El exgobernador de Guerrero, Ángel Heladio Aguirre Rivero, fue vinculado a proceso por su probable responsabilidad en el delito de desaparición forzada cometida por servidores públicos, dentro de las investigaciones por los hechos ocurridos en septiembre de 2014 en agravio de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa.
La resolución fue dictada por el juez de control Mario Elizondo Martínez, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en Almoloya de Juárez, Estado de México, tras una audiencia que se extendió durante casi 14 horas. El juzgador determinó que la Fiscalía General de la República presentó indicios suficientes para presumir que el exmandatario estatal participó en el ocultamiento y la destrucción deliberada de evidencias clave para esclarecer el paradero de los jóvenes.
Durante la diligencia, el juez resolvió reclasificar la imputación inicial formulada por el Ministerio Público Federal al tipo penal específico cometido por servidores públicos, ilícito que contempla sanciones que van de los 40 a los 60 años de prisión. Asimismo, desestimó los 31 elementos de prueba presentados por la defensa legal del exgobernador, con los cuales pretendía desligarse de las acusaciones sobre la manipulación de las grabaciones del Palacio de Justicia de Iguala.
Como medida cautelar, la autoridad judicial ratificó la prisión preventiva oficiosa, por lo que Aguirre Rivero permanecerá recluido en el Centro Federal de Readaptación Social número 1, conocido como El Altiplano. El impartidor de justicia fijó un plazo de cuatro meses para el desarrollo de la investigación complementaria, periodo en el cual tanto la representación social como la defensa recabarán nuevos elementos probatorios antes de dar paso a la siguiente etapa procesal.
El abogado defensor Guillermo Barradas sostuvo que durante la audiencia se desahogaron pruebas contundentes que demuestran la ajenidad del exgobernador Aguirre Rivero respecto a la supuesta recepción y orden de destrucción de los videos clave del caso.
De acuerdo con la defensa, quedó acreditado que en el momento en que presuntamente ocurrieron los hechos, el exmandatario estatal se encontraba en una reunión de alto nivel, lo que invalida las imputaciones formuladas en su contra.
Barradas cuestionó los argumentos presentados por la Fiscalía General de la República (FGR), señalando que incurrió en inconsistencias al intentar sustentar la acusación mediante la geolocalización de un dispositivo móvil que no pertenecía a Aguirre Rivero, además de no demostrar que dicho número se encontrara en Chilpancingo en la fecha señalada.
Ante esta situación, la defensa legal confirmó que interpondrá un recurso de apelación contra la vinculación a proceso para buscar revertir la medida y acreditar plenamente la inocencia del exgobernador en las instancias superiores.
La audiencia duró 13 horas y se espera el próximo lunes continúe el juicio. Medios nacionales señalaron que su esposa y algunos familiares esperaban que no se declara la vinculación a proceso por el desahogo de pruebas.
La defensa pidió la prisión domiciliaria ante que el exmandatario padece hipertensión y durante el proceso se desarrolló con él en silla de ruedas.
Afuera del CEFERESO estuvieron 13 padres de los normalistas desaparecidos.
Informa FGR sobre la vinculación a proceso del exgobernador Ángel “N” por el caso Ayotzinapa
La Fiscalía General de la República (FGR) emitió el comunicado 526/26 en el que confirmó la vinculación a proceso del exgobernador de Guerrero, Ángel “N”, por su probable participación en el delito de desaparición forzada de personas.
La dependencia precisó que la imputación se sustenta en la hipótesis de que el exservidor público ocultó información de alta relevancia relacionada con la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos en septiembre de 2014.
De acuerdo con el documento oficial, la resolución judicial derivó de una audiencia inicial que se prolongó por casi 14 horas, en la cual el agente del Ministerio Público de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa debatió los argumentos planteados por la defensa legal del imputado.
La representación social presentó datos de prueba que acreditan que la orden para el ocultamiento de videos grabados en Iguala fue emitida de forma directa, dolosa y deliberada por el entonces mandatario, con la intervención de funcionarios estatales de primer nivel.
Respecto a la estrategia defensiva que buscaba desligar al imputado al argumentar que no se encontraba en el estado de Guerrero durante los hechos, la FGR señaló que la autoridad judicial consideró que dichos planteamientos carecían de objetividad.
El juez de control determinó que las acusaciones formuladas por la representación social eran firmes y categóricas, concluyendo que existen elementos suficientes en esta etapa procesal para acreditar la probabilidad de la conducta delictiva conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales.
Tras dictar el auto de vinculación, el órgano jurisdiccional ratificó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, la cual deberá cumplirse en el CEFERESO Número 1 «Altiplano», y estableció un periodo de cuatro meses para el desarrollo de la investigación complementaria.
La FGR destacó que este resultado se da en el marco de un nuevo modelo de investigación trabajado conjuntamente con la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia (COVAJ), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Agencia de Investigación Criminal (AIC).
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