Siguen sin aparecer los 43 normalistas

De la barbarie al caos…

REDACCIÓN
Mientras el clamor popular se extiende a todo el país para exigir la presentación con vida de los 43 normalistas que siguen sin ser encontrados a casi un mes de su desaparición por parte de policías municipales de Iguala y Cocula, el gobernador Ángel Aguirre Rivero se aferra a mantenerse en el cargo y maniobra para lograrlo, luego de que “su amigo” el presidente Enrique Peña Nieto marcara distancia; y de último momento, el Consejo Nacional del PRD, descartó con el respaldo de la Nueva Izquierda (NI), y de sus aliados, pedir al mandatario asumir su responsabilidad por la matanza en Iguala, y por tanto, solicitar su separación del cargo.
El caso de la matanza de Iguala ha conmocionado no solamente al país entero sino al mundo, poniendo en jaque la credibilidad de México en materia de derechos humanos, y el estado en los últimos días entró a una fase de ingobernabilidad con protestas todos los días por parte de normalistas de Ayozinapa y familiares de los 43 alumnos desaparecidos que exigen su presentación con vida, a las que se han sumado el magisterio disidente, organizaciones sociales y ciudadanos indignados que este viernes 17, realizaron una multitudinaria marcha en Acapulco, pero además hubo manifestaciones de solidaridad en Iguala, Tlapa, Chilapa, Altamirano, Huamuxtitlan, Ometepec, La Unión, Tierra Colorada y en Ayutla.
“Vivos se los llevaron, vivos los queremos”, ha sido la consigna más pronunciada en las jornadas de protestas que se han realizado en distintas ciudades del estado y del país desde que ocurrió la matanza en Iguala, y la desaparición de 43 normalistas, la noche del 26, madrugada del 27 de septiembre, y que por igual, marcó la mega marcha realizada este viernes 17 en el puerto promovida por el Movimiento Popular Nacional, misma que se desarrolló en un ambiente de tensión, luego de que autoridades estatales y municipales difundieron el rumor de que los manifestantes causarían destrozos, como había ocurrido en Chilpancingo, el pasado lunes 13, cuando tras ser agredidos por policías, normalistas incendiaron el edificio Tierra Caliente del Palacio de Gobierno, en tanto, maestros cetegistas hicieron lo propio en el Palacio Municipal capitalino. Contra el pronóstico oficial, la manifestación se realizó sin incidentes.
Un día antes de la mega marcha en el puerto, -el jueves 16-, el presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRD, Carlos Navarrete Ruiz, tras reunirse con los senadores de ese partido, apremió al gobernador Aguirre a tomar una decisión a la mayor brevedad sobre su permanencia en el cargo; “espero que el gobernador esté valorando y evaluando hora a hora y día a día la situación por la que atraviesa el Ejecutivo en Guerrero, y que esté dispuesto a tomar decisiones pronto”, emplazó
“El gobernador Ángel Aguirre tiene la obligación política con la ciudadanía de Guerrero, con quienes lo eligieron, de estar evaluando permanentemente la situación por la que atraviesa su gobierno”, agregó Navarrete, quien días antes había brindado su respaldo al costachiquense, y en una primera acción que realizó al asumir el liderazgo de ese partido fue encabezar un acto en Iguala, donde pidió perdón a los guerrerenses por la postulación del ahora prófugo ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca, como candidato a la alcaldía en 2012.
Al cierre de esta edición, el Consejo Nacional del PRD este sábado 18, por mayoría votó en contra de reconocer la responsabilidad política del gobernador Aguirre en los hechos violentos ocurridos en Iguala, en los cuáles, murieron seis personas, de los cuáles tres eran normalistas, y otros 43 desparecieron; la coalición de izquierda, encabezada por los senadores Miguel Barbosa, y Alejandro Encinas, planteó la necesidad de que el partido se pronunciara sobre dicha responsabilidad, sin embargo, el bloque mayoritario encabezado por Nueva Izquierda (NI), conocido como Los Chuchos rechazó hacer un añadido al resolutivo propuesto por Navarrete.
El propio gobernador ante diputados de la comisión nombrada en San Lázaro para la investigación del caso Iguala declaró que ha presentado su renuncia al PRD y demás partidos que lo postularon a la gubernatura, y si deciden que se va, “me voy”, aunque por igual expresó que no cree que eso ayude a resolver el caso de la desaparición de los 43 normalistas, esto según trascendió de la reunión que sostuvo Aguirre en privado el miércoles en Acapulco.
Este encuentro se dio dos días después de que la fracción del PAN en el Senado formalizó la solicitud para la desaparición de poderes en Guerrero, misma que será discutida este lunes 20, y está respaldada por empresarios guerrerenses; el ejecutivo negó exista ingobernabilidad y afirmó que los poderes están funcionando adecuadamente, incluso que prevalece el estado de derecho en la entidad, y advirtió que serán los guerrerenses los que decidirán si se va del cargo.
No obstante, ha crecido la exigencia de su salida del cargo al ser acusado de no actuar y de no proceder en contra del ex alcalde Abarca, pese a los fuertes indicios hechos públicos de sus actos criminales y vínculos con el grupo criminal Guerreros Unidos a partir del asesinato del síndico igualteco, Justino Carbajal Salgado, ocurrido el 8 de marzo de 2013, y de haber sido señalado de haber ejecutado directamente al líder del Frente Unidad Popular, Arturo Hernández Cardona, y a dos dirigentes de esta agrupación, Ángel Román Ramírez, y Rafael Balderas Román, el 30 de mayo de ese mismo año, como consta en reportes periodísticos.
Un día después, el jueves 16, el gobernador dio a conocer que solicitó su renuncia al secretario de Salud, Lázaro Mazón Alonso a efecto de que pueda acudir a las instancias legales correspondientes y pueda explicar sus relaciones que tenga o tenía con el ahora ex alcalde de Iguala prófugo; ese mismo día, Mazón dejo el cargo, y fue invitado a declarar a la PGR sobre la relación existente con Abarca, una vez que se adjudica al ex senador y dos veces alcalde igualteco como el principal impulsor de su carrera política, y de su postulación como candidato en 2012.
El ex titular de Salud, en conferencia de prensa ese día, se defendió al afirmar que no puede responder por los actos que comenten sus amigos o parientes; horas más tarde, en la madrugada del viernes 17, en dos sesiones el Congreso del Estado revocó el mandato de Abarca, y nombró como alcalde interino a Luis Mazón Alonso, suplente del alcalde prófugo; sin embargo, no se presentó al llamado del Cabildo para tomar la protesta como nuevo edil este viernes.
Desde el jueves 16, la PGR obtuvo de un juez federal una orden de aprehensión en contra de Abarca Velázquez, ex alcalde de Iguala, y en contra de quien fuera su jefe de la policía municipal, Felipe Flores Velázquez por delitos relacionados con la delincuencia organizada, ambos son considerados prófugos de la justicia, y se emitió una ficha roja de la Interpol para que proceda a su búsqueda y localización en más de 180 países; en tanto, este mismo día, elementos de la Marina Armada de México realizaron un fuerte operativo de búsqueda del ex edil en Amacuzac, Morelos, municipio ubicado en los límites con Guerrero, donde participaron alrededor de 20 camionetas de la Marina, y siete helicópteros. Ya sin fuero Abarca es buscado por aire, mar y tierra, al ser considerado como pieza central para el esclarecimiento de los trágicos acontecimientos de Iguala.
Ese mismo día, el procurador Jesús Murillo Karam dijo a un programa de radio en la ciudad de México que la federación tiene muy clara la estructura de mando del cártel de Guerreros Unidos, pero están trabajando en las extensiones de esa estructura en sus vínculos con otros grupos, y “algunas autoridades”. En tanto, Peña Nieto que inicialmente endilgó la responsabilidad de los sucesos al gobierno de Guerrero, y después asumió las investigaciones, declaró que la permanencia de Aguirre al frente del estado sería tomada en Guerrero.

Caso Iguala desencadenó crisis social y política

El miércoles 15, los cuatro obispos católicos de Guerrero con el respaldo del nuncio apostólico Christopher Pierre consideraron que a partir de los hechos sucedidos en Iguala se desencadenó una crisis social y política, que demostró que la violencia tiene la capacidad de desestabilización y de ingobernabilidad, siendo una muestra de lo que se vive en la vida cotidiana en los últimos años.
Convocaron a hacer un esfuerzo “mayúsculo” en el saneamiento de las instituciones y dar atención especial a los municipios vulnerables por las amenazas del crimen organizado, según expusieron en un comunicado leído por monseñor Carlos Garfias Merlos, arzobispo de Acapulco en una conferencia de prensa conjunta que dio con Pierre y los obispos de Chilpancingo-Chilapa, Alejo Zavala, y de Ciudad Altamirano, Maximino Martínez Miranda, quien dio a conocer los delincuentes los parado a él y a varios sacerdotes.
El nuncio apostólico Christopher Pierre lamentó las muertes en Guerrero y se solidarizó con los obispos, con los que compartió la opinión de la limpieza de las instituciones ante las infiltraciones por parte del crimen organizado.
Ese mismo día, en las instalaciones de la escuela normal rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, se integró la Asamblea Nacional Popular por 53 organizaciones sociales y estudiantiles del país, y anunció que para exigir la presentación con vida de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala y justicia para seis asesinados, este jueves 16, tomarían los 81 ayuntamientos del estado de manera indefinida, hasta que aparezcan los estudiantes con vida.
También acordaron exigir la destitución y juicio político a Aguirre Rivero, a Abarca Velázquez y a su esposa María de los Ángeles Pineda, y castigo a los responsables de la masacre de seis personas la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre en Iguala.
La asamblea llamó a generar condiciones para la desaparición de poderes en el estado por la omisión y complicidad de las autoridades con el crimen organizado. Pidió a las organizaciones y a la población de todo el país a realizar paros estudiantiles, bloqueos, tomas de casetas, de plazas públicas, cierre de refinerías y a bloquear aeropuertos.
Desde esa mañana, los representantes de 53 organizaciones estatales y nacionales que acudieron al encuentro dieron a conocer las acciones que de manera separada han realizado en cada uno de los estados donde tienen presencia y su posicionamiento ante la matanza de Iguala. El miércoles 15, estudiantes de 64 normales públicas del país, comenzaron el paro de labores de 72 horas en apoyo a la normal rural Raúl Isidro Burgos para que sean presentado con vida los 43 estudiantes detenidos-desaparecidos por policías municipales la noche del 26 de septiembre en Iguala.
En conferencia de prensa en las instalaciones de la Normal de Ayotzinapa, los integrantes de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM) y representantes de normales públicas de Oaxaca, Chiapas, Michoacán, Guerrero y el Estado de México, afirmaron que no permitirán un atentado más en contra de los estudiantes del país por el gobierno.
La vocera de las normales de Michoacán, Azul García señaló que la lucha no es por una plaza de maestro, sino por la presentación con vida de los 43 estudiantes, y asentó que no quieren la destitución del gobernador, sólo a sus compañeros.
Como parte de las protestas para exigir la presentación con vida de sus compañeros, en los días previos a las marchas de este viernes 17, maestros cetegistas mantienen tomados los palacios municipales en Chilpancingo, San Luis Acatlán, Tlapa, Huamuxtitlán y Chilapa, y en el caso de Coyuca de Benítez, desde la noche del miércoles 15, empleados municipales retiraron equipo de cómputo y documentación oficial de la tesorería, y del Palacio Municipal ante el anuncio de que serían tomadas los 81 sedes de los ayuntamientos, y se han mantenido las actividades oficiales normales.
Asimismo, se instaló un plantón de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) que liderea Benigno Guzmán en el quiosco del zócalo de Coyuca en solidaridad con los normalistas de Ayotzinapa.
En tanto, durante esos días se mantuvieron las tomas de las casetas de la autopista del sol de Palo Blanco, antes de llegar a la capital del estado, y La Venta, en la entrada de Acapulco, donde invitan a los ciudadanos a participar en las movilizaciones para exigir la presentación con vida de los normalistas, y los plantones afuera de sucursales bancarias, estaciones de radio, y expendios de comida extranjeros; este jueves 16, llegó un contingente de 600 maestros de la CNTE, y estudiantes de Oaxaca para participar en las protestas de los normalistas en Guerrero.
El amanecer de ese jueves, causó revuelo en Iguala la localización de una narcomanta, donde se acusa que ocho alcaldes de la zona Norte, y el delegado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) en Guerrero, Héctor Vicario Castrejón, presuntamente tienen vínculos con el grupo delictivo Guerreros Unidos. De acuerdo a fuentes oficiales, esa mañana se localizó en la colonia San José, al oriente del municipio una manta con un mensaje dirigido al presidente Enrique Peña Nieto, en la que se señala a los hermanos de Mario Casarrubias Salgado (fundador de Guerreros Unidos) y a la pandilla de Los Peques como los responsables de la masacre y desaparición de los normalistas.

Normalistas fueron quemados vivos: Solalinde

Los 43 normalistas desaparecidos en Iguala están muertos, no hay ninguna esperanza de que aparezcan vivos, incluso algunos fueron quemados vivos, aseguró este viernes 18, el padre Alejandro Solalinde Guerra, fundador del albergue de migrantes Hermanos en el Camino en Oaxaca, en entrevista que dio para la agencia Novosti y el diario austriaco Der Standard de Viena.
“Desde el domingo a la fecha he tenido encuentros con varios encuentros testigos, algunos presenciales, que sufrieron el primero y segundo ataque, estudiantes, pero hay otras fuentes, que no son estudiantes, que nos hablan de otro momento. Hablan de que algunos estaban heridos, y así como estaban heridos, los quemaron vivos, les pusieron diesel. Eso se va a saber, dicen que hasta les pusieron madera. Algunos de ellos estaban vivos, otros muertos”, declaró Solalinde.
Prosiguió diciendo: “La primera información directa la tuve el domingo pasado (12 de octubre). La segunda la tuve ayer (jueves 16) en la ciudad de México. Lo primero que supe es que hay testigos pero tienen miedo de hablar, son testigos de los mismos policías. Siempre hay alguien que tiene conciencia, pero si hablan temen que los vayan a matar”.
El también coordinador de la Pastoral de Movilidad Humana Pacífico Sur del Episcopado Mexicano dijo que desconoce si los jóvenes podrían estar en alguna de las 26 fosas que la Procuraduría General de la República (PGR) y la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) han encontrado en Iguala.
“No lo sabemos. Si están en las fosas el equipo argentino de antropología forense no tiene la tecnología para saberlo, ellos pueden trabajar en condiciones normales, pero es imposible con restos calcinados”, e insistió en que “no hay esperanzas de que estén vivos”.
El Premio Nacional de Derechos Humanos 2012 aseguró que el gobierno mexicano le está dando al caso un manejo político, y no de justicia, y evalúan qué verdad decir para que tenga el menor costo político.

Las protestas

Las protestas que no han cesado desde los hechos en Iguala, arreciaron y subieron de nivel el lunes 13 de octubre, cuando normalistas prendieron fuego al edificio Tierra Caliente del Palacio de Gobierno en Chilpancingo, tras ser agredidos por policías antimotines afuera del inmueble oficial, en tanto, cetegistas protestaron en el Congreso del Estado, donde chocaron con policías estatales e incendiaron parte del palacio municipal de la capital del estado. Estos hechos, fueron la noticia de ocho columnas de todos los medios nacionales al otro día, y dieron la vuelta al mundo.
Mientras el malestar crece, con manifestaciones dentro y fuera del estado. Las oficinas de la SEG en Iguala, Chilpancingo y Acapulco permanecen tomadas por parte de maestros cetegistas.
Al municipio de Iguala, llegaron policías ciudadanos de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), quienes determinaron instalarse de forma indefinida en la plaza pública de Las Tres Garantías de esta ciudad, hasta encontrar a los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos desde la noche del 26 de septiembre.
A las 8:30 de la noche del domingo 12, marcharon de las instalaciones de la preparatoria 32 de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG) a la plaza pública, donde pernoctaron, y desde entonces realizan labores de búsqueda de los estudiantes normalistas desaparecidos. Como resultado de ello, localizaron siete fosas más en el paraje de Monte Hored, de las cuáles, excavaron en cuatro y hallaron restos humanos. El encargado de la búsqueda de los 43 normalistas y coordinador de la UPOEG, Miguel Ángel Jiménez Blanco, dio a conocer que el martes 14, durante los trabajos de excavación en las fosas encontraron una osamenta de una mujer, y que escucharon “lamentos y gritos” de personas a unos 150 metros del punto en el que estaban en la barranca del Tigre, cerca de Pueblo Viejo, y creen se trata de secuestrados por grupos de la delincuencia.
Jiménez denunció la falta de apoyo de las autoridades federales y estatales en la búsqueda de los normalistas en los puntos donde la gente ha dado a conocer la presencia de gente armada o sospechosa, y en donde han encontrado indicios de campamentos donde se cree que los delincuentes tienen a un grupo de gente plagiada y que la mueven de un lugar a otro.
Ese mismo domingo 12, en la capital, empresarios marcharon con ciudadanos y víctimas de la violencia con la consigna “vivos se los llevaron, vivos los queremos” para así exigir la presentación con vida de los 43 normalistas desaparecidos y en respaldo a los estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos atacados por policías municipales a balazos la noche del 26, y la madrugada del 27 de septiembre; los manifestantes exigieron la salida de Aguirre Rivero, y que sea juzgado por el asesinato de seis personas, entre ellos, tres normalistas y la desaparición forzada de 43. La marcha partió de la alameda Granados de Maldonado con rumbo a la plaza cívica Primer Congreso de Anáhuac poco antes del mediodía y concentró a comerciantes, empresarios, estudiantes normalistas, y de la UAG, igual a deportistas, y empleados públicos, jubilados y pensionados.
Ese mismo día, el rector de la UAG, Javier Saldaña Almazán expresó su posición sobre los hechos, y se sumó a la exigencia de que los normalistas sean presentados con vida, así como castigo para los responsables de los ataques sufridos en Iguala por parte de la policía municipal; por igual, dio a conocer que al menos 25 universitarios han sido víctimas de secuestro o asesinato, a consecuencia de la inseguridad que priva en el estado. Al cierre de esta edición, se conoció que universitarios de todo el país alistan protestas en solidaridad con la Normal de Ayotzinapa.