¿Y dónde están los 43 normalistas? La pregunta exigencia al gobierno

Con la captura de los Abarca suman 59 detenidos, pero la PGR no da con los desaparecidos

OSSIEL PACHECO
¿Y dónde están los 43 normalistas?, es la pregunta exigencia que late en el escenario del México de estos días; desde los hechos mismos cuando ocurrió la matanza de Iguala la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre, y la desaparición forzada, crimen considerado de lessa humanidad, el gobierno federal y estatal parecen naufragar en la búsqueda y siguen sin dar respuestas contundentes sobre su paradero.
Ni el presidente Enrique Peña Nieto en la reunión que sostuvo durante seis horas con los padres de los normalistas desaparecidos en Los Pinos pudo dar respuesta a esta interrogante que ha puesto en jaque la credibilidad y eficacia del gobierno peñista. Ahora la mira de la PGR para conocer qué fue de los estudiantes está puesta en la captura del ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, y de su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa, a quienes ha señalado como los autores intelectuales de la barbarie ocurrida en Iguala.
Con el matrimonio Abarca fue detenida también Noemí Berumen Rodríguez, acusada formalmente por la PGR del delito de encubrimiento al brindar ayuda a ambos, y con ella, suman 59 detenidos, entre policías municipales de Iguala y Cocula, sicarios, halcones y uno de los líderes del cartel Guerreros Unidos, Sidronio Casarrubias Salgado El Chino, pero siguen sin aportar los elementos para dar con el paradero de los normalistas desaparecidos.
Luego de la aprehensión de Abarca y Pineda, -ambos considerados operadores en Iguala del grupo delictivo Guerreros Unidos al que presuntamente fueron entregados los estudiantes en manos de los policías municipales de Iguala y de Cocula-, fueron llevados a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) de la PGR a rendir su declaración ante el agente del Ministerio Público de la federación.
En tanto sigue en calidad de prófugo, el ex secretario de Seguridad Pública municipal, Felipe Flores, quien también es señalado como autor intelectual del ataque y la desaparición de los normalistas; por igual, otro de los personajes claves del entramado que falta por ser detenido está El Cabo Gil, -señalado por la PGR como lugarteniente de Guerreros Unidos- quien supuestamente dio la orden de “levantar” a los estudiantes, y el pasado 31 de octubre, retó al gobierno federal y al presidente Peña Nieto al asegurar que los estudiantes están vivos.
Al cierre de esta edición, de forma oficial se confirmó la detención de los Abarca en un operativo realizado la madrugada de este martes 4 de noviembre por parte de policías federales en una vecindad de la delegación Iztapalapa, en la ciudad de México, aunque esto parece que en nada va a modificar el escenario de inestabilidad social en Guerrero por el caso Iguala, que ha derivado en manifestaciones diarias de solidaridad en calles de todo el país, pero sobre todo en el estado donde siguen las protestas, cierre de carreteras, paros en instituciones educativas, la toma de una veintena de palacios municipales, y edificios públicos.
Lo más reciente, bloqueos a los centros comerciales, como Galerías Diana, y Acapulco, este martes 4, y como ha ocurrido en la capital con Galerías Chilpancingo, y tiendas de autoservicios, donde se dieron saqueos en los últimos días.
Esta oleada de protestas no se detuvo ni con la caída de Ángel Aguirre Rivero, quien solicitó licencia al cargo de gobernador la tarde del jueves 23 de octubre, ni con la designación del gobernador interino Rogelio Ortega Martínez, quien tomó protesta ante el pleno del Congreso del Estado el domingo 26, en medio de un contexto de crisis política y social, que se ha ido agudizando por las protestas que se han ido intensificando.
El nuevo mandatario recibió el espaldarazo del Ejecutivo federal, quien ofreció todo el respaldo de su gobierno para la búsqueda de los normalistas y restablecer el orden en Guerrero; un día después de asumir el nuevo encargo Ortega se reunió con Peña en Los Pinos, donde dieron a conocer un mensaje conjunto, y pidieron a la Asamblea Nacional Popular que las protestas sean realizadas dentro de la ley; en tanto, fue claro el mensaje enviado desde la residencia oficial con la llegada al estado de 10 mil policías federales, y de la Gendarmería para evitar disturbios en Acapulco, Chilpancingo e Iguala.
En este contexto, Peña Nieto por igual, giró la instrucción a la secretaria de Desarrollo Social del gobierno federal, Rosario Robles Berlanga, quien prácticamente opera la pacificación del estado a través de la implementación del Plan Nuevo Guerrero, que sigue su marcha, luego de su pomposo anuncio en Casa Guerrero, donde hace un año se dio a conocer una inversión sin precedente del gobierno federal en el estado de 67 mil millones de pesos, tras el paso de la tormenta Manuel.
Ortega Martínez, no logró en su primera semana de gobernador la reunión con los familiares de los normalistas desaparecidos, pese a que en su toma de protesta asumió que sería su prioridad la búsqueda de los estudiantes. En tanto, la CETEG ha mostrado su rechazo y desconfianza al mandatario interino. Este miércoles 5 de noviembre, la cúpula de la UAGro, académicos y estudiantes comenzaron paro de labores por 72 horas para exigir la aparición con vida de los normalistas, que más bien, parece una estrategia de respaldo al nuevo inquilino de Casa Guerrero.
Con esta protesta de 72 horas, la UAGro que se ha mantenido con cautela de los hechos en Iguala, se sumó al paro nacional convocado por el Instituto Politécnico Nacional, la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad Metropolitana de Xochimilco, y la Universidad de la Ciudad de México que iniciaron este miércoles 5, y culminará este viernes 7 de noviembre. También participan otras universidades del país.
Al cierre de esta edición se mantenían tomados por parte de maestros de la Coordinadora Estatal de los Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), 22 palacios municipales para exigir la presentación con vida de los 43 estudiantes desaparecidos de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, así como castigo a los responsables de la matanza de Iguala. Se trata de los ayuntamientos de Acapulco, Chilpancingo, Zihuatanejo, Tecpan, Iguala, Juan R. Escudero (Tierra Colorada), Metlatónoc, Alpoyeca, Copanatoyac, Huamuxtitlán, San Luis Acatlán, Tlapa, Chilapa, Tixtla, Xalpatláhuac, Xochihuehuetlán, Cualac, Olinalá, Ayutla, Mártir de Cuilapan, Atoyac y Malinaltepec, permanecen tomados como parte del acuerdo de la Asamblea Nacional Popular. En la capital mantienen cerradas las instalaciones del Palacio Municipal, sin permitir labores normales.

“No busquen a nuestros hijos en fosas clandestinas”, exigen padres

El pasado 31 de octubre, al cumplirse 35 días de la desaparición de los normalistas, estudiantes, maestros, y campesinos de diversas organizaciones sociales que sumaron un contingente de 10 mil ciudadanos marcharon de la base naval al palacio municipal porteño, que mantiene retenido la CETEG. Al esclarecimiento del caso Ayotzinapa se sumaron la exigencia de la libertad de los presos políticos, como la comandante de la Policía Comunitaria de Olinalá, Nestora Salgado, y del vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a La Parota (CECOP), Marco Antonio Suástegui Muñoz.
Ahí, Felipe Parra, padre de uno de los normalistas desaparecidos exigió al gobierno que no busquen a sus hijos en fosas clandestinas porque están vivos. Otro de los normalistas, señaló que la desaparición fue ordenada por el gobierno, y exigió que sus compañeros sean entregados, de lo contrario, “seguirá la lucha”. La manifestación pacífica ocupó un carril de la avenida Costera, y se registraron incidentes menores. Durante la marcha, los contingentes corearon consignas, tales como “Ayotzi vive, la lucha sigue”, “Vivos se los llevaron, vivos los queremos”, “Por qué por qué los asesinan si son la esperanza de América Latina”. En una manta se leía: “Que mi dolor no te sea indiferente”, y en otra: “Gobierno asesino”.
Al cierre, seguía roto el diálogo entre los familiares de los normalistas desaparecidos, y el gobierno federal, y estatal, con quienes pactaron la conformación de un grupo interinstitucional con la participación de los afectados para dar seguimiento puntual a las investigaciones que lleven a dar con el paradero de los estudiantes, en tanto, seguían las movilizaciones a nivel nacional, sobre todo en la ciudad de México, donde miles marcharon al Zócalo para exigir la salida de Peña Nieto de la presidencia.