Una tensa confrontación se desató este jueves entre productores de limón de la región de Acapulco y autoridades estatales, luego de que los agricultores denunciaran un retraso de ocho meses en la entrega de plantas certificadas, a pesar de haber realizado un pago anticipado de 200 mil pesos desde finales del año pasado.
La disputa, que mantiene a 15 comunidades en vilo, escaló cuando los productores encararon al delegado de gobierno en Acapulco, Osiel Morales Nava, a quien acusaron de darles largas y actuar con dolo.
Jorge Luna Sánchez, presidente de los productores de limón en el estado de Guerrero, señaló que el acuerdo de mediación se estableció entre octubre y noviembre de 2024 bajo la promesa de una entrega inmediata tras el depósito de los recursos.
Según el líder agrario, la demora ha provocado la pérdida de casi un año de crecimiento para los árboles, afectando el ciclo productivo que normalmente inicia a los tres años de la siembra.
Criticó duramente la gestión gubernamental, afirmando que el sector limonero se siente olvidado por los tres niveles de gobierno y acusó a las autoridades de priorizar intereses personales sobre el desarrollo del campo.
Por su parte, el subsecretario de Agricultura, Pável Damián Díaz, rechazó las acusaciones de extorsión y argumentó que el retraso se debe a la búsqueda de planta certificada de alta calidad, conforme a las instrucciones del secretario Alejandro Zepeda Castorena.
El funcionario explicó que el convenio con un vivero ubicado en el estado de Veracruz sufrió contratiempos debido a los frentes fríos, lo que obligó a reprogramar la entrega.
Damián Díaz aseguró que, tras gestiones para acelerar el proceso, los productores recibirán el material vegetativo el próximo martes al mediodía, garantizando que se trata de limón mexicano con estándares fitosanitarios óptimos.
La tensión aumentó cuando Luna Sánchez cuestionó la procedencia de las plantas, señalando que los productores guerrerenses tradicionalmente adquieren insumos en Michoacán, Colima o Oaxaca por la compatibilidad climática, y no en Veracruz.
El dirigente criticó el modelo de «programas extraordinarios» donde se le exige una aportación económica al campesino antes de recibir el apoyo, citando que estas prácticas contradicen las promesas de no lucrar con el sector agrario.
Mientras tanto, el subsecretario justificó el cobro de los 200 mil pesos debido a que la suficiencia presupuestal del estado no alcanza para cubrir la totalidad de las solicitudes, calificando la entrega como un esfuerzo coordinado para fortalecer los huertos locales y un programa que no estaba considerado.
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