La diputada local por Morena, Nilsan Hilario Mendoza manifestó que no está satisfecha con las respuestas de los funcionarios estatales respecto a los planteamientos que les hizo sobre la aplicación de los recursos destinados a la atención de la emergencia sanitaria por el Coronavirsus.
Lamentó que en el formato de la reunión, no se haya destinado un tiempo para las réplicas de los legisladores.

Este viernes se realizó una reunión virtual que sostuvo el gobernador Héctor Astudillo, los secretarios de Finanzas y Administración, Tulio Pérez Calvo y de Salud, Carlos de la Peña Pintos con los diputados del Congreso de Guerrero para conocer las diversas acciones sanitarias, económicas y sociales que se han hecho para atender la pandemia del Covid-19.

Durante la reunión, la también secretaria de la Comisión de Salud, Nilsan Hilario Mendoza criticó que en reiteradas ocasiones, a través de exhortos y oficios, ha solicitado tanto al gobernador como al secretario de Salud, un informe desglosado sobre el recurso aplicado ante la emergencia sanitaria por el Coronavirus, sin que hasta la fecha se tenga respuesta.

La morenista señaló que ha habido denuncias del sector salud, quienes se quejan de la falta de equipo de protección para atender pacientes con Covid-19, por lo que cuestionó ¿qué se ha hecho con el recurso que en tiempo y forma ha enviado el gobierno federal para la emergencia? e incluso con el adelanto de ministraciones.

De igual forma pidió informar cuánto costó el servicio de Call Center y de cuánto fue el pago que el gobierno del estado hizo al Laboratorio donde se enviaron las pruebas rápidas que realiza la Universidad Autónoma de Guerrero para la detección de la enfermedad.

Al secretario de Salud, la morenista pidió que explicara que del recurso que se brinda para atender la pandemia en el estado, cuánto se destina al pago de trabajadores y a cuántos de ellos se les ha renovado su contrato así como las causas por las que algunos trabajadores no han podido renovarlo como es el caso de Vectores, a quienes con el argumento de la emergencia sanitaria, no les dan prioridad a la firma de sus contratos y los mandan a sus casas a descansar, y sólo les otorgan despensas alimentarias y tarjetas sin fondo.

En respuesta, el titular de Salud argumentó que el suministro de equipo de protección personal para el sector salud representó un problema a nivel internacional y nacional, toda vez que hubo una gran demanda haciendo lo necesario para poder obtenerlo y una vez obtenido dijo, la Contraloria del Estado vigiló cada entrega que se hizo en los centros de trabajo.

Sobre los contratos de los trabajadores de Vectores, el funcionario estatal aseguró que están en firma a partir del primero de julio, debido a la gestión del gobernador ante el INSABI.

De igual forma informó que para el programa del combate del Dengue se tiene un recurso de 12 millones de pesos por parte de la Federación.
En tanto, el titular de Sefina respondió que en el caso del Call Center, se hizo una inversión no mayor a los 4 millones de pesos, y el mensaje llegó en repetidas ocasiones a los 3.5 millones de guerrerenses.

Finalmente el gobernador aclaró que las pruebas rápidas de detección de Covid-19 que hace la UAGro, no representaron costo alguno para el gobierno del estado, toda vez que son recursos propios de la Universidad; el gobierno del estado unicamente paga el costo del Laboratorio.

Mientras que en el caso de las despensas del DIF, mencionó que se hicieron llegar a los ayuntamientos, y en el caso de los desayunos calientes que se entregan a las escuelas, en esta ocasión se les hicieron llegar en forma de despensa a los alumnos.

“Ninguna despensa del DIF tuvo destino a transportistas o a algún otro grupo que lo haya solicitado”.

Tras la reunión, la diputada manifestó su inconformidad por la escasa información que otorgaron los funcionarios estatales sobre el manejo de los recursos, con el argumento de que posteriormente se enviarían documentos con el desglose.

Lamentó que el titular de Salud no haya dado respuesta a la atención de los conflictos en los hospitales de Taxco y Ometepec donde los trabajadores están siendo víctimas de represalias por denunciar que no existen protocolos de seguimiento para pacientes de Covid, lo que pone en riesgo la buena atención a dichos pacientes y la salud de los trabajadores.