ONG llama a organismos internacionales para que el Estado Mexicano garantice los derechos humanos en Guajes de Ayala
De acuerdo con el organismo no gubernamental los poblaodres han decidido permanecer en sus casas y no aceptar el desplazamiento, por las pocas posibilidades de que el gobierno federal y estatal generen condiciones de seguridad para poder retornar. | Foto: Redes Sociales
El Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón hizo un llamado para que los organismos internacionales, nacionales y no gubernamentales de derechos humanos para que exijan a las diferentes instituciones del Estado Mexicano a garantizar los derechos humanos de toda la población de las zonas que se disputan los diferentes grupos armados, como en el caso de los anexos del ejido de Guajes de Ayala.
En un comunicado, el organismo no gubernamental informó que desde el viernes 4 de junio el gobierno estatal y federal retiraron la Base de Operaciones Mixta ubicada en la localidad de El Pescado, la cual brindaba seguridad a los anexos del ejido de Guajes de Ayala y, a los cuatro días, supuestos miembros de La Familia Michoacana atacaron varias localidades del ejido, los cuales se prolongaron por más de cinco días.
El organismo explicó que todo lo anterior se veía venir como algo lógico, porque quienes “conocemos la forma de actuar del gobierno en consonancia con los grupos de narco-paramilitares, por lo que, al enterarnos de la salida de la Base de Operaciones Mixta de El Pescado, era de esperarse un inminente ataque a las localidades mencionadas”.
Exponen que desde inicios de 2021 advirtieron del enorme riesgo de violencia que se avecinaba y, después de que el pasado 3 de abril fuera asesinado el comisario municipal de la localidad de Las Conchitas, municipio de San Miguel Totolapan, Carlos Marquez Oyorzábal, el 7 de abril sostuvieron una reunión con el subsecretario de Derechos Humanos y Migración, Alejandro Encinas, un alto funcionario de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, personal de la CNDH, donde abordaron el tema de la inseguridad que se vive en municipios como Coyuca de Catalán y San Miguel Totolapán.
Abundan que posteriormente, el 26 de abril acudió una comisión desde la Sierra a la Ciudad de México para dar seguimiento a la petición de que se brindara seguridad a las poblaciones que se encuentran en alto riesgo, y ese mismo día fueron recibidos por la presidenta de la CNDH, María Rosario Piedra Ibarra y después de casi un mes, el 20 de mayo tuvieron una reunión con un alto mando de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para avanzar en la construcción de una ruta integral de pacificación en la zona, por lo que, posteriormente se tuvo una reunión con el director de Semarnat y Profepa para tratar el tema de las irregularidades en el otorgamiento de los permisos para la explotación de la madera.
En ese contexto pidieron su intervención para que la Guardia Nacional y el Ejército para detener la tala clandestina de los bosques por parte de los grupos de narco-paramilitares y que se estableciera la Guardia Nacional en esos lugares para que se garantizara la seguridad de todas y toda la población que siempre quedan en medio del fuego cruzado.
Por eso demandan que se detenga el ecocidio y la ejecución de las concesiones mineras, así mismo que se realice la desarticulación de los diversos grupos delincuenciales y pseudogrupos de policías comunitarias.
Señalan que después de lo ocurrido en localidades del ejido de Guajes de Ayala, ven como de manera reiterada el gobierno federal y estatal minimizan la violencia, tratando de invisibilizarla.
Asimismo, que niegan hechos que mantienen a mujeres, niñas, niños y ancianos hundidos en el terror, provocándoles secuelas psicológicas y psicosociales irreversibles y un rompimiento de del tejido social que podría tardar decenas de años en reconstruirse.
“Y esto nos advierte que la violencia en los diferentes municipios de la región de la Tierra Caliente, crecerá aún más porque en el estado de Guerrero son cientos de miles de hectáreas de maderas preciosas, yacimientos de oro y otros recursos naturales, que son codiciados por inversionistas y grupos de narco-paramilitares que actúan bajo el amparo de los tres niveles de gobierno”, acusan.
Por la anterior, las y los integrantes del Centro Morelos manifestamos que, como defensoras y defensores de derechos humanos, no pueden esperar a que las víctimas pidan su apoyo e interlocución ante la grave violación a los derechos humanos que, “por omisión cometen las autoridades tanto del gobierno municipal, estatal y federal, desde nuestra experiencia lamentamos que varias familias de los diferentes municipios (Coyuca de Catalán y San Miguen Totolapan), pese al riesgo de perder la vida, hayan decidido permanecer en sus casas y no aceptar el desplazamiento, sin duda están informadas del infierno que se vive como desplazados y las pocas posibilidades de que el gobierno federal y estatal generen condiciones de seguridad para poder retornar”.
No dejan de exponer que “a escasos tres meses de que concluya la administración de Héctor Antonio Astudillo Flores, son miles de familias víctimas de desplazamiento forzado interno, cientos de desaparecidos y asesinados y una larga cadena de violaciones a los derechos humanos”.
