Las investigaciones para dar con el paradero de personas desaparecidas en el estado de Guerrero continúan en el estancamiento y bajo constantes «simulaciones» por parte de las autoridades, denunció Patricia Renata Ahuejote, integrante del Colectivo Fe y Esperanza de Encontrarlos Guerrero.
Tras la celebración de una mesa de trabajo solicitada por las familias desde principios de año para revisar el estatus de sus expedientes, la activista confirmó que el encuentro concluyó sin un solo acuerdo ni avances tangibles que permitan la localización de sus familiares.
En la reunión se revisó la situación de 14 carpetas de investigación, algunas de ellas catalogadas como de larga data con registros desde los años 2014, 2020, 2021 y 2022. De acuerdo con el testimonio de Retana Ahuejote, las autoridades ofrecen promesas reiteradas de actuación, pero estas no se traducen en diligencias efectivas en los expedientes.
«Desgraciadamente las autoridades siguen en la postura de investigar, pero hacer simulaciones. No vemos plasmado en ningún acto de investigación que nos lleve al paradero de nuestros desaparecidos; no tenemos avances sólidos», declaró.
Trabas judiciales y temor al crimen organizado
Entre las irregularidades expuestas destaca la paralización de una orden de cateo en un predio vinculada a la búsqueda de Rubén Antonio. La representante del colectivo señaló que el Poder Judicial ha retenido la autorización con diversos argumentos procesales.
Por su parte, el Ministerio Público justifica la dilación argumentando la falta de comparecencia de testigos clave en el caso. No obstante, las familias remarcaron que la ciudadanía evita acudir a declarar ante el temor fundado a represalias por parte del crimen organizado, situación que la fiscalía no ha resuelto mediante mecanismos eficaces de protección a testigos.
Faltas en la defensa de las víctimas y agendas saturadas
Aunque la reunión contó con la presencia de personal de la Fiscalía de Desaparecidos de Chilpancingo, la Comisión de Búsqueda de Personas y la Comisión de Derechos Humanos, el colectivo recriminó las deficiencias operativas de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas (CEAV).
Pese a que la legislación establece el derecho de cada víctima a contar con un asesor jurídico, a la sesión únicamente se presentaron dos abogados de la CEAV para atender los 14 casos. Las familias denunciaron que los funcionarios asignados desconocían en su totalidad los expedientes que debían representar.
Respecto al reinicio de las brigadas de búsqueda sobre el terreno, las instituciones manifestaron disposición pero argumentaron no contar con fechas inmediatas en sus calendarios debido a que sus agendas de trabajo se encuentran saturadas.
Ante este panorama, las integrantes del colectivo advirtieron que mantendrán las acciones de protesta y presión pública, al considerar que es el único mecanismo con el que logran mover los expedientes que la fiscalía mantiene empantanados.
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