La indígena Me’phaa Inés Fernández pide sentencia de 30 años contra militar imputado de violarla
Este lunes se llevó a cabo la última diligencia en el fuero civil por el caso de Inés Fernández Ortega, una mujer indígena perteneciente a la comunidad indígena Me’phaa en Guerrero, quien pide una pena de 30 años contra un militar inculpado de «tortura sexual» en su contra.
En la sede del juzgado Segundo de Distrito, en Acapulco, al concluir la diligencia que duró unos 45 minutos y donde policías estatales acosaron a reporteras y reporteros por pretender tomar las declaraciones del caso en un pasillo externo del edificio jurisdiccional, Rogelio Teliz García, abogado del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan y asesor jurídico de Inés Fernández y Fortunato Prisciliano Sierra, esposa de esta, informó que se celebró una audiencia importante en un proceso penal que inició en 2013.
Recordó que hace 20 años, Inés Fernández Ortega, mujer indígena del municipio de Ayutla fue víctima de tortura sexual por parte del Ejército Mexicano en un contexto de criminalizar y desaparecer a las organizaciones y pisotear los derechos de las mujeres.
Dijo que Inés desde ese entonces denunció ante los tribunales de México, del estado de Guerrero, pero que fue llamada chismosa, mentirosa, sin que le creyeran, e incluso que la hostigaron por parte del Ejército, quién la amenazó para que se desistiera de la acusación, sin embargo que con fuerza y carácter continúo exigiendo justicia con organizaciones y denunció los hechos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Agregó que la Corte fue el único tribunal que escuchó a Inés, que creyó en su declaración y revisó las pruebas que aportó y condenó al Estado Mexicano el 30 de agosto de 2010, así como a la reparación y que los militares fueran a la cárcel y fueran juzgados en el fuero civil.Dijo que a partir de 2010 empezó el proceso de acusación y se liberaron órdenes de aprehensión por los delitos de violación, de tortura y allanamiento de morada y fue el juzgado Segundo de Distrito el que conoció de estos hechos y que a partir de 2013 detuvieron a dos militares, uno Hugo Humberto García de León, el otro Salvador Aguilar Antoñez, pero que este murió hace cinco años «misteriosamente» en la prisión militar en la Ciudad de México.
Abundó que por el caso quedó en prisión Hugo Humberto y por quien se llevó a cabo la audiencia. Destacó que en esta, Inés con carácter, señaló nuevamente al militar como la persona responsable de haber cometido actos incorrectos en su persona.
Mencionó que a partir de este lunes está en manos del Poder Judicial «hacer valer, hacer justicia en contra de una mujer indígena».
Añadió que en 2018, la también mujer indígena Valentina Rosendo Cantú, en un proceso similar en el juzgado Séptimo de Distrito con sede en Chilpancingo, el Tribunal emitió una sentencia condenatoria con 35 años a tres militares por el mismo delito de tortura sexual y que como Toachinollan consideran que se debe tomar el mismo precedente y se tiene que poner un ejemplo claro ante «agresiones que los militares están haciendo hacia las mujeres y hacia las comunidades de pueblos originarios».
Con este último acto procesal, esperan que se puede emitir en 15 días aproximadamente la sentencia, de acuerdo a la ley, pero Teliz García subrayó que para ellos debe ser una resolución condenatoria, de ser así el abogado del inculpado apelará y si vuelven a perder se irían a un juicio de amparo.
Expuso que como primera instancia es lo último, faltan los recursos legales, pero faltan dos instancias dónde el militar podría presentar otros recursos legales.
Confían en el Tribunal emita una sentencia apegada derecho.
«Pido justicia», señala Inés Fernández
En tanto Inés Fernández dijo que acudió al juzgado porque su abogado le dijo que se iba a celebrar una audiencia y lo que pide como víctima es que al soldado se le dicte una sentencia de por lo menos 30 años, pues argumentó que hacerlo sería en favor de todas mujeres, sería darle justicia no solamente a ella como mujer Me’ Phaa, sino también a todas las mujeres indígenas que han sido víctimas de graves violaciones a sus derechos.
Mencionó que en Ayutla hay un centro comunitario que está funcionando precisamente porque ella como mujer indígena, víctima , no quiere que pasen por lo que ella pasa.
Afirmó que han sido muchos años de lucha, hasta el día de hoy se ha celebrado esta audiencia, «por eso yo quiero recalcar que lo que yo pido es justicia, que no solo es para mí, sino para todas las mujeres indígenas».
