En el corazón de la zona turística, justo donde la Avenida Costera Miguel Alemán se cruza con Carabela de la Niña en el fraccionamiento Costa Azul, se erige un símbolo de la impunidad arquitectónica que ha lacerado al puerto por décadas.
Se trata de un establecimiento comercial, hoy denominado simplemente como «Café» tras haber intentado operar bajo el nombre de «Bengala», cuya construcción representa un desafío frontal a las leyes de desarrollo urbano.
El proyecto, que cuenta entre sus principales promotores a la exregidora Mayra Reyna Reséndiz —quien formó parte del cuerpo edilicio en el trienio de Adela Román Ocampo—, se ha convertido en el epicentro de un debate sobre cómo el contubernio entre empresarios y el poder político permite la apropiación de espacios públicos mediante el uso sistemático de la corrupción y el vacío legal.
La gravedad del caso radica en que el propio empresario presentó documentos que terminaron por sentenciar su irregularidad, pues como señaló Juan José Ayala Villaseñor, secretario técnico de la Presidencia municipal de Acapulco, el alineamiento que los mismos promoventes entregaron para su construcción especifica un área de 30.3 metros cuadrados frente a una conocida farmacia donde cualquier tipo de edificación está estrictamente prohibida por el Plan de Desarrollo.
Ayala calificó este hecho como un documento incontrovertible del que todos pueden partir, señalando que más allá del evidente daño visual y la obstrucción para quienes caminan por esa banqueta, existe una confesión de parte en los archivos técnicos ya que ellos mismos presentaron el papel que dice claramente que no se puede construir ahí y, aun así, avanzaron sin contar con una licencia de construcción válida.
La cronología del abuso revela un historial de desacatos que inició en febrero de 2016 con la expedición de una constancia de alineamiento que ya marcaba la restricción, pero que fue ignorada sistemáticamente mientras se levantaba el local de forma ilegal.
A pesar de que la autoridad procedió a realizar clausuras en dos ocasiones, los responsables intentaron una maniobra de última hora en enero de 2026 presentando un uso de suelo para cafetería y venta de proteínas que pretendía ignorar las restricciones originales de 2016, buscando legalizar a posteriori una estructura que nació fuera de toda norma.
Esta situación pone al descubierto una realidad dolorosa para Acapulco sobre el aprovechamiento de una legislación que, tras siete años de omisión gubernamental, permite regularizar a quienes invadieron espacios públicos si ninguna autoridad objetó nada en ese tiempo, un esquema de «impunidad por reloj» que administraciones pasadas permitieron activamente al no actuar frente a las invasiones o apropiación de espacios.
Juan José Ayala explicó que este fenómeno de adueñarse de los espacios por complacencia del Ayuntamiento no es un caso aislado, ya que la administración actual se encuentra atendiendo otros cinco o seis casos de similar naturaleza en diversas zonas de Acapulco.
Estos esfuerzos de recuperación de la legalidad se compaginan hoy con las acciones de reordenamiento de espacios por parte de Fonatur dentro del Centro Integralmente Planeado, una política que la ciudadanía ha comenzado a agradecer e incluso a exigir, solicitando que la liberación de las vías públicas no se detenga y alcance también el retiro de vendedores ambulantes para devolver la dignidad al libre tránsito.
Mientras el proceso legal contra el café de Costa Azul espera una resolución definitiva en los próximos cuatro o cinco meses ante los tribunales administrativos y de amparo, el municipio sostiene que el objetivo final es la demolición de cualquier estructura que invada la zona de restricción, enviando el mensaje de que el interés común y el Plan de Desarrollo Urbano prevalecerán sobre el influyentismo político.
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