Agencias
Chilpancingo.- La alianza de facto que mantienen las bancas del PRI y el PRD en el Congreso del Estado bloqueó un punto de acuerdo de MORENA con el que se busca que el presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Alberto López Célis explique al parlamento las condiciones en las que fueron otorgadas plazas a jueces de Control y de Ejecución Penal.
El llamado busca que el presidente del tribunal explique el proceso mediante el que fueron otorgadas las plazas. El Poder Judicial de Guerrero ha sido ampliamente señalado por casos de nepotismo y corrupción, así como ser un ente con alto grado de opacidad.
El exhorto permanece en la Comisión de Justicia para su análisis, luego de ser votado en contra como urgente por las fracciones de oposición en la sesión del martes, junto a otros cinco propuestos por la bancada mayoritaria.
Con esta maniobra los aliados verdes y amarillos buscan que el tema de congele en la comisión que preside el priista, Omar Jalil Flores Majul.
De acuerdo con lo expuesto, los jueces de Control y Ejecución Penal no cumplen con los requisitos de elegibilidad pues no cuentan con carrera judicial.
“Es decir, el máximo órgano de justicia en la entidad, quien debe ser el primero en observar y respetar la Ley, el primero en conducirse en estricto derecho, tendiente a no generar o propiciar en los más mínimo la corrupción, deliberadamente convocó a personal que no forma parte de la carrera Judicial, en franca violación a la carrera judicial, toda vez que la mayoría de los ganadores son encargados de causas y asistentes jurídicos”, dice el exhorto
Otro de los puntos que consideran irregulares fue que en la convocatoria, emitida el 8 de enero de 2019, se ofrecen espacios para hasta 12 juezas o jueces de Control y hasta ocho jueces o juezas de Ejecución, sin embargo no se cubrieron todos esos puestos sin explicación, pues el 15 y 20 de marzo se publicaron los resultados de los 13 los candidatos ganadores, nueve de Control y cuatro de Ejecución Penal.
En el documento se da lista de los siete nombramientos de las juezas y jueces de control y sus presuntas relaciones. En éstas figura Víctor Hugo Nava García, hijo del magistrado Félix Nava Solís; Yolanda Mora Silva, proyectista del mismo magistrado y “protegida” del magistrado Paulino Jaimes Bernardino. Asimismo, Reyner David Ramírez, a quien se señala como proyectista del consejero Francisco Espinoza Grado, y Francisco Michel Espinoza Larios, hijo del mismo consejero.
En la quinta posición está Luis Jesús Hernández, sobrino político del secretario general de acuerdos del Tribunal, Juan Sánchez Lucas; Evelyn Ramírez Venegas “protegida” del magistrado Víctor Arellano Justo; Mario Hernández, a quien señalan como protegido del asesor de la presidencia del Tribunal, Adrián Vega Cornejo. También Verónica Roldán, quien era auxiliar de la magistrada Noma Leticia Méndez Abarca, y Erick Serrano Aguirre, proyectista del magistrado Alfonso Vélez Cabrera. En cuanto a los jueces y jueza de Ejecución se señala a Cecilia Croman Flores, quien es esposa del juez Bartolo Currichi Meza, y a María Teresa Sánchez Romero, quien es sobrina del secretario general de Acuerdos Juan Sánchez y esposa del juez de Control Luis Jesús Hernández. También a Génesis Hernández Rodríguez, esposa del magistrado Raúl Calvo Sánchez, y Flaviano Alfaro Fierros, quien era secretario general de acuerdos del Tribunal.
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