meses que van del 2016 hubo en Guerrero 527 homicidios; casi seis diarios, más del doble de los que hubo en el mismo periodo el año pasado.

II

Dejemos el informe, vayamos al análisis. El deterioro de la convivencia social ha escalado a límites intolerables; es indicador de profundos procesos habidos en la relación entre política, economía y seguridad pública. Datos más nuevos, como el dado hace dos días por el INEGI en el sentido de que en Guerrero el 97 por ciento de homicidios quedan impunes, representan una verdadera tautología. ¿Cuántos agentes del ministerio público, policías, actuarios y trabajadores forenses se necesitarían para abatir ese dato?  Si hay seis homicidios diariamente es obvio que el personal que actualmente se ocupa de las tareas de investigación no es suficiente para el procesamiento de los responsables.

Esa realidad escalofriante no llegó sola, los últimos tres gobiernos federales se encargaron de escalar sus relaciones con los criminales hasta confundir en una sola expresión gobierno-crimen organizado. Lo que comenzó como una relación esporádica de algunos delincuentes con la política (esencialmente en tiempos electorales) terminó siendo un amasijo de intereses que constituye una verdadera relación orgánica, donde ya no es posible distinguir dónde termina el poder del Estado y comienza el de las mafias.

III

Ante los problemas de legitimidad que tenía Felipe Calderón Hinojosa, inventó una supuesta ‘guerra contra el narcotráfico’ y sacó al ejército de sus cuarteles. Fue una trampa, desde entonces todo crimen que se comete es atribuido a esa ‘guerra’ y es muy común encontrar afirmaciones en el sentido de que ‘la guerra contra el narco ha costado tantos miles de muertos’.

A la inclusión del ejército siguió la utilización de la Armada de México en tareas de seguridad pública y combate a los criminales; los marinos han tenido acciones muy lejos de sus bases navales, en entidades que ni siquiera tienen litoral, como Zacatecas, Puebla y Morelos. La labor de los infantes de marina ha sido selectiva, quirúrgica y con un gran apoyo en trabajo de inteligencia.  Es un secreto a voces que se recurrió a ellos por la penetración que tienen los criminales en otros cuerpos armados. En conclusión, todas las fuerzas  armadas legales se inmiscuyeron (o, mejor dicho, fueron inmiscuidas) en un proceso que si bien nunca ha sido una guerra franca, se le parece.

IV

La afirmación del gobernador es muy buena porque rompe una cadena de exabruptos que parecía que no tendrían para cuándo terminar. Comenzó su mandato atendiendo el tema de la violencia en forma extraña. Fue víctima de un charlatán que recomienda “consagrar” a los Estados (con mayúscula, que se refiere a territorio, gobierno y población) para que mediante el conjuro disminuyan los episodios de violencia. Todavía tuvo reparos y no fue el gobernador en persona el que invocó la consagración, sino su secretario general de gobierno, Florencio Salazar Adame, que con voz engolada pronunció las frases que pondrían a los guerrerenses a salvo de las fuerzas del mal: “Yo, Florencio Salazar Adame, secretario general de gobierno, en nombre del gobernador Héctor Astudillo Flores, consagro el estado de Guerrero para que Dios nos libre de la violencia y nos traiga la paz”.  Diosito debe estar muy ocupado porque a partir de la consagración la violencia criminal se disparó hasta llegar a los datos que comentamos. Un alto jerarca católico le dijo al de la pluma cuando le pregunté por ese acto digno de un chamán, no de un religioso o estadista: “no les va a funcionar, con la izquierda se lo consagran a Dios y con la derecha se lo consagraron al narco”.

Después de la consagración que no funcionó (esperemos que el brujo que la recomienda haya regresado los millones que se le pagaron) el gobernador Astudillo comenzó una verdadera cadena de declaraciones en torno al tema del narcotráfico. Primero dijo que debería analizarse la legalización del cultivo de la amapola, reconociendo el alto número de empleos que genera; al otro día filtró a la prensa que dicha propuesta era federal y no estatal, aunque no se aclaró qué dependencia o funcionario la está proponiendo.

Antes de esa declaración, el obispo Salvador Rangel Molina había propuesto un diálogo con los criminales para disminuir los índices de violencia. Por fortuna el gobernador salió inmediatamente a la palestra a descalificar cualquier intento en ese sentido; también el arzobispo Garfias Merlos, que puso orden en sus filas. Sin embargo Astudillo Flores siguió dando tumbos sobre el tema, hasta afirmar que el problema no se resuelve de un día para otro porque ‘los delincuentes son muchos’. Así siguió en un tono justificante hasta concluir con una verdad de Perogrullo: ‘el combate es difícil debido al halconeo’. Esta última afirmación la hizo después de conocer los abrumadores datos que comentamos.

V

La afirmación de que “Guerrero es un desafío para cualquiera que fuera gobernador” es definitiva, tiene una gran fuerza argumental y puede significar un golpe de timón importante sobre el tema. En primer lugar el horizonte temporal al que alude rompe con el lugar común y el corto plazo; si significa un desafío para cualquiera que ostente el poder ejecutivo quiere decir que la situación actual tampoco es producto de un solo gobernante que hubiera cometido algunos graves excesos. El dicho de Astudillo derrumba de un solo golpe las infames campañas publicitarias contra Ángel Aguirre y Rogelio Ortega. Hay sesudos analistas que le achacan en sus artículos todos los males del mudo a los nueve meses que gobernó Ortega Martínez. No está por demás decir que dichas infamias son promovidas por el financiamiento, el espionaje y los dichos públicos del secretario de gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.

Por otra parte, el término ‘desafío’ implica un problema grave, no epidérmico ni circunstancial, sino profundo y estructural. Esa declaración invalida el dicho de que ‘los delincuentes son muchos’ y de que el combate a la violencia se dificulta por el ‘halconeo’ (buenos que somos los mexicanos para verbalizar sustantivos; halcón es un nombre, no un verbo; a partir de ahora debe registrarlo la Real Academia, el fenómeno existe). Si algún asesor llevó al gobernador a pensar que el problema de la violencia era por la existencia de muchos criminales, antes tuvo que asimilar que el fenómeno era epidérmico, sencillo y común a cualquier sociedad. No era cierto, el problema radica en la interrelación entre criminales y los que desde el gobierno los protegen, no importando si son muchos o pocos; el problema es la estructura gubernamental que los cobija. Ese dato estructural recibe un nombre propio, que todo el mundo conoce: impunidad. La impunidad tiene que ver con la actividad de gobierno, no con los particulares; si existe impunidad se alientan más crímenes y más impunidad en un círculo vicioso cuyo origen es la estructura del gobierno, permeada por toda clase de fuerzas ilegales.

VI

La frase del gobernador Astudillo tiene además una pertinencia absoluta. Se pronunció cuando en México y en todo el mundo se está cuestionando la estrategia del gobierno contra el narcotráfico. A nivel externo organizaciones como Amnistía Internacional y las comisiones de derechos humanos de la ONU y la OEA le están reclamando al gobierno cada vez con más fuerza que reconozca la existencia en México de una crisis de derechos humanos. El asunto tiene en la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa uno de sus puntos más agudos, pero lo que está en el centro del cuestionamiento es el gran número de asesinatos y desapariciones que ha habido en México en los últimos siete años.

Un fiscal italiano, el mismo que derrotó a las mafias de Sicilia y Córcega, propuso ya una intervención directa en México de organismos que ayuden al gobierno mexicano a resolver su problema de derechos humanos. El reclamo no se basa sólo en la ética, asoma en los dichos del fiscal otro asunto de fondo que por primera vez se está tratando: el hecho de que el Estado mexicano obtiene una gran parte de su renta nacional del trasiego de drogas. El fiscal dice que México debe tener sanciones por esa competencia desleal que le hace al resto del mundo debido al enorme excedente que obtiene de los negocios sucios. Va más allá, propone una línea firme de intervención internacional para ayudar a lo que él llama ‘las fuerzas sanas del país’, que, según dice, no tienen los medios para luchar por sí mismas contra el flagelo del narcotráfico.

Las declaraciones del fiscal merecieron la respuesta del gobernador Astudillo, que dijo que eran afirmaciones temerarias. Lo expresó casi al mismo tiempo que se publicaban los datos de Guerrero como el estado ‘menos pacífico’. Es de llamar la atención que ni el presidente Peña Nieto ni la canciller Claudia Ruíz Salinas se hayan tomado la molestia de responder a tan severos cuestionamientos de un personaje prestigiado precisamente por sus lucha contra los capos en Italia. El gobierno mexicano siguió aquí la misma línea que tiene frente a las insolentes declaraciones del precandidato republicano Donald Trump, donde ha mandado a declarar a Felipe Calderón y al ex presidente Vicente Fox; lo de Calderón fue tomado como lo que son: los dichos de un borracho; a Fox le contestó Trump en la forma tronante en que generalmente lo hace. El caso es que la del gobernador Astudillo fue la única voz que se escuchó sobre el tema; menos mal que el fiscal ya no respondió; con la publicación de los datos que comentamos tenía material suficiente para dejar quieto a nuestro gobernante.

Escribimos estas notas cuando la canciller Ángela Merkel le dijo a Peña Nieto que el gobierno alemán estaba dispuesto a cooperar con el mexicano en el tema de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, para luchar contra los criminales y para promover que las policías no se involucren con la delincuencia organizada.  Dijo más, que a pesar de las reformas peñistas y los supuestos esfuerzos oficiales persiste el deterioro de los derechos humanos. Hay que leer estas declaraciones entre líneas; la canciller habla en términos diplomáticos (como manda el protocolo en la visita de un gobernante extranjero) pero con su actitud está diciéndole a Peña que el tema de Ayotzinapa no está concluido con la verdad histórica de Murillo Karam (si así fuera no tendría por qué proponer colaboración). Al mencionar que el gobierno alemán está dispuesto a ayudar a que se saneen las dependencias policiacas mexicanas se está reconociendo también que continúan bajo el mando único del crimen organizado (ese mando único está vigente desde hace mucho tiempo; en Iguala, en Veracruz y en Zacatecas los policías detuvieron a los muchachos desaparecidos; en todos los casos se los entregaron a sus verdaderos jefes: los mafiosos).

Ángela Merkel lo dijo en Berlín, en una conferencia conjunta con Peña Nieto, quien tuvo que admitir a regañadientes que el gobierno está dispuesto a recibir ayuda en esos temas. En otros tiempos los dichos de la canciller podrían haberse interpretado como una grosera intervención en los asuntos mexicanos, hoy Peña sólo baja la cabeza; una forma de admitir que es la conducta de los políticos mexicanos lo que abrió la puerta para este tipo de vergüenzas. Eso fue el martes; no tuvo mejor suerte en Dinamarca, donde el primer ministro Lars Lokke Rasmusen tuvo que decir en la conferencia conjunta que trató en privado con Peña Nieto el asunto de las graves violaciones a los derechos humanos que se producen en México. En ambos casos, afuera de los recintos donde hablaban los gobernantes, vigorosas manifestaciones de protesta no dejaban de gritarle a Peña ‘asesino, renuncia por vergüenza y vivos se los llevaron, vivos los queremos’. Por desgracia no era todo, un día después de la visita a Alemania, el Departamento de Estado de Estados Unidos dio a conocer el informe anual sobre la situación de derechos humanos en el mundo donde destaca el informe del GIEI sobre el caso Ayotzinapa, al otro día, Estados Unidos y Canadá recomendaron a sus ciudadanos no viajar a Guerrero por la situación de violencia que prevalece en la entidad. La semana cerró el domingo con las declaraciones de Hilary Clinton en el sentido de que ‘está muy preocupada por la situación de derechos humanos en México’.

Existe ya un consenso internacional en la caracterización de México como un Estado problema. Las declaraciones de los políticos e instituciones internacionales no marchan solos. Hace un mes, casi al mismo tiempo que declaraba el fiscal italiano, una corte de Florida admitió la demanda de noventa clientes norteamericanos contra Citi-Group-Banamex en relación a conductas supuestamente ilícitas.  El juicio que está por abrirse volverá a ventilar el asunto de Oceanografía y se espera que sea la investigación sobre la más grande operación de lavado de dinero en la historia de la humanidad.  Después de una conducta vacilante, apenas ayer el gobierno aceptó participar en la cumbre mundial contra las drogas, donde se dudaba de la presencia del presidente Peña Nieto. Es posible que en esa cumbre se ventilen por primera vez a nivel internacional y en un espacio oficial las declaraciones del fiscal italiano acerca de la renta ilegal que obtiene nuestro país por el tráfico de estupefacientes. Ni las mentalidades más antipatriotas esperaban que México estuviera algún día en esta situación tan lamentable, hasta hace quince años la voz de los mexicanos en el exterior era una de las más respetadas. ¡A qué abismo tan profundo arrojó al país la ambición desmedida de muchos políticos sin escrúpulos!

VII

Si a nivel internacional el tema de la vinculación orgánica del Estado mexicano con los criminales está siendo voceado a todos los niveles, en el aspecto local el asunto está peor. Aquí comenzó con una frase de doble filo dicha por una líder de comerciantes: ‘o le pagamos impuestos al gobierno o le pagamos la cuota a la maña, no podemos hacer las dos cosas’. El asunto derivó en una convocatoria de muchos comerciantes para pactar con los criminales. El tema se fue abriendo espacio por el alto número de crímenes que hubo incluso en la semana santa, también por un fenómeno muy triste: el cierre de negocios en la ciudad de Chilpancingo y la emigración de sus dueños, que no soportan ya el cobro de cuotas.

Guerrero siempre ha sido un gran expulsor de habitantes; se van a Estados Unidos o Canadá o por temporadas más o menos largas a trabajar en los campos de cultivo del norte de México. Esa migración está formada por personas muy pobres que buscan una manera honesta de sobrevivir; en muchos casos nunca regresan y terminan realizando sus sueños y llevándose a toda su familia. De todos modos es triste que se vayan, nos hacen falta. Pero la migración de que hablamos ahora es de personas preparadas, que no tuvieron que salir de su patria o su estado para progresar; ellas mismas crearon sus propios empleos y abrieron otros puestos laborales para muchos guerrerenses.  Son emprendedores exitosos en su propia tierra. No se van porque no puedan, se van por dignidad, porque no soportan las extorsiones y porque no hubo un gobierno que los protegiera de los criminales. Héctor Astudillo gobernó dos veces la capital del estado, no lo hizo mal; muchos de los que bajan cortinas y se van son sus conocidos, seguramente votaron por él. Los pobres se van con ilusiones de realizar sus sueños; los migrantes de ahora se van con tristeza, en la incertidumbre, en la angustia de no saber si volverán a tener éxito en sus nuevos emprendimientos en tierras cercanas o remotas. Los primeros migrantes eran jóvenes, algunos de los de ahora están en plena madurez y apenas se acercaban a la etapa del descanso después de una intensa vida productiva. La migración de los pobres es triste; la de ahora es una tragedia que nos estalla en la cara, que nos interpela y nos reclama el abandono en que los gobernantes tienen a su pueblo, a merced de los criminales.

Ese es el caldo de cultivo que propició que una propuesta tan descabellada  aparezca ahora como la gran solución. Doña Laura Caballero es muy protagónica; hoy declara como turistera y líder de comerciantes, mañana como parte de la sociedad civil. Pero su afán de protagonismo (que no tiene por qué censurarse) encontró en esta triste etapa del estado de Guerrero motivos suficientes para que muchos la acompañen; acaba de declarar que más de cuarenta organizaciones están de acuerdo con sus planteamientos. Le creemos; tengo amigos empresarios que comparten los propósitos de la señora Caballero; algunos me han dicho con una legitimidad, una lógica y una elocuencia que ya quisieran muchos políticos: “la propuesta es buena, lo único que estamos proponiendo es lo que el gobierno hizo desde hace mucho tiempo, pactar con los criminales; el gobierno lo hizo en la obscuridad, nosotros queremos hacerlo a la luz pública. Tenemos una doble tributación, pagamos impuestos al gobierno y a la maña; ahora vamos a hablar con los que verdaderamente mandan”.

VIII

Es evidente que esta situación es indicador del hartazgo social. La gente no se traga que Guerrero esté permanentemente ocupado por policías y militares y ni por accidente eviten un homicidio o se topen con alguien que acaba de delinquir. Impunidad, es la palabra más utilizada en todas las conversaciones.  Puede ser descabellada la propuesta de la señora Caballero, pero es consecuencia lógica de todos los bandazos, los golpes de ciego y las ocurrencias con las que el gobierno ha encarado el tema del narcotráfico. El gobierno ya tiene pocas opciones, se tardó demasiado en definir una estrategia clara; dejó hacer y hoy es algo verdaderamente difícil de afrontar con éxito.

En el estado tenemos muchos asesinatos, desplazamientos forzados de habitantes de comunidades serranas (la sierra de San Miguel Totolapan es un desierto, sus habitantes se trasladaron en comunidades enteras hacia la cabecera municipal, Ajuchitlán del Progreso y Tecpan de Galeana). Por si eso no bastara, en las ciudades es insoportable el cobro de cuotas por parte de los criminales, lo cual hace que muchos comercios caigan en la informalidad y otros empresarios pequeños y medianos hayan decidido abandonar el estado, principalmente en Chilpancingo, la otrora apacible capital de Guerrero.  Instituciones completas como nuestra universidad pública viven bajo el amago constante de los delincuentes; en la periferia de Acapulco los profesores suspenden clases muy seguido debido a las constantes extorsiones y amenazas.

 IX

Para atender un problema lo primero es definirlo. Astudillo ya lo hizo, aunque sea en forma abstracta ya lo definió como un desafío; debemos agregar algo: es el gran desafío, no del gobierno ni de Astudillo Flores, sino de la sociedad guerrerense contemporánea. Las instituciones extranjeras que se encargan de dar seguimiento y atender el tema lo definieron desde hace tiempo con mayor precisión; no estamos ante una crisis de seguridad, ni ante casos esporádicos de penetración de las bandas en los cuerpos policiacos; estamos ante una grave CRISIS HUMANITARIA. Tiene meses que se está presionando al gobierno mexicano para que reconozca la existencia de esta crisis. La negativa sólo se explica por soberbia o por complicidad con los criminales.

El gobierno está ante graves disyuntivas; si se establece el diálogo de los ciudadanos con los criminales ¿En dónde queda el estado de derecho? De consumarse ese despropósito se habrá aceptado que en Guerrero y México son las bandas las que tienen el verdadero poder; de ese pensamiento será fácil deslizarse a posiciones nihilistas que nieguen y cuestionen la existencia del Estado Nacional. En ese caso no tan remoto ¿En qué papel queda el ejército mexicano? ¿Regresará a sus cuarteles con una derrota frente a las bandas? He aquí la mayor perversidad de la llamada guerra que declaró Felipe Calderón. Siempre será más fácil sacar al ejército de sus cuarteles que regresarlo; hoy el Ejército Nacional Mexicano (que tal es su denominación oficial) no puede volver a sus bases sin una clara y contundente victoria sobre las bandas criminales. Ningún cuerpo armado irregular, ni todos juntos, pueden tener la capacidad de fuego, la disposición de personal, el entrenamiento, el espíritu de cuerpo y la cobertura legal que tiene el ejército para batir a los delincuentes.  No lo ha hecho por la complicidad de los políticos con las fuerzas que supuestamente combate el ejército de todos los mexicanos. Hay algo que esa complicidad ha lesionado y es tiempo de decirlo: la moral de combate. La guerra de Felipe Calderón fue una emboscada contra las fuerzas armadas.

X

Está mal que se diga, pero todavía no hemos tocado fondo; viene el deterioro grave de las finanzas estatales porque está disminuyendo la base de contribuyentes por los negocios que cierran; muchos de los que se quedan caerán en la informalidad. La delincuencia tiene un apetito voraz, la salida de contribuyentes de sus cuotas informales hará que se disparen las de aquellos que decidan quedarse.

En los próximos meses veremos de qué está hecho Héctor Astudillo. Ya perfila un golpe de timón con la afirmación que abre este ensayo; falta que convoque a toda la sociedad a hacer lo pertinente para que salgamos de la crisis. No fue el gobernador el que la originó, pero es su gran responsabilidad encabezar los esfuerzos de todos por darle fin. No hay que dejarlo solo en estas aguas turbulentas, llegó la hora de encarar el problema; Guerrero y México todavía tienen grandes reservas morales para revertir esta realidad; hay que hacerlo por nosotros mismos y sobre todo por las generaciones de guerrerenses que vienen detrás, una realidad que ahoga cualquier esfuerzo productivo, que mina la solidaridad social, que lastima la convivencia pacífica, que destroza a nuestros jóvenes y niños no sólo por el consumo de enervantes, sino por una cultura de odio y muerte que canta la falsa gloria de los capos.

Tal vez sólo era una frase de campaña, pero Héctor Astudillo le atinó. La gente votó por orden y paz; es tiempo de comenzar a hacerla realidad.

CORREO CHUAN

Al cerrar este ensayo el hilo de Iguala comienza a deshebrarse; nueva información fluye y confirma las peores sospechas de los padres de los jóvenes desaparecidos y de gran parte de la sociedad. La CNDH afirma tener testigos protegidos y filtra una conversación entre policías federales y su supuesto jefe, donde se les ordena entregar a los muchachos que tienen (que no son los 43, sino sólo una parte) al “jefe”, que los estaría esperando en Huitzuco. La investigación dará una voltereta y se consignará pronto cuando menos a cuatro policías federales. Recordemos las primeras declaraciones de los estudiantes sobrevivientes que afirman que los que dispararon sobre el segundo autobús, donde iba la mayoría de desparecidos, iban vestidos de negro, con cascos y rodilleras de fibra de vidrio. Ese es el uniforme de la policía federal, no de la de Iguala o Cocula. Recordemos también el dato de que los muchachos vieron cómo los uniformados recogían todos los casquillos percutidos mientras uno de los jóvenes lo increpaba en una grabación obtenida de su celular: ¿Por qué recogen los casquillos? ¡Perros, ya saben lo que hicieron!

En las próximas semanas veremos los primeros desenlaces de este nuevo dato, es posible que Peña Nieto le dé un giro a un tema que ya lo ha castigado mucho; no hay (ni habrá) lugar en el mundo donde se pare y no le griten, lo interpelen y lo insulten por esta grave violación a los derechos humanos. Un dato adelantado de ese golpe de timón lo podemos percibir en la disculpa pública que en este momento está dando a los padres de los normalistas la procuradora Arely Gómez por haber hecho público el cuarto peritaje sobre el basurero de Cocula. Por lo pronto Osorio Chong debe quedar fuera de cualquier interlocución con los padres de los muchachos; el hecho de que la policía federal (que no depende directamente de él, pero que es imposible que no supiera su grado de involucramiento) haya sido una de las agresoras lo coloca en grave señalamiento, pues el secretario debe haber tenido ese dato.  De hecho los primeros reportes de la policía federal se producen horas antes, cuando los jóvenes salen de la Normal y un comandante le ordena a la pareja de agentes que cuidaba la escuela que los siga. El mundo al revés: el funcionario de más alto rango encargado de la interlocución con los padres ocultó información importante sobre el evento. Es una burla imperdonable.

Ahora se puede sopesar cabalmente la prisa de Osorio Chong para terminar con la Normal Raúl Isidro Burgos (igual que hizo con la de El Mexe cuando gobernó Hidalgo). Hace un año dispuso la ocupación militar de ese centro de estudios; sólo la enérgica negativa del entonces gobernador Rogelio Ortega impidió que se consumara ese despropósito. La actitud vigorosa de Ortega le ahorró a Peña Nieto una escalada del conflicto y un deterioro mayor de su imagen. Ya son muchos lastres que carga Peña Nieto por culpa de Osorio Chong: es el hombre que retiró al Cisen del seguimiento interno del Chapo Guzmán en el penal del Altiplano, fueron agentes bajo su mando los que borraron los videos de la visita de la diputada panista de Sinaloa al capo; lo que se descubre ahora sobre el tema de Iguala es grave, pero sólo es la cereza del pastel. Sus aspiraciones presidenciales se han convertido en sueños guajiros: te fuiste biela.

El correo chuan dice que el gobernador Astudillo podría aprovechar la coyuntura nacional y rediseñar un plan PROPIO para combatir la criminalidad en el ámbito de su competencia. Tiene principios y tablas y se nota que está todavía en la parte ascendente de su curva de aprendizaje. No hay que dejarlo solo, la sociedad debe acompañarlo a él y no a los que quieren pactar con criminales. También dice el chuan que Osorio Chong no puede mirar a los ojos de los padres de los normalistas desaparecidos; ocultó información y esperemos que pronto sea llamado a juicio por sus omisiones. Zapata 21 es una dirección de bellos recuerdos.

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