México a la deriva…
y sin liderazgo
Apoco más de dos tercios de su gobierno, Enrique Peña Nieto debería evaluar su permanencia al frente del Ejecutivo federal, sobre todo ahora cuando el país naufraga a la deriva y se requiere de un liderazgo fuerte con capacidad para hacer frente a la amenaza que representa el nuevo inquilino de la Casa Blanca, pero además que concite y convoque a la unidad de los millones de mexicanos que viven dentro y fuera del territorio nacional.
Peña Nieto ya cargando el costo político del gasolinazo que se dio a partir del primero de enero de 2017, tiene la aceptación del 6 por ciento de los mexicanos, contra la desaprobación del 88 por ciento de su gobierno, según la encuesta del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública del Congreso; es decir, 6 de cada cien mexicanos avala su gestión, según esta última medición; mientras, la encuesta de Reforma, marcó en un 12 por ciento la aceptación presidencial, contra una desaprobación del 86 por ciento.
Un consenso social adverso de tal magnitud en cualquier país medianamente democrático implicaría que el propio Ejecutivo pensando en el bien de su país y de sus gobernados debería presentar su renuncia por motu propio, y no esperar que sea la movilización social callejera la que marque su destino. Con tales números ya no ayuda ni a los propios dirigentes de su partido a plantear una candidatura viable para el 2018.
La figura presidencial desgastada como está se ha convertido en un lastre para el PRI, tal como lo marcan las estrepitosas derrotas sufridas por ese partido en las elecciones de gobernador en 2016, y no se vislumbra que en 2017, puedan retener el estado de México, principal bastión de votos y de recursos del grupo Atlacomulco, al que pertenece el encumbrado político mexiquense. Aunque también habrán de renovarse las gubernaturas de Nayarit, y Coahuila, y las alcaldías en Veracruz.
Es tal la debilidad presidencial que el riesgo de generar un clima inestabilidad en la nación está latente. La crispación social que han provocado cada una de sus reformas y políticas implementadas desde el inicio del sexenio han roto el consenso social tan requerido para el ejercicio gubernamental, cuyas acciones han ido en detrimento de todos los sectores sociales del país.
La imagen de los empresarios del país protestando en el Ángel de la Independencia –nunca antes vista- por ser incluidos como sujetos obligados en la rendición de su 3 x 3, en caso de ser proveedores o contratistas de alguna instancia de gobierno, como parte de la reforma en materia de transparencia y rendición de cuentas, capitulo que al final fue derogado, tras una reunión del sector empresarial en Los Pinos, da cuenta del pasmo que hay en todas las clases y estratos sociales por las políticas implementadas en este sexenio.
El enfrentamiento con la cúpula de la Iglesia católica, que se opone a su iniciativa que lanzó para legalizar los matrimonios igualitarios, han dejado un saldo desastroso para la imagen presidencial. El declive de la imagen presidencial comenzó con la primera reforma fiscal que propuso en 2013 para su aplicación en 2014 que incluyó incrementar el IVA del 15 al 18 por ciento, que ahora abarca alimentos y medicinas.
Posteriormente, devino el escándalo mediático de la Casa Blanca, que involucra al presidente en un conflicto de interés con su principal contratista de la obra pública en el actual sexenio, Juan Armando Hinojosa, del Grupo Higa, cuya relación data desde cuando el mexiquense fue gobernador. Después, la crisis de derechos humanos que exhibió el caso de la matanza de estudiantes normalistas de Ayotzinapa y la desaparición de 43 alumnos ocurrida en septiembre de 2014 en Iguala, representó un duro golpe a la imagen presidencial a nivel internacional.
El caso exhibió la impunidad y debilidad institucional que existe en el país, donde hay más de 26 mil casos de personas desparecidas, y un sinnúmero de homicidios y femenicidios sin esclarecerse.
La situación de violencia e inseguridad que prevalece en todo el territorio nacional, donde el crimen organizado en sus diversas variantes controlan bastas regiones del país, incluido la mayor parte del estado de Guerrero, donde día con día afloran vínculos de políticos con los delincuentes, y las autoridades han mostrado incapacidad de frenar el baño de sangre que se vive todos los días en México.
Al escándalo de corrupción por la Casa Blanca, siguieron las reformas estructurales acordadas en el Pacto por México, al que se sumaron al PRI, el PAN, el PRD, el Panal y el PVEM, y resultaron en el mayor de los fracasos.
Es el caso de la energética, que abrió al capital privado el petróleo que significó un duro golpe al nacionalismo imperante en la mayoría de los mexicanos, cuya expropiación en marzo de 1938 por parte de Lázaro Cárdenas del Río se recuerda en los libros de texto como un acto heroico y de patriotismo.
Sin embargo, con sus reformas educativa y laboral siguió cuesta abajo la imagen presidencial al resultar un duro golpe a la clase obrera, a los trabajadores y al magisterio cuyo gremio supera el millón de afiliados.
La reforma educativa frenada por las movilizaciones en todos los estados, sobre todo del sur sureste del país, devino en parar –de momento- la reforma al sector salud, donde había inquietud en médicos y enfermeras, a las que pretendían retirar el grado de profesionistas, y dejarlas como técnicos, pero sobre todo la enmienda legal llevaba el fin de privatizar la prestación de los servicios de salud a la población.
Para el vergonzoso episodio urdido por el actual canciller, Luis Videgaray Caso siendo secretario de Hacienda de invitar a Donald Trump siendo candidato republicano a Los Pinos, Peña Nieto tenía una caída pronunciada en la aceptación de los mexicanos y su imagen era aprobada por el 22 por ciento; lo que siguió ya con el triunfo del magnate en la Casa Blanca y las humillaciones que en privado y han trascendido a la opinión pública le han traído un mayor desgaste a la figura presidencial.
Así Peña Nieto, si bien el Instituto Nacional Electoral (INE) validó su elección en 2012 llegó cuestionado al cargo por la compra de miles de votos de ciudadanos mexicanos pobres, a los que paradójicamente sus reformas y sus políticas implementadas desde el inicio de su mandato han empobrecido aún más. Por todo eso, pero sobre todo por salud de la nación, Peña Nieto debe dejar el cargo.