Engañó, demandó y ganó: extrabajadora de Capama gana laudo laboral por 100 mdp

Una extrabajadora de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco (Capama), demandó laboralmente al municipio por lo que hoy la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que se le debe pagar 100 millones de pesos, esto llevará a que haya una serie de recortes presupuestales en el próximo trimestre anual.

En la quinta sesión extraordinaria de este miércoles que tuvo lugar en la sala de Cabildos del Ayuntamiento porteño, el secretario general Juan José Ayala Villaseñor fue quien informó al cuerpo edilicio que por un caso de 2009 el Ayuntamiento fue vinculado como partícipe del caso y corresponsable del pago y que al día de hoy el laudo asciende a 100 millones de pesos y acaban de ser notificarlos de una promoción de inejecución de la sentencia por parte de la parte persecutora.

La alcaldesa Abelina López Rodríguez explicó que “eso tiene años, no tengo datos con precisión”, pero dijo que “sé de manera pues que se le hizo un favor a una persona porque iba al extranjero, según tenía dinero y no podía probar su solvencia y le hicieron el favor para que ganara dos mil 500 diarios y con ello probar su solvencia y poderle dar la visa, de un favor se convirtió en una demanda, que son de las cosas que no se tiene moralidad, no sé de qué estén hechos, se ve que no aman a Acapulco”.

Aclaró que este caso no tiene nada que ver con ella, “esto tiene años y obviamente así hay temas que yo digo, solo no pasa con el contubernio del Gobierno”.

Ayala Villaseñor informó en Cabildo que hay el antecedente de un caso similar en el que incluso la Corte resolvió destituir a un presidente municipal, a su Cabildo y el arresto del director general de la Capama.

Abundó que cuando llegó el momento de que el Tribunal emitiera la inhabilitación del presidente y su cabildo, éste ya había terminado su administración.

Precisó que esto fue al Cabildo 2015-2018 (de Evodio Velázquez Aguirre), y una vez que terminó el trienio, se dictó una orden de arresto al director general de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco, “por eso tenemos que cuando este caso llegue a la sala administrativa de la Suprema Corte podamos correr una suerte similar respecto a una orden de pago que en ese momento sería de 100 millones de pesos o la amenaza de destitución del Cabildo en su totalidad del Ayuntamiento por inejecución del pago”.

Advirtió que en los próximo tres meses, el caso será atendido por una sala de la Suprema Corte de Justicia y enfrentarán posiblemente la sentencia de pago completo de este laudo, que los obligaría a una sesión de la Comisión de Hacienda para ver planes de reducción de gastos para obtener los 100 millones de pesos de todos los lugares posibles del Gobierno municipal.

Detalló que en días próximos culminará en la Secretaría de Finanzas un estudio actuarial el cual les señalará cuál es la capacidad máxima del Ayuntamiento para abordar el caso, de antemano advirtió que habrá “muchos recortes presupuestales en este trimestre para poder darle a la Corte evidencia de voluntad de pago, que si son suficientes detengan una orden de pago completa de la Corte y del Tribunal Colegiado”.

En cuanto reciban el estudio actuarial, adelantó, convocarán de emergencia al Consejo Administración de la Capama y al Cabildo para informarles de la capacidad de pago.

Enfatizó que el estudio actuarial es externo y que lo hacen para decirle a la Corte que no son ellos los que están diciendo cuánto pueden pagar si no que es un estudio serio hecho desde el exterior, por lo que Ayala Villaseñor reiteró que en la siguiente semana sesionarán tanto el Consejo Administración de la Capama y la sesión extraordinaria de Cabildo para atender el tema y recortes en muchas áreas de la administración.

López Rodríguez dijo que por este caso y situaciones de reconstrucción del Mercado Central “hoy viene doble austeridad”, donde se tendrán que reducir todos de todo para que todo esto se pueda lograr y aunado al tema de la demanda, “pues quien no aguante el ritmo pues ya sabe el caminito donde tiene que irse, pues aquí no hay”.

Aprueba Cabildo ampliación presupuestal de 630 mdp

Hoy el Cabildo de Acapulco aprobó la ampliación presupuestal de 630 millones de pesos, el cual se destinará en su mayor parte en materia de seguridad, de acuerdo con López Rodríguez.

Explicó que esta ampliación permitió la compra de la Casona de Juárez, los apoyos económicos a los afectados del Mercado Central, entre otros programas sociales municipales.

“Nuestros ingresos aumentaron. Esto nos permitió tener un presupuesto de más de 4 mil 600 millones de pesos; para finalizar nuestra administración cerraremos con más de 5 millones de pesos”, adelantó.

Como tres regidores se abstuvieron de aprobar la ampliación, opinó que respetaba su postura porque es su papel, pero afirmó que pueden estar seguros que todo es tan transparente y no haya duda, ejemplificó que ahí estaba la Casona de Juárez, misma que se compró.

Detalló que hay veces que el dinero que se maneja es virtual, no existe, “tú proyectas como el caso de decir a ver, vamos a casarnos 4 mil 300 millones de pesos, llegan momentos como decía el tema de laudos, no lo tengo en ese momento, el dinero, lo tengo que tomar de otra partida para poder hacerle frente y después se regresa”.

Declaró que el tema de laudos, en mucho de los casos tiene que ver con presiones fuertes, pero siempre ha cuidado en el Cabildo de una destitución, pero ahí “les viene una grandota, ahí no van a ser cinco mil, ahí van a ser 100 mil, así que vienen recortes de donde se pueda para hacer frente”.

Entrega suministros a CAPTA

En otro tema, respecto a la inversión en la entrega de insumos de primeros auxilios para Centro de Atención y Protección al Turista (CAPTA), informó que fueron del orden de 126 mil pesos, “pero obviamente pues se ve mucho porque pues no se triplica el precio, se compra donde más barato den, para que se vea todo esto y esto va a ayudar a los compañeros de CAPTA”.

Faltan 80 mdp para el Mercado Central de Acapulco

En el caso del Mercado Central, donde ya fue derruida toda la infraestructura, explicó que el compromiso que hizo con ellos, es que los dividió en tres partes a los afectados, las 350 personas de la nave mayor, los del área de las sombrillas y los que están en las jardineras. “¿Qué hicimos entonces? A los de nave mayor, se les hizo provisionalmente su localito para que ellos puedan vender, e inmediatamente empezamos a trabajar el arco techo y se trabaja los locales a 110, pero al mismo tiempo se está trabajando en la Nave Mayor, ya está desmantelado, derribado, todo lo que fue la Nave Mayor, para empezar tenemos 50 millones de pesos para poder empezar y nos faltarían 80 millones para hacerla al 100 por ciento, estoy segura que lo vamos a lograr”.

Que pague quien haya otorgado las licencias al desarrollo de Paquimé

En el caso del Infonavit que presentó una demanda contra quienes autorizaron permisos a la inmobiliaria Paquimé, quien desarrolló la unidad habitacional Cantaluna, dijo que el Infonavit está en lo correcto y lo que demanda es que “cada quien que pague lo que hizo, no es conmigo, no es con esta administración, se habla de como seis licencias, entonces pues que se le dé seguimiento en la carpeta, de manera institucional aportar las pruebas, toda la facilidad, licencias, quién entregó, permisos, estudios habidos y por haber”.

Agregó que va a facilitar todo lo que le pidan.

Respecto a que los afectados de Cantaluna les siguen llegando los recibos de predial cuando no habitan, dijo que ya fue cancelado, pues argumentó que lo menos que haría es cobrar, “lo vamos a ver de manera finita, no podemos cobrar lo que no existe”, subrayó