Emitirán alerta de género para 8 municipios de Guerrero por femenicidios: CNDH

• Coyuca de Benítez en la lista junto con Zihuatanejo en la Costa Grande

• El ombudsman federal emitió la recomendación al Congreso del Estado para armonizar la normatividad para las policías comunitarias • Aprobar la Ley general de desapariciones, insta al ombudsman al Congreso federal

 

OSSIEL PACHECO

En ciernes la emisión de la declaratoria de alerta de género por femenicidios en Guerrero por casos suscitados en ocho municipios del estado, entre ellos, Coyuca de Benítez y Zihuatanejo en la Costa Grande, informó el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, quien reveló emitió una recomendación al Congreso del Estado enfocada a la armonización de la legislación ordinaria en la normatividad para las policías comunitarias.

El ombudsman federal dio a conocer que respecto a las recomendaciones emitidas por la CNDH relacionadas con Guerrero habló con el gobernador Héctor Astudillo Flores, quien le precisó que todas están en vías de ser cumplimentadas. “Entiendo que están elaborando un estudio para la armonización, sí están trabajando en el tema de la armonización de la normatividad para las policías comunitarias que planteamos”, agregó.

A su vez, confirmó que hay un proceso para emitir la alerta de género por femenicidios en ocho municipios de Guerrero, y detalló se trata de un proceso establecido en la normatividad que ha sido desencadenado en ocho estados de la república.

“Guerrero no es el único, es un proceso donde el estado tiene la oportunidad ante el desarrollo del proceso de desencadenar acciones para prevenir la violencia de género, en particular los femenicidios y de no instrumentarse las acciones que la comisión le proponga, se emitirá una declaratoria de alerta, vamos a ver qué resultados tiene ese proceso, vamos a ver las respuestas del gobierno y si atiende las circunstancias iremos por el camino adecuado”, detalló.

González dio a conocer que en la reunión sostenida por parte del Colectivo Guerrero es Primero con el gobernador Astudillo se revisó el proceso de alerta de género que tiene el estado para ocho municipios, como son los casos de Coyuca de Benítez, José Azueta, Acapulco, Ometepec, Ayutla de los Libres, Chilpancingo, Iguala y Tlapa, así como la falta de opciones que enfrentan los jóvenes en la entidad que son cooptados por el crimen organizado.

De igual forma se analizó el problema estructural que se tiene en diversas regiones del país que dan pauta a la ausencia de respeto a los derechos humanos, al haber tanta pobreza y desigualdad. “Por ello, es un tema que debemos trabajar desde la CNDH, estamos planteados que los presupuestos de egresos del gobierno federal y de los estados vengan con perspectiva de derechos humanos”, planteó.

-¿Es eminente la declaratoria?

-Sería irresponsable de mi parte cuando quien tiene que evaluar son cerca de cinco o seis instituciones, entre ellos, la CNDH, a partir de información, lo deseable es que sean corregidas las acciones, no se puede desconocer el fenómeno de violencia contra las mujeres, es un problema que debemos erradicar en varias regiones del país, hay que fortalecer nuevamente que no queden en la impunidad las agresiones y las investigaciones cuando se trata de femenicidios se realicen con esa perspectiva de género.

Guerrero es primero es un colectivo sin un liderazgo visible, sino que todos son líderes: hay representantes de la sociedad civil, los rectores de las universidades de Guerrero, empresarios así como las iglesias, y se trata de buscar soluciones a la problemática que se vive en el estado en materia de violaciones a los derechos humanos, y la CNDH está haciendo alianza con este colectivo para trabajar diversos temas.

Este 7 de octubre pasado en un salón del Centro Mundo Imperial, se reunió a puerta cerrada González Pérez con el Colectivo Guerrero es primero, al que acudieron además del ejecutivo estatal, los secretarios, Florencio Salazar Adame, de Gobierno; José Luis González de la Vega, de Educación; y Carlos de la Peña Pintos, de Salud.

“Fueron muy receptivos, el propio gobernador Astudillo ante los propios objetivos que planteó el colectivo de sostener un diálogo permanente con este y otros funcionarios, donde puedan verse temas de educación, salud, y sean atendidos el tema de los desaparecidos en el estado de Guerrero, este encuentro entre este colectivo y las autoridades de gobierno es un primer resultado”, ponderó el ombudsman.

 

Guerrero con mayor número de casos de desapariciones sin resolver

 

Señaló que Guerrero al igual que Tamaulipas y Veracruz enfrentan problemática de casos de desapariciones sin resolver y hay que pasar de la solución a la prevención, luego al esclarecimiento, y al reconocimiento del problema existente.

“En Guerrero está reconocido y se busca atacar, necesitamos prevenir a partir de generar y eliminar las causas que puedan propiciar esto, sobre todo envió el mensaje a los familiares de las víctimas de los desaparecidos y me sumó a su exigencia de buscar su paradero”, manifestó.

En relación al caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, respondió que la CNDH ha venido acompañando a los familiares no solamente en Guerrero sino en Veracruz y en diversas partes del país en la búsqueda de los desaparecidos; precisó sobre el caso Iguala se ha confirmado la participación de policías de diversos municipios, incluso el organismo fue el primero en pedir la investigación de la actuación de la policía municipal de Huitzuco en estos hechos, tal como después lo señaló el propio Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

“También hemos pedido avance en una línea de investigación sobre la presencia de dos policías federales en los hechos, y no solamente hay que pedir por los normalistas desaparecidos sino por cualquier desaparecido en el país, que se dé con el paradero y se den los procesos de investigación y se encuentren los responsables”, indicó.

En cuanto a la línea de investigación que apunta a la participación del Ejército en el caso de la matanza en Iguala, aclaró que la CNDH no investiga delitos sino violaciones a los derechos humanos; ello, corresponde a las procuradurías, y en su caso, ha expresado que no hay indicios que involucren a soldados en violaciones relacionados con la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa.

El presidente de la CNDH admitió que el gran déficit en cuanto a las desapariciones es generar una base de datos confiable que permita determinar cuántas son desapariciones forzadas entendiendo esto cuando hay la participación de un servidor público, o la tolerancia de ellos; cuáles al crimen organizado y cuáles son ausencias.

Se manifestó a favor de hacer una base de datos y asumió que se requiere: uno, tener preparación y profesionalización en las procuradurías de justicia en los estados para realizar una buena identificación de los casos y cada uno de ponga en el cajón debido si corresponde a una desaparición forzada o a una entre particulares.

“Hoy estamos exigiendo, y formulo un exhorto al Congreso de la Unión para que la nueva Ley general de desapariciones sea aprobada en el actual periodo de sesiones con las recomendaciones que hemos formulado sobre los elementos básicos que debe tener la Ley y exista un marco jurídico, que no es mágico, pero habrá ley, pero el gran reto es nuestro país es que se cumpla”, instó.