Por Jorge Nava
A la plataforma Change.org llegó una petición para pedir la libertad “inmediata” de la activista amuzga originaria de Xohistlahuaca, Guerrero, Kenia Hernández Montalván.
Detenida el pasado 18 de octubre de 2020, en el municipio de Amozoc, Puebla, por la Policía Ministerial adscrita a la Fiscalía General del Estado de México, en cumplimiento de una orden de aprehensión fechada el 3 de agosto de 2020.
La también coordinadora del Colectivo Zapata Vive fue trasladada el 25 de octubre al Centro de Reinserción Social de Las Cruces en Acapulco.
De su caso, de acuerdo con una declaración dada a conocer por El Financiero, el abogado de Kenia, Antonio Lara Duque del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, señaló que en ella es evidente una campaña de criminalización y señalamientos, la cual, según él, es impulsada por empresas concesionarias y gobiernos, que quieren mantenerla en prisión.
Kenia había sido detenida antes, el pasado 6 de junio de 2020, junto con tres adolescentes que la acompañaban en la caseta de cobro de la carretera Toluca-Valle de Bravo, bajo el cargo de robo con violencia; por su caso la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) exigió en el momento a la Procuraduría de Justicia del Estado de México que respetaran el debido proceso en la detención, y el 11 de junio fue puesta en libertad.
El 27 de septiembre salió de Guerrero protegida por el Mecanismo Federal para Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos, por amenazas en su contra y se dijo perseguida política por la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG).
En la segunda detención, una jueza de Control del Estado de México resolvió que Kenía seguiría su proceso de libertad después de la segunda detención, pero fue detenida por otra orden de aprehensión de carácter federal.
Lara Duque precisó que un juez de distrito especializado en el sistema acusatorio de Guerrero, José Miguel López Rodríguez, giró una orden de captura en contra de Kenia bajo la causa penal 322/2020 por el presunto delito de ataques a las vías de comunicación.
El 10 de diciembre, la CNDH exigió a las autoridades procuradoras de justicia mexiquense que respetaran y garantizaran el debido proceso en el caso.
El 14 de enero de 2021, la defensora fue notificada por la Fiscalía General de la República (FGR) que finalizó la acusación en su contra el delito de ataques a las vías de comunicación, según el Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, pero otra vez la FGR solicitó al juzgado Especializado en Sistema Penal Federal de Acapulco, sentenciar a Kenia a cinco años y cinco meses de prisión por protestar en la caseta de cobro de La Venta-Acapulco.
El organismo no gubernamental criticó que la acusación contra Kenia por parte de la FGR sucedió el mismo día que la misma exoneró al general Salvador Cienfuegos.
Sobre la petición en Change.org, hasta ahora ha logrado mil firmas y los promoventes señalan que Hernández Montalván está “encarcelada injustamente en un proceso legal amañado, en el que la luchadora social es considera por el Estado Mexicano una reclusa de alta peligrosidad, siendo víctima de tortura psicológica y graves violaciones a Derechos Humanos; su caso se encuentra en el olvido y a punto de ocurrir una tragedia por los 59 días de huelga de hambre”.
Citan, que en propias palabras de Kenia señala “estoy dispuesta a mantener la huelga hasta sus últimas consecuencias, incluso morir y que el Estado Mexicano quede en evidencia como asesino de personas defensoras, no tendrán sumisión, así lo pague con mi vida”.
Exponen que Kenia Hernández es una defensora de los Derechos Humanos, feminista, activista indígena Ñomndaa, quien ha sido perseguida por el Estado y empresas capitalistas, así como grupos armados por su defensa a los derechos de las comunidades indígenas.
Puntualizan que se le acusa de manifestarse y atacar a las vías generales de comunicación aun cuando esas protestas fueron colectivas para presionar a las autoridades a respetar los derechos humanos de los indígenas, pero ella es la única imputada.
Critican que los funcionarios de Caminos y Puentes Federales (Capufe), se niegan a negociar su libertad, aun cuando en la normatividad, hay la posibilidad de proponer mecanismos alternativos para la resolución del daño al no considerarse como delito de alto impacto, “y aunque no existen condiciones discrminatorios para ejercerlo, pareciera que ser de origen indígena y activista por los derechos humanos de los pueblos originarios, no agrada a muchos, pues prefieren exponerla como un castigo ejemplar para evitar futuras manifestaciones de otras y otros luchadores sociales”.
Exigen al Estado Mexicano que:
- Se le garantice su salud e integridad a la defensora Kenia Inés Hernández Montalván
- Que se le valore sus procesos penales de forma imparcial y apegada a derecho u en consecuencia se le declare inocente
- Se le traslade al Juzgado del Centro de Prevención y Readaptación Social Santiaguito, para que se le garantice el derecho al debido proceso y acceso a la justicia
- Se le garantice su presencia en las audiencias puesto que el internet en el penal es inoperante
- Que se le garantice su presencia en las audiencias puesto que el internet en el penal es inoperante
- Que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y Capufe ejerzan el principio de la justicia restaurativa con el fin de que acepten los medios alternos de solución de controversias para resolver la situación de Kenia
- No más criminalización a las protestas y a las defensoras de los derechos humanos
Llaman al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, al subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas Rodríguez; Poder Judicial del Estado de México; a la CNDH y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que en lo inmediato sea revisado el caso de Kenia y pueda acceder a la justicia.
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