«Resultados magros» en Guerrero a desapariciones, desplazados, masacres y femicidios: ONG

La directora general del Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, Teodomira Rosales Sierra pidió una serie de demandas al considerar que “los avances son magros” ante los cientos de desapariciones, asesinatos, desplazados, feminicidios, crímenes políticos, masacres y persecución de líderes sociales, entre otras, en Guerrero.

Estas son:

• Que el Congreso del Estado otorgue recursos económicos extraordinarios a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) estatal para que se homologuen los apoyos al nivel federal.

• Que la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, cuente con la autonomía necesaria, los recursos humanos, económicos, tecnológicos y materiales tal y como lo marca la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares.

• Que los Ministerios Públicos, peritos, antropólogos, policías y todo el personal participe para la solución de los casos de desaparición, reciban la capacitación necesaria tanto técnica como humana para poder interactuar y tomar acuerdos consensados con las víctimas.

• Que se concluya el registro nacional sobre personas desaparecidas, así como con la de un banco nacional de datos de ADN.

• Que se concluya con la identificación de todos los cuerpos y restos que se encuentran en los Servicio Médico Forense de Iguala, Acapulco y Chilpancingo, especialmente los cerca de 40 restos provenientes de la región de Chilapa.

Rosales Sierra indicó que la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, que forma parte del Sistema Nacional de Búsquedas y tiene por objeto impulsar, ejecutar, coordinar y dar seguimiento a las acciones de búsqueda, localización e identificación de personas desaparecidas y no localizadas en el estado de Guerrero, funciona a cuenta gotas y por presiones de los colectivos.

Asimismo, que “los avances son magros”, a pesar de que la Comisión cuenta con el apoyo de instancias como: la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, el Consejo Estatal Ciudadano, la Fiscalía Especializada en Materia de Desaparición Forzada y Búsqueda de Personas Desaparecidas de la Fiscalía General del Estado, de las instituciones policiales, de procuración de justicia, del sistema penitenciario y otras del Consejo Estatal de Seguridad Pública, encargadas o que realicen funciones de seguridad pública en órdenes estatal y municipales, de la Ley para Prevenir y Sancionar la Desaparición Forzada de Personas en el Estado de Guerrero número 569, en la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no Localizadas, información de los registros de Personas Desaparecidas y no localizadas del Estado de Guerrero que forma parte del Registro Nacional y en la Secretaría General de Gobierno.

En una misiva que compartió a medios de información la defensora de derechos humanos, explicó que en materia de desplazamiento forzado interno cuentan con la Ley 487 para la Prevención y Atención de Desplazamiento Interno, con la Subdirección de Seguimiento y Control de Derechos Humanos, que depende de la Secretaría General de Gobierno, y que “supuestamente atiende a las familias desplazadas”.

“A pesar del gran número de instancias, hasta ahora no conocemos ni un solo caso donde por iniciativa o estrategia la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas haya realizado búsquedas en vida o sin vida, solo han sido los propios colectivos quienes han tenido que organizar y realizar las búsquedas, teniendo que solicitar el apoyo a la PGR y otras oficinas. Los familiares reúnen la información necesaria, ubican los lugares donde probablemente haya fosas clandestinas, se encargan de la excavación y las autoridades solo procesan la información”, indicó.

Señala que tampoco la Fiscalía General de Justicia ni la Fiscalía Especializada en Materia de Desaparición Forzada y Búsqueda de Personas Desaparecidas avanzan en las investigaciones legales en contra de los responsables de las desapariciones.

Y que, en cuanto al apoyo humanitario, se cuenta con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, tanto Federal como Estatal y, en el caso de la CEAV estatal, “es una verdadera burla”, según afirman las víctimas, mientras que la CEAV Federal otorga más de 4 mil 600 pesos mensuales de apoyo para la alimentación, la de Guerrero solo aporta dos mil pesos y para ello se tuvo que tomar sus instalaciones en Chilpancingo para que se otorgará esa cantidad.

Por eso señala que como conclusión, desde el Centro Morelos consideran que es necesario un planteamiento analizado y consensuado entre los diferentes actores, víctimas-colectivos, organismos civiles de derechos humanos que acompañan y la Iglesia, así como profesionistas de todas las áreas del conocimiento, pues no están para seguir creando instancias que no resuelven, sino que se necesita una nueva propuesta, algo extraordinario que garantice un organismo autónomo, con recursos humanos, materiales y económicos y con un mandato claro controlado desde la sociedad civil.

En Guerrero, “no hacen nada”

Rosales Sierra no dejó de señalar que las autoridades del Estado “se distinguen por no hacer nada, al contrario, entran al juego del negocio turbio, sin que les importe a cientos de miles de víctimas”.

“En materia de derechos humanos estamos por los suelos, pues las propuestas de crear nuevas instituciones nos llevan al mismo resultado: si no hay voluntad política para resolver los más básicos derechos o ayuda humanitaria a las víctimas directas e indirectas de desaparición y desplazamiento, menos van a solucionar temas de acceso a la verdad y justicia para las víctimas”, dice.

Sugiere que, ante lo expuesto, primero, se tendría que echar una ojeada muy objetiva a la serie de instituciones y leyes creadas para, supuestamente, atender de manera integral las necesidades de quienes han padecido violencia.

“El Estado ha permitido, en muchos de los casos, propiciado con los grupos narco paramilitares y la Guardia Nacional, la militarización en las regiones más golpeadas por la pobreza”, menciona.

“La delincuencia organizada y las fuerzas armadas, forman el binomio perfecto para que los gobiernos ejerzan el control social e impongan los megaproyectos, las concesiones mineras y la explotación irracional de los recursos naturales”, indica.

Y apunta que, pareciera que las instituciones se vuelven obsoletas ante todos los esfuerzos y logros conseguidos gracias al esfuerzo y riesgo de los organismos civiles de derechos humanos, colectivos de familiares y víctimas.