Nuevos municipios

Políticamente Incorrecto

Roberto Camps

Es difícil y complejo el proceso de integración de los ayuntamientos instituyentes de los nuevos municipios de Las Vigas, San Nicolás, (con mayoría de población afro) y Ñuu Savi y Santa Cruz del Rincón, con población indígena.

En primer lugar, deben cumplir con el mandato de paridad de género, de tal suerte que dos de ellos deberán ser encabezados por mujeres, de igual forma en la integración de las sindicaturas y las seis regidurías que les corresponden, al tener menos de 25 mil habitantes.

El decreto por el que se aprueba la adición de los nuevos municipios fue publicado en el Periódico Oficial el pasado 20 de mayo, tras lo cual corren 120 días para la integración de los ayuntamientos. Esto es, el plazo vence el próximo 3 de diciembre.

Los relevos al interior del grupo parlamentario de Morena (que devino en el relevo de su coordinador), impulsaron a la nueva coordinadora Yoloczin Domínguez a trabajar a marchas forzadas, construir acuerdos, y dar salida al rezago que existía.

Esto de alguna manera quitó del foco de atención, en el hecho de que corrían lo tiempos para nombrar a las nuevas comunas, y de contar con cuatro meses para hacerlo, hoy les quedan menos de 40 días.

Y si todo se limitara a la designación, no habría problema, pues a través de los partidos políticos, o tomar las propuestas que han presentado algunos grupos de ciudadanos, el trámite estaría resuelto.

Pero no es así. En el plazo que les resta, las y los diputados de la 63 Legislatura tienen la obligación a respetar el criterio ha emitido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de acreditar proceso de consulta a los pueblos originarios.

Al respecto existe un antecedente en el estado de Morelos: el 26 de septiembre de 2019, la SCJN invalidó el decreto 2341 por el que se creó el municipio de Tetelcingo, Morelos, considerado como municipio indígena.

El Pleno consideró que en el procedimiento legislativo se violó el derecho humano a una consulta previa, libre e informada a las comunidades indígenas, establecido en el Convenio número 169, de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales. Por lo que ordenó llevar a cabo la respectiva consulta previo a resolver sobre la creación de ese municipio.

Y si recordamos la oposición de organizaciones no gubernamentales y de los propios afectados por la nueva norma jurídica, así como la acuciosa revisión que efectúa la Suprema Corte, luego del proceso de consulta que realizó el Congreso de Guerrero para promulgar la nueva Ley de Seguridad Pública, las dudas surgen.

Apenas el jueves pasado los legisladores aprobaron los criterios que habrán de considerarse en la designación de los integrantes de los ayuntamientos Instituyentes.

El mecanismo que propuso la Comisión de Asuntos Políticos y Gobernación para elegir a los integrantes de cada ayuntamiento, se basará en las propuestas avaladas por las asambleas, de cuando menos las dos terceras partes de las localidades que conforman los nuevos municipios, así como las evidencias que acrediten esa decisión: gráficas, audios y videos.

Los tiempos se les van, en un periodo donde se tienen que aprobar las leyes de ingresos del estado y lo municipios, realizar el análisis y adecuaciones al Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2023 (¿destinarán recursos a la Octava Región?, ¿agregarán a los 4 nuevos ayuntamientos al Anexo 6-A, donde no aparecen pese a que desde mayo se decretó su creación?).

Así como concluir la consulta en curso a los pueblos originarios sobre el tema educativo, y desahogar las comparecencias del gabinete estatal.

Se ve complicado, por eso hay el propósito de que incremente la frecuencia las sesionen, no sólo los martes y jueves.

¿Podrá la 63 Legislatura librar con éxito la designación de los ayuntamientos instituyentes, con participación de la ciudadanía, logrando que se pongan de acuerdo en las asambleas municipales, en una sola fórmula?

Esperemos que sí.